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El Gobierno anunciará en mayo la segunda fase del Programa Antievasión. Sus dos pilares estarán en la Aduana y en la seguridad social. En la mira estarán el contrabando y la subfacturación de exportaciones, el trabajo en negro y la falta de emisión de comprobantes de compra. Página/12 tuvo acceso exclusivo a los principales medidas ya decididas por el Poder Ejecutivo.
Informalidad en la facturación
u Creación de un registro único nacional de sociedades. Actualmente no existe interacción entre la AFIP y los distintos organismos registrales de personas jurídicas. La creación de un registro único resulta esencial para detectar sociedades cuyo principal objetivo es facilitar maniobras de evasión. El nuevo registro, que estará disponible para la consulta pública, funcionará bajo la órbita de la Inspección General de Justicia, con la asistencia técnica y financiera de la AFIP.
u Habilitación de inspectores para compras simuladas. A pesar del aumento del control, todavía persiste un alto nivel de informalidad en las transacciones comerciales que se traduce en la no emisión de los comprobantes de venta. Para combatir este accionar se creará la figura del “inspector fedatario”, quien verificará la emisión de comprobantes a través de compras simuladas. Una vez efectuada la constatación se procederá a la devolución o anulación de la compra.
Combate contra el trabajo en negro
u Control de los aportes patronales por parte de los trabajadores. La información sobre aportes previsionales deberá estar disponible vía Internet para que los propios trabajadores controlen su ingreso y destino.
u Determinación de la deuda previsional sobre base presunta. Cuando se detecte trabajo en negro, el cobro de lo adeudado se realizará estimando la antigüedad presunta del trabajador. Hoy se aplica una multa y se comienzan a cobrar los aportes a partir de ese momento. Adicionalmente se discute bajar el valor de las multas por el trabajo no registrado. Los defensores de esta medida sostienen que los montos actuales desincentivan el blanqueo. En el caso de las pequeñas empresas resultan impagables y pueden provocar la quiebra del evasor.
u Mayor celeridad en la ejecución de deudas de seguridad social. La nueva legislación asimilará para la seguridad social los plazos que rigen en materia impositiva (15 días para apelar ante el tribunal fiscal y 30 para apelar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo). En concreto, se reducirá los plazos para apelar las determinaciones de deuda ante la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Contrabando y subfacturación en el comercio exterior
u Suba del piso de valuación y las penas para el contrabando menor. Una de los dificultades formales de la lucha contra el contrabando reside en el tiempo transcurrido entre su detección y la sanción judicial. Las demoras responden en parte a la saturación de los juzgados por causas menores. Para combatir este punto se subirá a 100.000 pesos el piso a partir del cual el contrabando menor será resuelto en sede judicial. Para los montos menores las sanciones vendrán por la vía administrativa. La medida persigue evitar la doble sustanciación de causas. Para todos los casos, también se elevarán las sanciones para “reafirmar la finalidad disuasoria de la pena, dotando de eficacia real a su fin represivo”.
u Nuevo criterio de valuación de exportaciones. Se establecerá un sistema de bandas en base a los precios del mercado internacional de los productos. El Sistema Informático María (SIM) rechazará automáticamente los precios que estén fuera de banda. Con esto se espera erradicar la subfacturación.
u Eliminación de la posibilidad de cambios en la declaración aduanera. Aunque parezca insólito, actualmente pueden introducirse rectificaciones, modificaciones o ampliaciones de las declaraciones de exportaciones e importaciones una vez que se conoce por qué canal del SIM pasará la mercadería. Esta alternativa ya no será posible.
u Cuerpo único de Policía Aduanera. Las tareas de control del tráfico aduanero se encuentran atomizadas en cuatro fuerzas diferentes: la Policía Aduanera, la Prefectura Naval Argentina y las policías Aeronáutica y Federal. Esta dispersión dio lugar a no pocos problemas de coordinación originados en celos jurisdiccionales, con la consecuente generación de compartimientos estancos y, si se atiende a las malas lenguas, también de variados kioscos. En muchos casos también existe duplicación o triplicación de responsabilidades y acciones. Para evitar este problema se creará el Sistema Unico de Control del Frontera (S.U.Co.Fro), que prevé la conformación de un grupo de elite que integre a las fuerzas de seguridad bajo el control de la Aduana. El decreto del Poder Ejecutivo reglamentando el funcionamiento de la nueva fuerza especial ya está listo.
u Dispositivos electrónicos de seguridad para el seguimiento de las mercancías. Las modificaciones se harán tanto para las mercaderías que ingresen al país como para las que salgan o estén en tránsito.
Para las mercaderías que se importan se reemplazará el tradicional estampillado por un sistema de código de barras. La idea es que la sola lectura del código sirva para el seguimiento de todas las transacciones involucradas en el producto, desde su paso por la Aduana hasta las sucesivas intermediaciones. El nuevo sistema será así no sólo útil para la Aduana, sino también para la DGI.
Algunas fuentes consultadas sostuvieron que este punto fue motivo de fuertes discusiones. La causa fue quién imprimiría las etiquetas con los códigos de barras. Mientras la Aduana proponía que se impriman directamente en la Casa de Moneda, en la AFIP propiciaban un llamado a licitación.
Para las exportaciones y las mercancías en tránsito se impondrá un “candado satelital”, que se aplicará a los containers a fin de saber siempre dónde se encuentran y dónde son abiertos. Ello también podría ser útil en la reducción de robos y, en consecuencia, del costo de los seguros.
Adicionalmente se implementará un sistema de escaneo electrónico de los contenedores. En principio serán 6 scanners en los principales puertos. A raíz de la lucha antiterrorista, a partir del 1 de julio no se podrá exportar a Estados Unidos si no se cuenta con este sistema.
u Modificación del momento en que nace la obligación aduanera. Esta medida busca evitar la maniobra a través de la cual se ingresan mercaderías como temporarias para intentar su nacionalización al momento en que expira el máximo plazo legal disponible, cuando en la generalidad de los casos el precio es menor. La reforma establecerá plazos menos ambiguos y liquidación a precios del momento de la nacionalización.
u Facultad de clausurar preventivamente instrumentos de medición y control. Parte de las balanzas que pesan las mercaderías del comercio exterior son operadas por privados y actualmente no están sujetas a controles eficientes. La regulación actual impide su clausura por parte de la DGA.
u Mayor control de las empresas de “couriers”. Las firmas que trabajan con encomiendas, que hasta ahora no estaban prácticamente sujetas a controles, tendrán la obligación de informar por adelantado el contenido de los envíos a través de mecanismos de transmisión electrónica de datos. Los espacios en los que operan serán filmados.
u Consideración del costo de transporte mediante ductos como materia imponible. Amparándose en que este sistema de transporte no existía cuando se redactó el Código Aduanero (el código habla de transporte por tierra, agua y aire), petroleras y gasíferas no lo incluyen en sus declaracionesimpositivas. Su inclusión mejoraría la recaudación emergente de las exportaciones de petróleo y gas en un piso del 10 por ciento.