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El general Luciano Benjamín Menéndez apeló a un gastado argumento de los represores: negar legitimidad a la Justicia para investigar los crímenes que cometieron durante la última dictadura. Ante el juez Jorge Urso, a cargo de la causa sobre el Plan Cóndor, el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército se negó a declarar pero repartió un comunicado provocador en el que afirmó que “la ley vigente cuando la subversión marxista inició el asalto a nuestra Patria era el Código de Justicia Militar que designaba como juez natural al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas”.
Menéndez fue trasladado desde Córdoba, donde cumple arresto domiciliario por su responsabilidad en secuestros y asesinatos cometidos en jurisdicción del Tercer Cuerpo. Ante Urso, el represor debía responder por las personas que desaparecieron dentro del Plan Cóndor, como se llamó a la coordinación represiva entre los gobiernos del Cono Sur durante la década del 70.
“Me negué a declarar porque quien me citó no es juez competente. No declaré pues, como no lo he hecho ante nadie que no fuera mi juez natural, para ceñirme al cumplimiento de la Constitución Nacional, hoy permanentemente violada”, señaló Menéndez en su comunicado, en el que pidió ser juzgado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
La apelación a la Justicia militar es un viejo reclamo de los militares que se contradice con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Este tratado excluye a los fueron especiales –entre ellos el militar– para investigar ese delito. Además, la Corte Suprema ya dejó sentado que las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares de la última dictadura son competencia de la Justicia civil. Lo hizo en 2000, cuando el propio Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas encabezó una maniobra para tratar de apoderarse del expediente en el que se investiga el plan sistemático para apropiarse de los hijos de desaparecidos.
En esa oportunidad el reclamo había partido del ex jefe de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros. Este último también se presentó ayer ante Urso y negó haber cometido los delitos de asociación ilícita y desaparición forzada de personas que le imputa Urso. Hoy será el turno del represor Antonio Domingo Bussi.
En la investigación sobre el Plan Cóndor ya está procesado el dictador Jorge Rafael Videla. Junto con Bussi, Menéndez y Riveros, Urso ordenó hace diez días las detenciones de los ex ministros de la dictadura Albano Harguindeguy y Ramón Díaz Bessone, los ex generales José Vaquero, Leopoldo Flores, José Rogelio Villarreal, Juan Pablo Saá y Eugenio Guañabens Perelló, y los coroneles Carlos Tragant y Carlos Londoni.