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Existe un dato que el gobernador Felipe Solá podría utilizar durante las discusiones por un nuevo régimen de coparticipación o en favor de su reclamo de fondos a la Nación para reforzar el sistema de seguridad bonaerense: Buenos Aires es la provincia que menos recursos recibe por todo concepto en relación con sus necesidades. En el otro extremo del ranking, elaborado por el Instituto de Estudios de la Realidad Económica Argentina y Latinoamericana (Ieral), en base a datos oficiales, está Santa Cruz, que es superavitario por excelencia.
Se trata de un enfoque similar al que planteó hacia fin de año el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, a través de un trabajo de los economistas Juan Carlos Vicchi y Ernesto Rezk. Estos especialistas señalaron las actuales distorsiones del sistema federal de impuestos destacando que la provincia más poblada del país dispone de 700 pesos anuales por habitante, contra los 4200 pesos que le toca en suerte a cada santacruceño, básicamente por el hecho de vivir en una provincia de escasa población.
El análisis del Ieral, brazo académico de la cavallista Fundación Mediterránea, también tiene el propósito de plantear una propuesta para reformular el régimen de coparticipación, tomando como base un diagnóstico de la situación actual y sin juzgar la presunta eficiencia o eventual desmanejo de fondos que pudiera haber en cada administración.
La fotografía fiscal tomada por los técnicos bajo el comando del economista Nadín Argañaraz considera los ingresos totales de cada Estado del interior en el 2003, incluyendo la recaudación de los tributos propios, las transferencias desde la Nación y las regalías petroleras de las siete provincias que las cobran. Esta suma se contrasta con los gastos a cargo de cada jurisdicción, comparación que arroja un resultado muy claro.
Junto a Tierra del Fuego, Neuquén, La Pampa, Chubut, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz es de las pocas provincias que consigue una recaudación superavitaria. Las otras diecinueve están justo en la línea de equilibrio o por debajo de ella, es decir, con un faltante. Aquí es donde se ubican Salta y Buenos Aires.
Días atrás, mientras el congreso del Partido Justicialista se desgarraba en una feroz disputa en Parque Norte, la Jefatura de Gabinete distribuyó a todos los gobernadores una propuesta para modificar la Ley de Coparticipación Federal que modifica sólo provisoriamente ese desbalance. La iniciativa kirchnerista toma como base la recaudación de impuestos coparticipables de este año, sobre el supuesto de que en el futuro ninguna jurisdicción recibirá menos. Lo que se recaude por encima del 2004 y hasta 2400 millones de pesos por año integrará un fondo para obras que, prioritariamente, se localizarán en los principales aglomerados urbanos.
Pero el denominado “fondo K” tendrá asignación específica (infraestructura), será prorrateado según criterios no plasmados por escrito (de acuerdo con la voluntad de Roberto Lavagna y Julio De Vido) y, finalmente, irá decreciendo hasta desaparecer dentro de diez años.