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Luego de la polémica y las críticas desde todos los sectores, hubo marcha atrás: las dos cámaras de la Legislatura de San Luis decidieron derogar la “ley mordaza” que había sido sancionada por el gobierno de Alberto Rodríguez Saá y que aplicaba un cerrojo sobre la libertad de expresión y la circulación de información contraria al oficialismo local. El escándalo se originó luego del proceso de revisión de normas provinciales en el que se ratificó la vigencia de la ley 5626, que regulaba la actividad de imprenta en la provincia desde 1949. “A todos se nos pasó, a los legisladores, al Ejecutivo y a los periodistas”, aseguró el gobernador, quien atribuyó la sanción de esta norma a un simple descuido.