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A manera de síntesis, debe decirse que el Programa Avellaneda Segura, cuya sigla es PAS, ha quebrado la paz en el municipio. El jefe comunal, el peronista Baldomero Alvarez de Olivera, alienta la formación de una fuerza parapolicial, independiente de la Bonaerense, igual a las que ya funcionan en otros cuatro municipios (ver nota central). El PAS, anunciado oficialmente mediante avisos en los diarios, reunirá a 120 efectivos retirados de las fuerzas de seguridad que están siendo seleccionados por el titular de Seguridad de la Municipalidad de Avellaneda, Tomás Dadic. En los fundamentos se dice que el PAS busca “garantizar la seguridad de todos los vecinos de nuestra ciudad, construyendo una efectiva política de prevención del delito, reforzando el esquema” policial puesto en práctica por el gobierno bonaerense. Pero en Avellaneda, a diferencia de los demás partidos, el PAS desató una guerra en la Legislatura: el diputado Horacio Piemonte, del ARI, denunció que el programa “contradice la ley provincial 12.154 que deja en claro la imposibilidad de delegación de la seguridad pública a los municipios provinciales”. En suma, que es una medida ilegal.
Consultadas por Página/12, respecto del proyecto en Avellaneda, una fuente del Ministerio de Seguridad bonaerense aseguró desconocer sus objetivos, aunque acordó que “se trataría de una medida irregular, como volver a los ‘vigías de la comunidad’ que proponía (Juan Carlos) Rousselot”, ex intendente de Morón, opinión individual que se contrapone con la aprobación de la misma cartera a lo que ya funciona en otros cinco municipios. La propuesta de Rousselot, en el año 1988, fue imitada en 1999 por el intendente de Escobar, Luis Patti, pero en ambos casos generaron rotundos rechazos (ver aparte).
La propuesta del intendente Cacho Alvarez de Olivera está en pleno desarrollo y comenzó el 27 de febrero pasado. Bajo el título “Contratación de Vigiladores Comunitarios”, el proyecto se anunció mediante un aviso publicado en el suplemento zonal del diario Clarín. La Municipalidad hizo el lanzamiento del “Plan Integral de Seguridad Comunitaria: PAS, Plan Avellaneda Segura, cuyo objetivo principal será garantizar la Seguridad de todos los vecinos de nuestra ciudad, construyendo una efectiva política de prevención del delito y reforzando el esquema del Plan Director Provincial de Seguridad de la provincia de Buenos Aires”. El municipio está realizando “una selección de personal de las distintas fuerzas de seguridad que se encuentren en retiro efectivo”.
Los aspirantes deben tener hasta 55 años, estar en situación de retiro (de la Bonaerense o de la Federal), presentar certificado de antecedentes del Registro Nacional de Reincidencias, tener registro de conductor, disponibilidad horario rotativa y tener domicilio en Avellaneda. El subsecretario de Seguridad, Tomás Dadic, dijo a principios de marzo que ya tenía un listado de 120 nombres de policías que cumplirían con “el perfil psicofísico de vigilador que quiere contratar la comuna para ayudar a la Bonaerense a reforzar la seguridad en el partido”.
El diario La Calle, de Avellaneda, en su edición del 5 de abril, agregó como dato que en la selección de los aspirantes iba a prestar colaboración el jefe del Comando de Patrullas Bonaerense de Avellaneda, Fernando Montechiari. Ante la difusión pública de la iniciativa, las concejales de Avellaneda Isabel Rodríguez, del ARI, y Silvia Garófalo, del bloque socialista, plantearon una convocatoria a sesiones extraordinarias del cuerpo legislativo municipal, a fin de tratar el tema. La concejal Rodríguez le dijo a este diario que ya obtuvieron el apoyo de ediles de los bloques Avellaneda para Todos, Justicia y Esperanza y de la Unión Cívica Radical (UCR). Sobre el proyecto, Rodríguez consideró que “es muy preocupante porque es abiertamente contrario a lo que marcan las leyes”. Los concejales Rodríguez, Garófalo, Francisco del Castillo, Silvia Cantero, Emilio Varela y Juan Carlos Cicconi, entre otros, el 8 de marzo le enviaron una nota al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, para alertar sobre la creación de los llamados”vigiladores comunitarios”, acerca de los cuales “no se especifica cuáles serán las tareas que realizarán” y tampoco “los criterios de selección que se están aplicando”. De acuerdo con la información que tienen los concejales, los parapoliciales dependerán “exclusivamente del municipio aunque desempeñarán funciones en conjunto con las comisarías del distrito”. Uno de los puntos más conflictivos es que “si bien el municipio no puede proveer de armas a los nuevos efectivos, al tratarse de personal retirado de las fuerzas de seguridad, podrán portar sus armas personales”. Los concejales dijeron que “se desconoce la función y responsabilidad del personal contratado y se teme a un exceso o abuso de autoridad que termine deformando el accionar de estos vigiladores en actos de violencia que nada tengan que ver con un Plan de Seguridad Comunitaria”. A Duhalde le pidieron un dictamen que ratifique “la normativa legal” vigente y que fije “el acorde respeto por las libertades individuales de los ciudadanos en el marco del estado de derecho”. El pedido tiene carácter de urgente, dado que se supone que la fuerza entrará en funciones el 1º de abril.
El diputado provincial del ARI Horacio Piemonte recordó a este diario que las fuerzas policiales en actividad “han participado en hechos como secuestros, corrupción, gatillo fácil”. Por tal motivo, a los miembros del bloque la idea de los “vigiladores comunitarios” les parece “una medida absolutamente disparatada” porque se convoca a ex policías que andarán armados por las calles de Avellaneda. Piemonte presentó un pedido de informes al ministro de Seguridad, Raúl Rivara, acompañado por sus pares Sebastián Cinquerri, Mario Fabris y Mirta Noematrip.
Cada vigilador cobrará un sueldo mensual de 600 pesos y estará equipado con chaleco antibalas, uniforme azul oscuro “muy similar al de la Policía Bonaerense”, aunque llevará en lugar visible una insignia que dirá “Municipalidad de Avellaneda/Vigilador Comunitario”, según pudo confirmar Página/12 en fuentes allegadas al municipio, aunque fue imposible hablar directamente con el subsecretario Dadic y con el intendente Cacho Alvarez (ver aparte). Unos 90 de los 120 vigiladores conducirán vehículos provistos por el municipio que recorrerán cada una de las 30 cuadrículas en las que está dividido el distrito.
Los vigiladores podrán recibir denuncias a través de un sistema de comunicaciones al que tendrán acceso los vecinos y cumplirán funciones durante las 24 horas. Uno de los aspectos más controvertidos es que se supone –ya que sobre el punto no hay información oficial– que “no estarán obligados a intervenir en la represión, salvo que ellos estimen que es absolutamente necesario”.