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La llave de la pesquisa sobre las coimas en el Senado no está en manos de la Justicia sino del gobierno nacional. La única clave verdadera está en manos de la Secretaría de Inteligencia del Estado.
La SIDE, si el presidente Néstor Kirchner lo ordena, podría hacer un arqueo de operaciones especiales. Se trata de iniciativas que superan la rutina informativa del organismo. Implican mucho dinero, naturalmente, porque son especiales, y son pocas. O debieran serlo. Página/12 consultó a un ex funcionario de la SIDE que trabajó allí en el gobierno de Raúl Alfonsín qué operaciones especiales recordaba. Las recitó de memoria, con pedido de reserva de su nombre. Mencionó la ayuda a los exiliados chilenos y la colaboración con el No en el plebiscito contra Augusto Pinochet, operaciones en la Semana Santa de 1987, pagos en unas elecciones bolivianas y colaboración para financiar el golpe contra Alfredo Stroessner en Paraguay.
Las operaciones especiales alcanzaron el paroxismo con la gestión de Hugo Anzorreguy, bajo el gobierno de Carlos Menem, y siguieron en el mismo ritmo con Fernando de Santibañes y Carlos Becerra, los dos secretarios de la SIDE con Fernando de la Rúa en la presidencia. A los dos los secundó Darío Richarte. La Cámara Federal en su fallo de ayer cuestionó a Canicoba por la instrucción del período de De Santibañes. No dijo nada de la inexplicable ausencia en la causa de Becerra y Richarte, que podrían aportar datos importantes sobre el funcionamiento financiero de la SIDE.
Según pudo establecer este diario, cada operación especial, así sea secreta y con nombre de fantasía, tiene una contraparte financiera que queda archivada. Si quisiera dar un vuelco a la investigación sobre las coimas en el Senado, el secretario actual, Héctor Icazuriaga, podría averiguar qué operaciones especiales se hicieron, cuánto dinero se gastó y, sobre todo, si realmente el dinero se gastó en operaciones de inteligencia con utilidad para el Estado o la plata se esfumó hacia bolsillos privados.
Si lo hiciera, Icazuriaga debería ser más perspicaz que la Justicia. Por un lado, ése es un trabajo de la propia SIDE y no de la Sigen como sugiere el fallo de la Cámara Federal. Y por otro lado, el arqueo debe comenzar por el período anterior a la asunción de De Santibañes, el 23 de diciembre de 1999. Tendría que tomar, como mínimo, la última etapa de Anzorreguy, y sería bueno que tuviera en cuenta también el tramo posterior a la renuncia de De Santibañes. Alguien podría decir que así se violan gravísimos secretos de Estado. Eso sería cierto si el dinero se hubiera usado para fines públicos. Pero la sospecha es la contraria: que el único secreto es quién recibió el soborno.