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Raúl Moneta y su asesoría letrada deben haber festejado largamente el fallo de la Sala I de la Cámara de Casación que dejó sin efecto el sobreseimiento de Jorge Macchi, desarrollista del Edificio República y a quien Moneta había denunciado por supuesta extorsión. Macchi fue procesado en tres oportunidades por el juez Ismael Muratorio y desprocesado por la Sala VI de la Cámara del Crimen en otras tantas ocasiones. La inhabitual decisión de los jueces de Casación tiene un efecto a tres bandas: reposiciona a Moneta, deja mal parada a la Cámara de Apelaciones con algunos de cuyos integrantes ciertos jueces de Casación mantienen un sordo enfrentamiento y le echa un cable a Muratorio, quien se encuentra a punto de ser citado por el Consejo de la Magistratura para prestar declaración indagatoria bajo la acusación de “mal desempeño”. El cargo que podría ponerlo en la ruta del juicio político se basa en la actuación de Muratorio en un escandaloso caso de “forum shopping” en favor, precisamente, de Raúl Juan Pedro Moneta.
Moneta –o, mejor, su abogado el joven Alejandro Mitchell, sobrino del presidente de la Cámara de Casación– ya habían registrado una primera victoria cuando, ante la sorpresa general, Bisordi, Catucci y Rodríguez Basavilbaso aceptaron su recurso de queja. Para los especialistas, ese dato preanunciaba que el ex banquero podía esperar una respuesta positiva a sus reclamos. No se equivocaron: con inusitada celeridad, Casación anuló el sobreseimiento dispuesto en el fuero ordinario, ordenó el apartamiento de los camaristas del Crimen Carlos González y Luis Ameghino Escobar y el sorteo de un nuevo tribunal. La troika Bisordi-Catucci-Rodríguez Basavilbaso argumentó que no habían sido analizados todos los elementos aportados por los abogados de Moneta.
El hecho vino a abonar las sospechas de que mientras los juicios en su contra se mantienen paralizados o se resuelven en su beneficio, los que Moneta impulsa como denunciante avanzan rápidos como el viento. Así pasó, por ejemplo, con la denuncia que le presentara la AFIP por evasión tributaria (la Cámara de Penal Económico acaba de ratificar la falta de mérito dictada por Marcelo Aguinsky) o en la que, por lavado de dinero y caída de los bancos República y Mendoza, se enfría en la Sala I de la Cámara Federal. El mismo destino de cementerio parece tener la ejecución hipotecaria del Edificio República solicitada por el Banco Central. El edificio –en realidad la hipoteca del edificio– había sido cedida al BCRA en garantía por los cuantiosos redescuentos otorgados para evitar la que acabó siendo ruidosa caída de sus bancos Mendoza y República. El edificio insignia de Moneta, ubicado en Tucumán 1, en Puerto Madero, ha tenido un destino mágico: construido por un valor total de 45 millones (incluidos los 8 del terreno), se vendió enseguida a República Compañía de Inversiones (otra empresa del grupo) en 98 y fue hipotecado poco después en 93 por el banco de su propietario, el República. Por si fuera poco, Telefónica (socia de Moneta en el CEI) pagó sin chistar un alquiler de medio millón de dólares mensuales por los siete pisos que ocupó durante siete años de vigencia del contrato. El arreglo equivalía a seis millones anuales a los que debía agregarse un millón por el arrendamiento del espacio del cartel de Telefónica. Entre pitos y flautas, un total de 49 millones de dólares que Telefónica, además, pagó por adelantado. Menudo negocio, se dirá. Sin embargo, no se debe olvidar que era 1996, un año de plata dulce, el año del rebalanceo telefónico. Hasta hace un mes el BCRA no había logrado cobrar una sola cuota de la hipoteca que tomó para cubrirse. No obstante, Moneta no tendrá que implorar que la Asociación de Rematadores suspenda la ejecución: desde el 2002 el expediente que la solicita no se ha movido un milímetro y descansa muy tranquilo en el Juzgado Comercial 33, a cargo de Alejandro Liberti.

El mago de Py

Mucho más milagroso es lo sucedido con una investigación sobre el papel que cumplió el Federal Bank (entidad offshore de Moneta) en el proceso de lavado de dinero que habría servido para la compra de acciones del CEI. Fogoneada por un fiscal de alto perfil durante el menemismo (Raúl Plee) y radicada en el juzgado de Claudio Bonadío, la denuncia –que toma como pretexto una nota de este diario sobre el tema– viró hasta convertirse en una mega investigación sobre todas las empresas de medios. En ese escenario de transformaciones maravillosas, Bonadío (también autor del procesamiento del juez federal Luis Leiva y todos los camaristas mendocinos vinculados a la causa del Banco Mendoza) dictó una medida que impide al Comfer aprobar cualquier transferencia accionaria en los canales de televisión de aire y cable. Diligente, Bonadío solicitó al Comfer el envío de los acuerdos preventivos extrajudiciales (APE) concretados por Cablevisión y Multicanal; con similar ahínco pidió a la Justicia ordinaria la remisión del expediente que ventila el litigio de Moneta contra su ex socio Tom Hicks por las acciones de Cablevisión y provocó el grosero episodio de “forum shopping” (elección a dedo del juez interviniente) que amenaza con el juicio político a Muratorio y Juan José Mahdjoubian. Nadie sabe con exactitud qué tienen que ver estas cuestiones con la denuncia original y menos aún por qué razón las medidas de Bonadío no incluyen ni a Canal 9 ni a Moneta, quien, según el artículo que se utilizó como iniciador de la causa, venía a ser el principal sospechado. El juez parece tan preocupado por avanzar en este tema, que ya lleva varios años, que habilitó la feria judicial para tomar medidas durante estas vacaciones de invierno.
Las alternativas del expediente y los variados recursos que forman parte de la alforja doctrinaria de Bonadío fueron difundidos con entusiasmo por Edición i, un folleto menos amarillo que El Guardián pero, a semejanza de éste, puesto a la tarea de estigmatizar a todos aquellos personajes que Moneta ha convertido en objeto de su venganza. La otra publicación prohijada por Moneta es El Federal. Aunque anuncia un precio promocional de 2,90 pesos y se presenta como publicación dedicada al campo, igual que Edición i se distribuye de forma gratuita en Tribunales (el combo de productos gráficos entregados sin cargo al Poder Judicial incluye InfoBAE). Si bien Moneta no figura como propietario o editor responsable, no puede con su genio y siembra El Federal con todos los clichés de su entorno, los chirimbolos de su estética y los nombres de su elenco estable: una columna firmada por su amigo, y empleado Salvador Radavero, la dirección periodística de Ignacio Fidanza las pinturas de Florencio Molina Campos, espuelas, mates, rastras, guardas mapuches o noticias sociales referidas a quien fuera su colega en las finanzas, el ex embajador en Washington Diego Guelar.
En uno de sus últimos números rompió con la armonía rural y reporteó a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, con la intención de aportar a la defensa de Roberto Marquevich, destituido de la magistratura por su actuación en el caso de Ernestina Herrera de Noble, directora del diario Clarín. En la cruzada por salvar a Marquevich del juicio político –o, si se prefiere, en la cruzada contra el grupo Clarín, al que sindica como responsable de todos sus males–, Moneta y su socio Daniel Hadad visitaron a un ministro de la Corte. Los propietarios de Canal 9 fueron escuchados con simpatía, aunque la decisión de los integrantes del jurado, al final, fue mayoritariamente hostil al juez federal de San Isidro. De todos modos, de los dos votos que se contabilizaron en su favor uno pertenecía al miembro de la Corte Augusto Belluscio, quien en representación del Supremo presidió el Jury.