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Después de una semana de intensas negociaciones, el Gobierno y las AFJP sellaron ayer un acuerdo de reestructuración de la deuda. Ese pacto constituyó el primer paso para la salida del default: los fondos de pensión poseen el 17 por ciento de los títulos públicos en cesación de pago. El esquema que consensuaron el Ministerio de Economía y esas compañías que manejan el dinero previsional de los trabajadores diluye la quita sobre los ahorros de los afiliados. Néstor Kirchner se reservó para sí el cierre formal de las negociaciones en una reunión en la Casa Rosada, a la que asistieron Roberto Lavagna y los principales ejecutivos de las administradoras.
A pesar de que el Gobierno vivió con satisfacción el acuerdo, los festejos quedaron para la intimidad de los despachos. Como los detalles de la operación deben presentarse ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC), para su aprobación, ayer se descartó un anuncio oficial. No obstante, se espera que en las próximas horas se dé a conocer un decreto por el cual se establecerá el marco de la operación.
El acuerdo se terminó de sellar tras la realización de dos reuniones de primer nivel. En la inicial, a primera hora de la mañana, los ejecutivos se encontraron en Economía con Lavagna y el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. A continuación, todos ellos cruzaron la calle y visitaron a Kirchner en la Rosada.
La operación se constituyó en una señal contundente hacia los demás acreedores de la Argentina: las AFJP poseen bonos por 15.300 millones de dólares. También puede interpretarse como una definición política del Ejecutivo: dejar a un lado las gruesas críticas lanzadas a comienzos de la gestión y preservar el sistema de jubilación privada. Al respecto no debe pasar desapercibido que en la propuesta de reestructuración de la deuda, las AFJP fueron tenidas en cuenta para refinanciar vencimientos de una parte de la deuda nueva.
Para evitar el perjuicio para los nueve millones de afiliados al régimen de jubilación privada, los negociadores diseñaron una especial ingeniería financiera. Bajo este esquema se intenta evitar una ola de juicios en contra de las compañías. El principal argumento radica en que, si bien se sustituyeron bonos en dólares por otros en pesos, se preservó el poder de compra de los ahorros de los futuros jubilados. Los aspectos centrales de la operación son los siguientes:
- Los bonos en default, nominado en dólares, serán canjeados por los nuevos Cuasi Par, en pesos, a 42 años de plazo. Para evitar una quita sobre el capital acumulado de los clientes, los nuevos bonos se registrarán a “valor técnico” de los préstamos garantizados pesificados y no a “valor de mercado”, ya que este último tiene un precio inferior. Así, la Superintendencia de AFJP contabilizará a los Cuasi Par a 180 pesos por lámina.
- Esa contabilidad “creativa” tendrá vigencia durante cinco años. Así, el valor de las cuotapartes de los afiliados mantendrá un valor similar al actual. Es decir, no habrá quita sobre los fondos acumulados.
- Al contrario, algunos observadores sostienen que esa cuotaparte podría subir porque el Gobierno entregará un bono especial en pesos, ajustable por la inflación, a diez años de plazo (vencimiento 2015) a cambio de las Letes que las AFJP tengan en cartera. En total son 2650 millones de nominales, entre las emitidas en dólares y en pesos. Esta operación redundará en una mejora para las compañías, ya que los nuevos títulos tendrán una mejor valuación que los Cuasi Par. Las Letes habían sido compradas en forma compulsiva por las administradoras en la última época de Domingo Cavallo, ya que se las entregaban a medida que se iban venciendo sus plazos fijos.
Esta operación con las Letes tendrá como principales beneficiarias a las AFJP que lideraron las negociaciones: Consolidar, Orígenes, Máxima y Siembra. Entre las cuatro poseen el 76 por ciento de las Letes existentes. No obstante, si el ranking se arma por la relación entre las Letes y la cartera total, el primer lugar es ocupado por MET, seguida por Consolidar, Orígenes y Arauca Bit.
Otra de las medidas tomadas en defensa del sistema de jubilación privada fue la suspensión de los traspasos. La veda tendrá una duración de 90 días prorrogable por otros 90. De esta forma se evitarían problemas de liquidez porque los traspasos se liquidan en efectivo.
La medida tiende a tranquilizar a un mercado que en los últimos meses estuvo convulsionado, más precisamente desde que las compañías, salvo la estatal AFJP Nación, rechazaron los préstamos garantizados pesificados y prefirieron quedarse con los títulos dolarizados en default. En el último año se contabilizaron 800 mil traspasos de afiliados, en esa “guerra” comercial.
La suspensión de los traspasos benefició en primer término a Máxima AFJP, que entre septiembre de 2003 y agosto último perdió 41.500 afiliados. En segundo término, le tendió una manito a Orígenes, que registró un rojo de 26.600 personas, y luego a Profesión, con 14.000 bajas. Por el contrario, la administradora que más afiliados anotó fue Nación: 89.300.
La contabilización a paridad técnica de los nuevos bonos beneficiará a quienes se jubilen en los próximos años. No así a los más jóvenes, que estarán “comprando” cuotapartes a valores más caros que si los títulos se tomaran a “valor de mercado”, tal como ocurrirá dentro de cinco años.
Si bien los banqueros dejaron trascender que hubo acuerdo, lo cierto es que aún falta que se conozcan ciertos detalles técnicos de la operación. El más importante refiere a la tasa de interés que devengará el Cuasi Par.