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En medio de intereses cruzados, el Consejo de la Magistratura no dio quórum para una sesión extraordinaria en la que debía resolver qué hacer con los ñoquis del jurado de enjuiciamiento, el tribunal encargado de hacer juicio político a los jueces. Sólo la mitad del pleno concurrió a la reunión pese a que el propio cuerpo de consejeros, como administrador del dinero del Poder Judicial, la había convocado ante una situación crítica: en el jury los empleados cobran sueldo, pero no siempre van a trabajar.
Una denuncia que hizo en junio el consejero Beinusz Szmukler puso el problema del jury sobre el tapete. Presentó un informe que mostraba que el organismo resuelve 1,33 caso al año con un staff de medio centenar de empleados, casi cinco veces más de gente que un tribunal oral criminal, que analiza 500 expedientes en el mismo lapso. El mes pasado, el presidente del jurado, Augusto Belluscio (también vice de la Corte Suprema), fue un día cualquiera a pasar lista entre el personal y corroboró que los despachos estaban vacíos. Abrió entonces un sumario interno que sus compañeros cerraron.
El Consejo de la Magistratura no tiene facultades para reformar la estructura del jury –una potestad parlamentaria–, pero sí para controlar y gerenciar sus gastos. Por eso había llamado a un plenario excepcional que se celebraría ayer. Sin embargo, concurrieron sólo diez consejeros de los veinte. Hacen falta doce para tomar decisiones.
Szmukler fue el único de los pocos presentes que habló. Criticó las ausencias, remarcó que nadie justificó la falta y recordó que el titular del cuerpo, Enrique Petracchi (también presidente de la Corte), en el pleno del 15 de julio dijo: “La cuestión de los empleados del jury es una vergüenza, es una deuda que tiene el Consejo ver estas cosas”. El supremo, además, recomendó “definiciones cuanto antes”. Con suerte, el tema será tratado el jueves que viene. Szmukler advirtió que él no va a convalidar el pago de honorarios si no hay tareas acreditadas.
Tanto en el bando de los consejeros que faltaron como entre los que concurrieron ayer, señalan un mismo conflicto. El Consejo y el jurado, repiten, son “corporativos por naturaleza”. Ambos están integrados por legisladores (senadores y diputados), jueces y abogados que “se cubren mutuamente”. Incluso cuando designan a sus colaboradores, agregan al especular, tal vez están dirimiendo alguna interna o saldando alguna deuda dentro de sus corporaciones. En el tribunal de enjuiciamiento, los vocales jueces y políticos son los que más asesores tienen. Entre ellos, el camarista Sergio Dugo fue denunciado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires y tiene pedido de juicio político, porque habría usado los servicios de algunos de sus empleados del jury en su vocalía de la Cámara Federal de La Plata y porque habría forzado la absolución del ex juez salteño Ricardo Lona. Además, cinco consejeros agregaron un pedido de investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.
El asunto de Dugo abrió una controversia simultánea que se convirtió en factor de negociaciones. El jurado se declaró incompetente para investigarlo y en el Consejo hay un sector, sobre todo los jueces, que también quiere desprenderse del expediente. Así las cosas, por ahora no se sabe quién investiga a los magistrados que integran el jury, aunque lo más factible es que el asunto quede en la Comisión de Acusación de la Magistratura.
¿Qué pasará con el jurado? Más de un consejero preferiría recostarse en una salida que no los comprometa: por ejemplo, que el Congreso disuelva el cuerpo y lo convierta en un tribunal que se reúna sólo cuando hay un juicio en danza. Un grupo de senadores cercanos al Gobierno fogonea esa alternativa, pero también encuentra resistencias.