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A 10 años del atentado que destruyera la sede de la AMIA y causara 85 muertos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un extenso comunicado cuyos tramos centrales son los siguientes:

- “Habiendo llegado al fin del juicio oral, han quedado en evidencia las gravísimas irregularidades cometidas en la investigación de la causa. Los 10 años transcurridos desde el atentado nos transmiten una enorme frustración por la impunidad. Sin embargo, el juicio permitió destruir una falsa versión de los hechos, que había sido armada con el claro propósito de encubrir responsabilidades criminales y políticas”.

- “Al igual que durante la dictadura militar, nuevamente son las víctimas y sus familiares los que deben reclamar un derecho de justicia que debería serle reconocido sin necesidad de tantos jueves en plaza de Mayo o lunes en plaza Lavalle.”

- “... en el juicio, es el Estado quien ocupa verdaderamente el banquillo de los acusados. Su responsabilidad está en juego por la acción de la policía, de los servicios de inteligencia, la administración de Justicia, y de la connivencia política, y es precisamente el descalabro de estas instituciones, lo que se pone al desnudo en este caso y requiere profundas reformas institucionales.”

- “El caso AMIA deja en evidencia algunos patrones de acción ilegal de las policías argentinas, que caracterizan en especial a la policía de Buenos Aires. Estos patrones son institucionales y trascienden por ello, la conducta criminal de los agentes involucrados en la causa.”

- “También se ha hecho patente la actuación irregular de la SIDE. Se imputa a sus agentes y responsables políticos destruir pruebas, malversar fondos tendientes a pagar por imputaciones, y ocultar actividades de seguimiento e infiltración de células terroristas antes del atentado. Las acusaciones reflejan, además, fallas estructurales del organismo que exceden la actuación de funcionarios aislados.”

- “El juicio también ha dejado al descubierto las profundas deficiencias del sistema de Justicia y en particular, la negligencia e impericia del magistrado y del Ministerio Público a cargo de la pesquisa.”

- “El juicio oral, al menos, ha evitado un escenario aún peor: ha permitido destruir una falsa versión de la historia.”

- “El propio juez Galeano pasó a ser investigado. Fue recusado por Memoria Activa a raíz de las irregularidades cometidas y por su comprobada parcialidad en la instrucción. Era probable que el juez estuviera más preocupado por evitar sus acusaciones, que por investigar la verdad de lo ocurrido. El apartamiento del juez Galeano y de los fiscales es un paso importante para recuperar la esperanza de Justicia”.

- “El caso AMIA también refleja las groseras irregularidades del poder político. Las distintas administraciones se han destacado más por omitir, ocultar, restar importancia, que por realizar esfuerzos para el esclarecimiento y justicia de lo ocurrido. La patética responsabilidad de la Dirección Nacional de Migraciones en el ocultamiento de valiosa información, es una muestra más de la falta de política de Estado en relación con el caso. Tampoco la Comisión Bicameral cumplió su misión de controlar y fortalecer la investigación judicial.