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El ministro Gustavo Beliz resolvió enviar ayer mismo una copia del escrito de la Oficina Anticorrupción al Consejo de la Magistratura y sumarlo como un elemento más en el juicio político al juez Juan José Galeano. En verdad, el proceso contra el magistrado, que inició en su momento la legisladora Nilda Garré, avanza en forma muy lenta. Algunos sostienen que los ritmos cambiarán por completo cuando se conozca el fallo del Tribunal Oral –seguramente ocurrirá en julio– y en el que es casi seguro habrá un gran capítulo destinado a detallar las irregularidades cometidas a lo largo de la investigación del atentado. El paso de ayer tiene importancia porque es el propio Gobierno el que hace la denuncia contra Anzorreguy y el juez, y también el Gobierno se ocupa, enviando el escrito al Consejo de la Magistratura, de sumar elementos para que se destituya al magistrado. El mensaje es claro: el Ejecutivo abrió los archivos de la SIDE, permitió que declaren los agentes en el juicio oral, ello dejó en claro el fraude perpetrado y ahora concluye en la denuncia al juez. La movida tiene numerosas lecturas. Hay quien señala que la presentación hecha ahora es parte de la guerra entre el Ejecutivo y los jueces federales por la unificación de fueros prevista en el Plan de Seguridad. También están quienes creen que se trata de la puja con la DAIA, que siempre sostuvo a Galeano. Más allá de las especulaciones, los hechos denunciados aparecen como más que probados en el juicio oral.