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El plan de viviendas que lanzó el Gobierno pretende ser una carambola a varias bandas. Mitigar el déficit habitacional, claro está. También generar empleo masivo. Dinamizar la economía. Fomentar la capacitación, la organización y el cooperativismo entre trabajadores ocupados y desocupados. Intervenir en los desequilibrios regionales (cuando se desagregue la distribución geográfica se verá que el epicentro de las obras es el conurbano bonaerense). Se trata de objetivos ensamblados, típicos de una política económica keynesiana.
Es fácil compartirlos y, desde tiendas progresistas, saludar el regreso de políticas proactivas que pueden tener impacto masivo. Pero también es del caso hacerse la pregunta del millón que es si el Estado argentino está actualmente en condiciones de promover con éxito esas políticas. La intervención pública en la economía tenía su correlato en un Estado fuerte, activo, dotado de recursos humanos, materiales y simbólicos que lo hacían apto para contrarrestar la lógica de los mercados. La destrucción del Estado ha dejado huellas imborrables en sentido opuesto y está por verse si hoy puede cumplir las misiones que gerenciaba su hermano mayor, en lo que (visto con la perspectiva que dan los años) resultan ser los viejos buenos tiempos.
Las dificultades de financiamiento en el mediano y largo plazo son una de las obvias mochilas de la época actual. Pero hay otras que deberán afrontarse, si empiezan a cumplirse las ambiciosas metas anunciadas ayer. La economía argentina es pequeña y vulnerable. Su mercado es más imperfecto que nunca. Los materiales de la construcción, por caso, son insumos que tienen proveedores monopólicos u oligopólicos, por lo menos. Un crecimiento exponencial en la construcción determinará, si rigen sin cortapisas las reglas del mercado, un crecimiento abrupto de la demanda de materiales. Puede haber aumentos de precios, cuellos de botella de producción, desabastecimiento. El presidente Néstor Kirchner viene diciendo en estos días que tiene la voluntad de evitar esas contingencias, que pueden ser utilizadas retorsivamente por una oferta superconcentrada. ¿Mantendrá el Gobierno su voluntad en el tiempo? Y así la mantenga, ¿contará con suficiente poder para imponerse a los empresarios del sector cuya mayoría es “nacional”, pero que no suele conducirse como “popular”? Y así cuente con el poder, ¿estarán sus cuadros ministeriales y de rangos inferiores a la altura del desafío, mucho más complejo que lo que era hace décadas? Son preguntas inquietantes para un gobierno que no las tiene todas consigo a la hora de gestionar. Y que aspira a generar el retorno del Estado sin haber restaurado todo lo que desguazó la suicida política de los ‘90.