[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

DEBATE
Por Juan Gabriel Tokatlian *

La decisión de Néstor Kir-
chner de enviar tropas a Haití ha sido objeto de escaso debate sustantivo y estratégico. Prevalecieron visiones parciales, precipitadas y paternalistas. Anticipando mi posición en contra, intentaré formular y dilucidar los argumentos implícitos y explícitos de los funcionarios, políticos, analistas y periodistas a favor.
Primero, se indicó que una posición liberal moderna y sólida en relación con la defensa de los derechos humanos implica la aceptación, la práctica y el estímulo a un intervencionismo humanitario. Sin embargo, la tradición liberal clásica –Kant, Mill, Cobden– es anti-intervencionista: ni la democracia, ni los derechos humanos se pueden o deben imponer, sino que a cada sociedad corresponde alcanzarlas, instaurarlas y consolidarlas. La ocupación estadounidense de Haití entre 1915-1934 y la fuerza de la ONU liderada por Washington que en 1994 reinstauró en el poder al hoy depuesto presidente Jean-Bertrand Aristide, no lograron por la fuerza arraigar la democracia y los derechos humanos en Haití.
Segundo, se repite que Latinoamérica asiste hoy a un intervencionismo inédito. Se trataría de una suerte de “intervencionismo justo”, ya que ahora las democracias asisten a otra democracia: en el caso de Haití, el gobierno interino después de la salida de Aristide solicitó y consintió esta intervención. Este no es un proceso nuevo ni busca defender la democracia. La intromisión consentida en los asuntos internos de otros estados fue característica de los regímenes autoritarios del Cono Sur. Por ejemplo, el Plan Cóndor permitió la intervención de los cuerpos de seguridad de un país en otro para perseguir, asesinar y desaparecer ciudadanos. El actual estacionamiento de tropas extranjeras en Haití no tiene mucho que ver con la protección de la democracia, ya que el presidente Aristide, releecto en 2000 (en ese entonces el hemisferio aceptó resignadamente su victoria fraudulenta), fue depuesto por la fuerza. Todos los hechos objetivos muestran que el 29 de febrero se produjo la remoción forzada de un mandatario elegido. Más allá de lo que se piense del estilo refractario y arbitrario de Aristide, se está convalidando un golpe de Estado exactamente a 200 años de la primera emancipación de una república negra en este continente.
Tercero, se ha señalado que moralmente era intolerable para las naciones del hemisferio y para Francia convertirse en testigos pasivos de una eventual hecatombe humanitaria en Haití; en especial después de que la oposición anunciara un baño de sangre a su llegada a Puerto Príncipe. Más que la expresión de un principio profundo, este argumento parece un sofisma conveniente y coyuntural. Por ejemplo, ni los países del continente ni alguna nación europea se han mostrado muy conmovidos por los más de 25.000 asesinatos anuales que se vienen produciendo en los últimos 15 años en Colombia, ni por los casi 2.000.000 de desplazados internos que hay ese país, ni por los casi 3000 secuestros al año desde finales de los noventa hasta 2003. Los incidentes violentos de 2004 en Haití produjeron casi 300 muertos. Sin embargo, la razón vital para el despliegue inmediato de la multinacional “Operación Secure Tomorrow” comandada por Estados Unidos no descansaba, principalmente, en el lamentable estado de los derechos humanos en Haití. El altruismo no pareció estar en el centro de la decisión de Estados Unidos y Francia al momento de empujar a Aristide fuera del gobierno.
Cuarto, se subrayó que era injustificado que los haitianos continuaran sufriendo; había que hacer algo de inmediato para que no se ahondara ese drama social. La penuria del pueblo de Haití no es nueva y se agudizó en los últimos años porque desde 2001 Estados Unidos impuso de facto un bloqueo a la asistencia internacional. Aproximadamente 500 millones de dólares dejaron de llegar al gobierno de Aristide; entre ellos el desembolso de 146 millones en créditos del BID que Washington paralizó.
Quinto, se dijo que había que evitar por la vía diplomática que se consolidara un eje Cuba-Venezuela-Haití dado que Fidel Castro y Hugo Chávez estaban detrás del soporte material al gobierno de Aristide. Hasta la fecha no hay evidencia alguna de tal contubernio: ni Estados Unidos presentó pruebas, ni la OEA o la ONU debatieron sobre ese eje andinocaribeño y sus planes de alianza trilateral y desestabilización regional. Lo que sí se conoce, a través de medios de comunicación caribeños, estadounidenses y europeos, y mediante la acción de ONGs africanoestadounidenses y de congresistas como Barbara Lee (demócrata de California) es que desde hace años Estados Unidos ha estado financiando a grupos y personas de la oposición (un calidoscopio que va desde demócratas genuinos hasta facinerosos consumados) con más de U$S 70 millones por conducto de varias entidades; entre otras de la International Republican Institute asociada, como es obvio, al partido republicano.
Sexto, se remarcó que este envío de tropas es perfectamente legítimo. Es indudable que la unánime resolución 1542 del Consejo de Seguridad de la ONU es el marco de referencia que la respalda. Sin embargo, hay algunos aspectos que conviene subrayar: ante la solicitud de los 14 miembros democráticos del Caricom (Comunidad del Caribe) para que Naciones Unidas iniciara una investigación sobre la salida forzada de Aristide, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, condicionado por la presión cruzada y simultánea de Estados Unidos y Francia, no llevó a cabo ninguna indagación. Dos, es inexacto afirmar que toda resolución por ser legal es legítima, como lo prueban todas las resoluciones unánimes de ONU aprobadas después de la ocupación estadounidense de Irak. Tres, una intervención colectiva es mejor que una intervención unilateral, pero una acción multinacional debe también evaluarse en términos de sus méritos propios.
Séptimo, se dijo que la operación en Haití es militarmente precisa. En verdad, la misión es muy amplia, el objetivo es poco claro y la duración indeterminada. Se trata de construir todo un edificio institucional democrático –desde el control efectivo del orden público hasta las garantías electorales– que difícilmente puede ejecutarse exclusivamente con soldados y policías. Además, los países involucrados deben pagar buena parte del despliegue de sus respectivas tropas –en el caso argentino, se desembolsarán más de 7 millones de dólares– pues no está clara la disponibilidad de recursos de la ONU. Paralelamente, ni Estados Unidos ni Francia, ni Canadá, ni los países latinoamericanos han comprometido dinero para la reconstrucción de Haití.
Octavo, se mencionó que institucionalmente es positiva la participación de los cuerpos de seguridad argentinos en misiones de paz. La experiencia lograda por las fuerzas armadas en ese tipo de ejercicios pacíficos es importante y constituye una política de consenso entre las principales fuerzas políticas y a nivel de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, la naturaleza y el alcance de esta particular misión no fue suficientemente debatidas. La tendencia del liderazgo civil de creer que tener a los militares involucrados en misiones en el exterior significa tener una política de defensa es un error mayúsculo.
Noveno, se esgrimió que es primordial operar con Chile y Brasil en el despliegue conjunto de efectivos en contextos de crisis en el hemisferio. Este es un punto central amerita dos precisiones. Por una parte, esclarecer que los motivos que impulsaron la decisión de enviar tropas fueron distintos en los tres casos: Brasil, con el aliento de Francia, concibe la operación militar en Haití como una forma de proyección que legitime su aspiración de acceder a un asiento permanente en el evento de una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU; Chile, con el respaldo de Canadá, opera más en términos de persuasión para mostrar su disposición a usar la fuerza en el hipotético caso de mayores conflictos cercanos, y Argentina, bajo demanda de Estados Unidos, actúa por presión ante la creciente debilidad interna y vulnerabilidad externa del país. Por otra parte, hay que indicar que la acción tripartita entre Buenos Aires, Santiago y Brasilia puede tener propósitos diferentes. ¿Es un ensayo previo a lo que podría ocurrir con el participación de las fuerzas armadas en el combate contra el narcotráfico en las favelas de Río de Janeiro? ¿Es una señal a Bolivia para que ponga su casa en orden? ¿Es el anticipo de una fuerza multilateral que pueda responder a un pedido de Colombia para asistirla en el combate contra el terrorismo? Es muy bueno que tres democracias vecinas como Argentina, Chile y Brasil coordinen mejor alguna parte de sus respectivas políticas de defensa; no es tan claro que los tres compartan metas ni que sea aconsejable que se conviertan en gendarmes regionales.
Décimo, se advirtió que diplomáticamente el envío de tropas a Haití es fundamental para la reinserción del país en el mundo. Es un argumento plagado de falacias. Se repite la muletilla de siempre como si cada cierto tiempo el sistema internacional nos esperase para re-encontrarse con la Argentina extraviada. Se confunde el papel de la política exterior y su relación con los fenómenos de mercado: podemos acercarnos más a Washington con este tipo de gesto en Haití, pero ello no modifica la situación de Argentina de cara a los acreedores privados o la banca multilateral. Se corrobora algo pernicioso en términos diplomáticos pues se actúa sin convicción, sólo por coacción: el país no se vuelve más confiable, sino más intimidable. Se elude la polémica franca y frontal y se la suplanta por el ataque personal y la manipulación. Se dice que es clave, ahora sí, que hagamos algo visible para que en otros países tengan más confianza en Argentina mientras hasta el momento nadie ha explicado cuáles son los intereses nacionales en juego en Haití y por qué sirve a los intereses vitales del país aportar tropas.
En términos generales, estos son los diez puntos que, en forma tácita o expresa, se esgrimieron para justificar el envío de tropas a Haití. Mi intención es mostrar los inconvenientes y contradicciones de estos argumentos para que, ante la próxima sesión de la Cámara de Diputados sobre esta materia, el debate público resulte más ponderado y riguroso.

* Director, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés.