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“¿Qué hace una persona cuando enfrenta el desafío de una grave enfermedad? Reclama los mejores médicos”, pregunta y se contesta Mariano Grondona en su columna dominical en La Nación. Lo hace para reclamar, con el mismo sentido común, que debería recurrirse a un especialista para enfrentar el tema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Lo curioso es lo que Grondona entiende por especialistas: “Los que de veras saben de eso son nada menos que policías y militares”. Curioso porque Grondona es un hombre que presume de informado y seguramente ha leído algún tratado sobre la especialidad de los militares: la defensa nacional contra las agresiones externas. Así figura en los libros, así lo determina la Constitución y así lo establecen las leyes.
En el caso de que ni los libros ni la Constitución ni las leyes le parezcan pertinentes, seguro tomó conocimiento de una pequeña pero ilustrativa anécdota protagonizada en los últimos días por el jefe de la Marina. Cuando se decidió realizar el acto de fundación del Museo de la Memoria en la ESMA, el almirante Jorge Godoy envió una carta al secretario de Seguridad para solicitarle que la custodia del acto no quedara en manos de su fuerza. “Ya se sabe que por nuestra formación somos letales en nuestras acciones”, resumió para dejar claro que los militares están entrenados para la guerra (o sea para matar o morir) y no para mantener la seguridad interior.
Más curiosa aun resulta la propuesta de Grondona si se recuerda que ya fue puesta en práctica. Un militar, nada menos que un general, se hizo cargo de la Bonaerense en abril de 1976. Logró la continuidad que pocos habían tenido y, en un trabajo de años, dejó plasmada lo que años después se denominaría “Maldita Policía”. El general era Ramón Camps y nadie, seguramente ni siquiera Grondona, se atrevería a discutir que fueron esos años de conducción militar los que convirtieron a la Bonaerense en la máquina criminal que desde entonces no hace más que jaquear a su provincia.
Si el recuerdo de Camps resulta algo lejano, basta con remontarse al esperpéntico paso de Aldo Rico por ese puesto, nombrado por el casi tan gracioso Carlos Ruckauf durante su huidizo paso por la gobernación de la provincia. Una gestión en la que compartió el fracaso justamente con el resucitado Jorge Casanovas, que desde la Secretaría de Justicia era el encargado de endurecer las leyes para, con la excusa de la lucha contra el delito, fortalecer las mafias policiales y penitenciarias salvadas por Ruckauf de la reforma que había emprendido León Arslanian.
Grondona asegura que es un prejuicio político el que impide que se nombre otro militar en Seguridad. Quizá sea al revés. En medio de la crisis, parece haber reaparecido su antiguo y doloroso prejuicio de considerar la represión interna como una especialidad de los militares.