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Con la mochila cargada por la presión que ejercen las secuelas del secuestro y homicidio de Axel Blumberg, los diputados nacionales están en condiciones de aprobar mañana dos proyectos que agravan las penas para los delitos relacionados con el uso de armas, desde los robos a mano armada hasta la tenencia y la portación ilegal, aunque se trate de personas sin antecedentes penales. También se convalidaría una reforma a la Ley de Ejecución Penal, para que los condenados por “delitos aberrantes” (violación o privación ilegal de la libertad seguidas de muerte) estén obligados a cumplir el total de la pena máxima, que es de 25 años, sin ninguna posibilidad de una libertad anticipada por buena conducta. Desde el Congreso se impulsará, además, la rápida reglamentación de la ley que prohíbe la venta anónima de celulares a través de los llamados “bolseros” y que podría ser modificada, para que las empresas también inhabiliten en forma definitiva las líneas de los aparatos que hayan sido robados a los usuarios o que éstos hayan extraviado.
“Yo creo que hay consenso para la aprobación de todas las iniciativas, aunque se van a discutir algunos puntos que podrían dar lugar a situaciones arbitrarias que perjudiquen a personas inocentes”, dijo a Página/12 José María Díaz Bancalari, titular del bloque de Diputados del justicialismo. “Nos están pidiendo medidas para circunstancias que son consideradas ‘de excepción’, pero hay que tener en cuenta que lo mismo ocurrió el 24 de marzo de 1976 y que después pasó lo que pasó, a partir de decisiones aprobadas por los legisladores.” Uno de los puntos espinosos, según Díaz Bancalari, es la sanción por portación ilegal de armas.
“Hay que tener en cuenta que hay gente inocente que anda con un arma encima, sin papeles habilitantes, porque teme por su seguridad o cuando va a esperar a su esposa o a un hijo. Hay que ser prudentes”, insistió el legislador peronista. La tenencia de armas de fuego de uso civil, sin autorización, se castigará con seis meses a dos años de prisión más una multa de 10.000 pesos. En el caso de las armas de guerra, la pena máxima se mantendrá en seis años. “Hay muchas normas que reclama (Juan Carlos) Blumberg, el padre de Axel, que ya están en vigencia desde hace un tiempo”, aclaró Díaz Bancalari.
La portación de armas de uso civil, sin autorización, merecerá penas de uno a cuatro años, y si fueran de guerra de tres a ocho años. En el caso de las armas comunes, el aumento de las penas es significativo, ya que ahora son de seis meses a tres años. En cuanto al acopio de armas, la pena actual es de cuatro a diez años, igual que la que propicia el proyecto se tratará mañana. En el caso de uso de explosivos, el proyecto prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión. En este caso se incrementa en dos años la pena mínima, es decir que se convierte en un delito que no sería excarcelable. En el caso del robo a mano armada, las penas se mantienen igual: van de cinco a 15 años. En materia de armas, se descuenta que las modificaciones serán convertidas en ley.
Díaz Bancalari impulsó decididamente la aplicación a rajatabla de la pena máxima para los “delitos aberrantes”. Esto equivale a decir que “tendrán que estar 25 años presos, que es la pena máxima, sin posibilidad de salir a los 16 años, cuando cumplan los dos tercios de la pena”. Según el legislador peronista, “en algunos casos, la liberación de los condenados se está produciendo a partir de los diez años, lo que es una barbaridad”. El senador radical Jorge Agúndez viene propiciando también que, junto con las reformas, se impulse “una reestructuración a fondo de la Policía Bonaerense”, muchos de cuyos miembros han estado vinculados, en los últimos años, a delitos graves como tráfico de drogas, secuestros u homicidios conocidos como casos de “gatillo fácil”.
Díaz Bancalari dijo estar de acuerdo con ese objetivo, pero sostuvo que “son medidas que tienen que surgir de la Legislatura y del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del Congreso Nacional”. En noviembre de 2003, Díaz Bancalari impulsó un proyecto que fue convertido en ley y que establece un mayor control sobre el alquiler y venta de celulares a los llamados “bolseros”, por parte de las empresas telefónicas. “Eso ya es ley, pero falta la reglamentación, que depende de la Secretaría de Comunicaciones, a la que se dará un plazo de 90 días para que termine con esa tarea”. Las empresas telefónicas tendrán que llevar un registro con los nombres de los usuarios reales de los celulares.
Los “bolseros” llegan a contar con hasta 300 mil líneas a su nombre y las empresas ignoran la identidad del verdadero usuario, lo que entorpece la investigación en caso de que el celular caiga en manos de una banda. La ley vigente podría sufrir modificaciones, ya que actualmente establece la obligación de las empresas de contar con tecnología que permita ubicar en forma inmediata el nombre del usuario y la ubicación desde donde se realiza el llamado. En este sentido, algunas empresas han puesto el grito en el cielo por los costos. “Las grandes firmas –dijo Díaz Bancalari– están en condiciones de afrontar los gastos, de eso no cabe duda.” La legisladora radical Gracia Jaroslavsky viene planteando la necesidad de que se tenga una política más flexible para las firmas subsidiarias del interior del país, a las que se les daría un plazo de 90 días para ponerse a tono con las nuevas medidas. También se quiere prohibir la rehabilitación de las líneas de celulares robados o extraviados por sus usuarios legítimos. Todo hace pensar que el paquete de resoluciones, al ritmo del caso Blumberg, tendrá una rápida aprobación.