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El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, formuló una denuncia penal contra el fiscal Jorge Sica y su superior, el fiscal general Pablo Quiroga, por irregularidades en la investigación del secuestro de Axel Blumberg. Ante el juez Conrado Bergesio, Beliz expuso que el padre de Axel, Juan Carlos, vio que Sica “no privilegió la situación de la víctima sino la posible captura de la banda y que el equipo del fiscal se movía con el criterio de cortar el pago”. Beliz también le transmite al juez que Sica le ordenó a la policía que interceptara el Volkswagen en el que circulaban los secuestradores, sin tener en cuenta las perspectivas reales de éxito ni las consecuencias fatales que podía tener su fracaso. En una palabra, con la denuncia toma estado judicial la polémica sobre si el fiscal y la policía deben actuar, aun cuando pongan en riesgo la vida de la víctima del secuestro. Además, con esta denuncia y la hecha por Juan Carlos Blumberg, Sica debería ser apartado del caso, según opina la mayoría de los juristas. Por otra parte, el ministro Beliz le pide al juez que investigue un caso de presuntas golpizas a una detenida, así como la omisión por parte de Sica de tomarle declaración a un preso que contó cómo los policías de San Isidro arreglaron la libertad de secuestradores a cambio de dinero.
La denuncia de Beliz es evaluada ahora por el juez Bergesio, quien seguramente abrirá una causa en la que puede investigar a Sica por distintos delitos, desde incumplimiento de los deberes de funcionario público, apremios ilegales y hasta homicidio culposo, que se le aplica a quien provoca la muerte de alguien por impericia o imprudencia. La carátula de la causa la establece el propio juez.
Gran parte de la denuncia del ministro se basa en los relatos de Juan Carlos Blumberg sobre la actuación del fiscal. Pero una clave está justamente en el debate instalado sobre qué se debe hacer en casos como los de secuestro. Hasta el momento hubo dos posturas:
- El fiscal Sica siempre habla de “hacer cesar el delito” o, como le dijo a Blumberg, “cortar el pago”. Según el fiscal, si se detenía a algún integrante de la banda, el resto “generalmente se asusta y abandona al capturado”. Esto, como se sabe, no se verificó en el caso de Axel. La reacción fue la contraria: después de que balearon el auto en el que iban los secuestradores, éstos volvieron furiosos al aguantadero, iban a liberar a Axel, pero después del intento de fuga del joven terminaron por matarlo.
- La otra postura fue asumida por la fiscal de San Nicolás, Amalia Sivori, quien se negó a firmar órdenes de allanamiento o de captura hasta que estuviera en libertad la víctima del secuestro que ella investigaba, Cristina Taborda, la esposa del delegado de la AFIP en Pergamino. La postura de la fiscal consistía en que debe lograrse la detención de los secuestradores sólo después de la liberación del secuestrado. A la fiscal Sivori se le pidió un jury para destituirla por inacción.
Sica considera que la ley indica que se debe intervenir sí o sí contra los secuestradores, aunque ello implique un mayor riesgo para la víctima del secuestro. El penalista Ciro Annichiarico, por el contrario, sostiene que la ley 12.155 de organización policial dice que “cuando exista riesgo de afectar la vida humana la policía debe anteponer la preservación de ese bien jurídico, la vida, al éxito de la actuación”. Ahora, el juez Bergesio tendrá que fallar sobre esta polémica.
En su denuncia, Beliz también menciona otras imputaciones. Juan Carlos Blumberg, desconfiado porque no veía espíritu del fiscal de preservar la vida de su hijo, escuchó de parte del oficial de policía que lo acompañaba cómo habían actuado en un caso anterior: “Vino a cobrar el rescate una mujer. La detuvimos, la maltratamos en la calle sin reparo alguno y frente al público, para después meterla en una camioneta donde recurrimos acualquier método. Después de dos horas, la mujer dio los datos sobre la guarida de la banda”. Beliz le pide al juez que investigue ese caso.
La otra denuncia del ministro tiene que ver con la declaración que recibiera el camarista Fernando Maroto. Un individuo, Daniel Apesteguía, declaró que personal de la Bonaerense de San Isidro estaba relacionado con los secuestros de Pablo Belluscio y Ernesto Rodríguez y que hubo un pago de sobornos para dejar en libertad a integrantes de la banda que luego intervino en el caso Rodríguez. Sica, como titular de la Unidad Antisecuestros, ni siquiera llamó a declarar a Apesteguía y trabaja con los hombres de la Bonaerense de San Isidro. Esta inacción también pide Beliz que se investigue.
Más allá de este expediente que debe abrir Bergesio, uno de los interrogantes que se plantea tiene que ver con la continuidad de Sica en la investigación del caso Blumberg. Cuestionado su accionar, es posible que Bergesio admita que la pesquisa debe quedar en las manos de otro fiscal, aunque lo cierto es que la investigación está muy avanzada. Juan Carlos Blumberg, sin embargo, sostiene que hay una conexión policial que falta investigar y que tiene que ver con la protección que le daban hombres de uniforme a esta banda que se ocupaba especialmente del negocio sucio del robo, doblado y desarmado de autos.