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La empleada del Juzgado Federal número uno se quedó pasmada ante la respuesta del militar: “La presencia de la doctora no está autorizada”. La mujer se enteró así de que no podría celebrar su casamiento, tal como tenía previsto, en el Regimiento Patricios. La razón: la jueza María Servini de Cubría, su jefa e invitada a la boda, no era bienvenida en el lugar. Al enterarse, la magistrada se indignó y presentó una denuncia por discriminación contra el jefe del regimiento, el coronel Carlos María Marturet.
“Me sentí muy dolida y discriminada”, dijo a Página/12 Servini de Cubría. “Además, yo he trabajado con ellos, con el comando electoral. Mis empleados van a armar las urnas al cuartel. No se trataba de la primera vez que iba a asistir a Patricios. Tampoco es que fui gratis, les hemos pagado”, agregó. Se refería a que como jueza electoral de la Capital Federal alquila en todas las elecciones, desde 1996, uno de los galpones del regimiento para armar las urnas. Por ese servicio el Ministerio del Interior desembolsa cinco mil pesos.
La empleada de Servini de Cubría se enteró ayer que su jefa era persona no grata en Patricios. Incluso se asombró, ya que a causa de la relación entre el regimiento y el juzgado lo que menos se había imaginado era que tendría un problema de ese tipo. Unos días antes, el jefe de ceremonial, el mayor Enrique Rivero, le había pedido a la mujer una lista con los nombres y los números de documentos de sus invitados. Y ayer por la mañana le confirmó que Servini de Cubría había sido vetada por su superior. “A la doctora le va a llamar la atención, pero su presencia no está autorizada”, le dijo. En la denuncia que hizo la jueza y que quedó a cargo de su colega Juan José Galeano, fueron acusados Rivero y Marturet.
Servini de Cubría, que está casada con el brigadier Juan Tomás Cubría, intervino en numerosos casos de apropiación de hijos de desaparecidos e incluso arrestó al dictador Emilio Massera. Pero el año pasado rehusó hacerse cargo de las dos grandes causas que se abrieron después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida: la de la ESMA y la del Primer Cuerpo de Ejército.
A la empleada de la jueza no le explicaron las razones por las que su jefa no era bienvenida en el cuartel. En el regimiento argumentaron que existe una decisión de no alquilar o prestar el lugar a particulares sino solo a personal militar. Esa medida se habría tomado después de que hace un mes Página/12 publicara que allí se reunieron, además de militares en actividad y retiro, operadores políticos y empresarios. En esa cena –en la que se presentó sin invitación el ministro de Defensa, José Pampuro– estuvieron, entre otros, el radical Enrique “Coti” Nosiglia; Miguel Angel Iribarne, socio del financista Aldo Ducler en Mercado Abierto; el empresario Vicente Massot, el ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena y el represor de Automotores Orletti Rubén Visuara. “Es probable que después de eso no quieran a personalidades políticas o gente conocida en el lugar”, arriesgó un militar.
Servini de Cubría no sabe las razones profundas de la decisión por la que se sintió discriminada. Pero cree que hubo “falta de criterio o de inteligencia” por parte de quienes la tomaron. El jefe de Patricios tendrá que explicar el hecho a la Justicia. Pero antes tuvo que hacerlo a su superior. El jefe del Ejército Roberto Bendini lo convocó a su despacho ayer por la tarde.