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La Oficina Anticorrupción (OA) pidió ayer que se citara a indagatoria al juez Juan José Galeano y al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, como responsables del delito de peculado –sustracción de fondos del patrimonio del Estado– por el pago ilegal de 400.000 dólares al principal imputado del caso AMIA, Carlos Telleldín. La OA no evalúa los efectos del pago en la investigación del atentado, sino que pone su foco en que se trata de un caso de corrupción, en el que se movió en forma ilegal dinero del Estado. La pena por el delito de peculado es de dos a diez años de prisión. Ayer mismo, el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, dispuso entregar copia del escrito de la OA al Consejo de la Magistratura para que se avance en el juicio político al juez Galeano.
Operación Cabildo. Así llamaron en la SIDE a la operación por la que se le hizo el pago a Carlos Telleldín, que, según señala la OA, fue a cambio de que el armador de autos truchos diera “una versión de los hechos convenida con el magistrado”. Pero la ironía es que no sólo se imputa una sustracción del Estado de 400.000 dólares, sino que se hace referencia a un festejo, realizado diez días después del pago, para celebrar el buen final de la Operación Cabildo. En esa oportunidad, consigna la OA, se efectuaron los siguientes gastos:
- Alquiler de vajilla y mantelería para doce personas.
- Compra de elementos de almacén en Supermercado Coto.
- La compra de alguna delicia de Los Dos Chinos.
- La compra de seis botellas de vino Luigi Bosca, del gusto del principal invitado.
“Se aprecia de interés intentar dilucidar quiénes fueron los doce participantes del ágape que pagamos todos –dice la OA–. Se sugiere verificar qué aparatos celulares operaron en la celda que cubre el radio correspondiente al lugar del festejo, la sede de la Sala Patria.” En este tramo, la OA sugiere que no sólo estaba presente el juez Galeano –el principal invitado–, sino que debe verificarse también la presencia de los fiscales y el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja.
En verdad, lo del ágape es usado centralmente para simbolizar la forma en la que se sustrajo el dinero, pero todo el escrito está destinado a probar que el pago a Telleldín existió, que pudo haberse hecho a través del fondo de recompensa existente, pero que se realizó en forma ilegal y secreta justamente porque se trató de una maniobra irregular. Por ello, se trata de una sustracción ilegal de dineros del Estado.
En el encuadramiento que le presenta al juez, la OA sostiene que Anzorreguy debe ser imputado por peculado, ya que era el responsable del dinero, habida cuenta de que los 400.000 dólares salieron de los fondos de la SIDE. A Galeano, en cambio, le imputa ser instigador y partícipe necesario del mismo delito. La OA no se mete en otros delitos que podría haber cometido el juez. La OA se concentra en abordar el caso en lo que hace a la afectación del patrimonio del Estado.
El núcleo central del escrito está destinado a probar que el pago existió, para lo cual se basa en decenas de declaraciones y distintos aspectos de la causa AMIA.
- Se transcribe parte del testimonio del secretario del juez Galeano, Claudio Lifchitz, quien menciona que el pago se hizo a cambio de la versión convenida con Telleldín. Lifchitz, según cita la OA, relata que no hubo la menor voluntad de verificar si lo que Telleldín decía era cierto o no, sino que se acordó con el armador de autos una versión que le permitiera al juez “cerrar” la pista de los policías.
- Se citan los distintos testimonios de los miembros de la SIDE, todos coincidieron en que la Operación Cabildo se concretó en dos pagos, el 5 dejulio de 1996 y el 17 de octubre de 1996. Cada pago fue de 200.000 dólares.
- Se menciona el hecho de que Hugo Anzorreguy, siendo de profesión abogado, debía saber perfectamente que el pago era ilegal.
- Se citan tramos de los videos en los que aparecen negociando Galeano y Telleldín el contenido de la declaración. Incluso se menciona un tramo en el que Telleldín afirma que declarará algo que no es verdad.
- Se hace un permanente señalamiento del carácter clandestino del pago como prueba de que el pago fue ilegal. Incluso se menciona que el juez mintió reiteradamente, aun ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Investigaciones. Siendo el pago clandestino e ilegal, la OA concluye que obviamente la utilización del dinero del Estado fue ilegal.
Ahora el juez Bonadío tiene la palabra. La OA sostiene que no es necesario esperar el final del juicio, por cuanto no se discute si hay más o menos pruebas para imputar a los acusados. La OA dice que el pago a Telleldín fue un delito en sí mismo y por ello pide que se cite a Anzorreguy y Galeano de inmediato. Habrá que ver si Bonadío acepta o no el pedido.