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El Gobierno responsabilizó ayer a un grupo organizado y con capacidad suficiente como para eludir a la inteligencia del Estado, por los incidentes de la Legislatura porteña ocurridos el viernes pasado. “Estamos ante una acción cuidadosamente urdida de un grupo de alrededor de 40 o 50 personas que tuvo la capacidad de sumar a otros a su lógica violenta y que fueron solamente a hacer lo que hicieron”, aseguró el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Acerca de la identidad de los atacantes, Fernández deslizó: “Hay que pensar para qué hicieron esto y quién se beneficia”. Cerca del presidente Néstor Kirchner continúan pensando en sectores desplazados de la Policía Federal como los posibles ideólogos de la movida que ayer siguió costándole críticas a la Casa Rosada.
Evidentemente, aceptó ayer Fernández, el Gobierno no contaba con información previa sobre lo que ocurriría en los alrededores de la Legislatura el viernes, día previsto para la discusión artículo por artículo del nuevo Código de Convivencia. En la Rosada existe cierto malestar por la ineficiencia de la SIDE para adelantar lo que haría este grupo, pero ayer Fernández disimuló esa preocupación y resaltó esa falta de datos como una forma más de medir el nivel de preparación de los manifestantes.
“Lo que cabe preguntarse es qué actitud tienen estos grupos para poder, inclusive, sortear la Inteligencia del Estado”, subrayó. Y siguió: “Esto no fue el resultado de una manifestación espontánea, muy por el contrario, fue urdida para buscar o generar sensación de intranquilidad en la gente o que hayan buscado directamente una reacción del Estado”.
Una muestra de la poca información que manejaba la Rosada fue el frágil operativo preventivo que montó el viernes el Ministerio de Seguridad, con un grupo de policías, sin armas de fuego para custodiar las vallas y las vías de acceso. Como rápidamente se vieron superados en número por este grupo que encabezó las acciones violentas y entonces, por orden de la Rosada, se limitaron a resguardar los accesos del edificio para que los manifestantes no pudieran ingresar.
El Gobierno recibió varias críticas por la supuesta falta de prevención de los hechos del viernes. Uno de los críticos fue un habitual aliado de la Rosada, el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, quien remarcó la necesidad de “trazar un límite” ante el incremento de la violencia en las protestas. Sin embargo, ayer, Fernández aseguró que el jefe de Gobierno se enteró de lo que estaba pasando gracias a él.
“A mí me llama a veces la atención la preocupación que expresa Aníbal Ibarra que se enteró de estos hechos porque yo lo llamé por teléfono, porque estaba comiendo fuera de la Legislatura y ni siquiera sabía lo que estaba pasando”, reveló Fernández. También le recomendó a Ibarra “que sería bueno que todos vean como vimos nosotros cómo fueron desarrollándose los hechos”.
Otro que salió ayer a marcar diferencias con la forma de actuar de la Rosada fue el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, quien remarcó que “es una obligación del Estado intervenir” cuando se ataca un edificio público. “Si con motivo de manifestaciones de esa naturaleza se llega a un punto, donde ni con la disuasión ni con la prevención y contención se logra el objetivo y se atacan bienes o personas, es una obligación del Estado intervenir, nosotros tenemos esa doctrina”, explicó. El funcionario bonaerense, también de muy buen diálogo con el Gobierno, consideró que “estamos hablando de una modalidad totalmente novedosa, de una violencia irracional que trata de romper, de cometer daños de distinta naturaleza. Es una violencia que hay que enfrentar y no puede ser que se la deje avanzar, hay que buscar su límite”, puntualizó.
19 detenidos
En la causa abierta por los incidentes quedan todavía 19 detenidos que el domingo a la madrugada terminaron de declarar ante la jueza de instrucción Silvia Ramond, quien ahora debe resolver su situación. En rigor, los detenidos en principio fueron 23 personas, pero cuatro fueron dejados en libertad y entregados a sus padres porque eran menores de edad. Entre los 19 detenidos, hay 16 hombres, dos mujeres y una travesti, que ayer continuaban detenidos en diferentes dependencias del Servicio Penitenciario.
En el juzgado explicaron que “aún no hay una calificación concreta y definitiva de los delitos que pueden haber cometido los detenidos, pero sí una enumeración de los hechos que están siendo objeto de investigación”. La calificación del delito se podría orientar hacia la “coacción” o, incluso, “coacción agravada” si se puede probar que el accionar de los manifestantes era para impedir que sesionara la Legislatura.
La jueza Ramond continúa trabajando a través de videos para tratar de individualizar otros manifestantes de los que produjeron desmanes el viernes para ordenar nuevas detenciones. De hecho, reconocían en el juzgado, los videos son hoy la principal prueba contra los detenidos.