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La Justicia puso fecha de inicio al juicio oral por los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Comenzará el primero de marzo, con el ex comisario Alfredo Fanchiotti y su chofer, el cabo Alejandro Acosta, como principales acusados. La fecha fue resuelta ayer, en una audiencia en los tribunales de Lomas de Zamora, durante la cual los abogados querellantes solicitaron que el ex presidente Eduardo Duhalde y otros ex funcionarios sean citados a declarar en el debate público.
La lista de ex hombres de gobierno cuyo testimonio solicitaron los querellantes incluyó al entonces secretario de Seguridad Juan José Alvarez, a Carlos Soria y Oscar Rodríguez (quienes eran titular y segundo de la SIDE, respectivamente), a Jorge Vanossi (ex ministro de Justicia) y a Alfredo Atanasof (de Trabajo). Con su planteo, los abogados de las víctimas buscan avanzar en las responsabilidades políticas por la masacre. Quieren saber si los que manejaban el área de Seguridad prepararon o dieron órdenes para la represión.
En relación con el ex ministro Atanasof, aspiran a que se lo interrogue porque en los días previos al 26 de junio de 2002 dijo que si los piqueteros cortaban el puente Pueyrredón sería considerado una declaración de guerra. De Jorge Vanossi, en cambio, recuerdan que después del 26 presentó una denuncia en la justicia federal sobre un supuesto complot piquetero para derrocar al entonces presidente Eduardo Duhalde, un recurso destinado a culpabilizar a las víctimas y desviar la investigación. Ambas conductas, argumentan los querellantes, demuestran que la represión no fue un exceso policial, sino un operativo sostenido por quienes tenían el poder político.
El tribunal a cargo del juez Roberto Lugones no se expidió sobre los pedidos.
La audiencia reunió a los policías acusados y los familiares de las víctimas. Encorvado, con un saco oscuro y una camisa sin corbata, el ex comisario Fanchiotti fue llevado al recinto por cuatro guardias que lo rodearon mientras presenciaba las exposiciones. También trasladaron al cabo Acosta, con quien Fanchiotti comparte la acusación por siete tentativas de homicidio más las muertes de Kosteki y Santillán. En el sector de los acusados se ubicaron finalmente los policías imputados de encubrimiento, quienes esperan en libertad el inicio del proceso.
El padre de Darío Santillán, Alberto, y dos hermanas de Maximiliano Kosteki, Mara y Vanina, ocuparon las sillas de la querella. En la parte posterior de la sala, destinada al público, casi todos eran piqueteros. Mientras se desarrollaba la audiencia, unas tres mil personas de distintas agrupaciones de desocupados se concentraron en la calle en reclamo de justicia. Adentro no se escuchó la manifestación, aunque cada tanto se oía pasar al helicóptero que sobrevoló la zona durante toda la mañana como parte del operativo de seguridad desplegado por la marcha.
A través de su abogado, Carlos Chiodo, Fanchiotti planteó la incompetencia del tribunal para juzgarlo. El comisario quiere que el caso pase a la justicia federal y que además el juicio se divida en dos. Su abogado propuso, puntualmente, que se haga un proceso por el asesinato de Darío Santillán –ocurrido dentro de la estación de Avellaneda– y otro por el de Maximiliano Kosteki y las tentativas de homicidio, ya que las víctimas fueron baleadas antes de llegar a la estación, cuando estaban en la avenida Pavón.
Al fundamentar este pedido, Chiodo anticipó cuál será la estrategia defensiva. Esbozó que la Prefectura (y no Fanchiotti) pudo haber disparado contra Kosteki y desconoció las pericias balísticas que comprometen a su cliente: “Los peritos utilizaron una escopeta común pero Fanchiotti, por su baja estatura, usa una recortada, que es de menor alcance”, dijo para despegarlo de la muerte de Kosteki. Como se sabe, Fanchiotti tampoco reconoce haber disparado sobre Santillán. Ayer dio toda la impresión de que el comisario no está dispuesto a implicar a ningún superior –policial o político– en lo sucedido. Por el contrario, su abogado dijo que la Justicia debería investigar a los piqueteros porque “provocaron daños en la calle” y “hubo quienes tenían armas de fuego”. Chiodo acusó a los fiscales de haber hecho una investigación sesgada. “El propio gobernador de la provincia ha manifestado que hubo tiradores dentro de los piqueteros y francotiradores, pero los únicos imputados son policías. Hay policías malos pero también policías buenos”, se quejó.
El Frente Darío Santillán, el Movimiento Teresa Rodríguez, el Polo Obrero, el Movimiento Territorial de Liberación y la Unión de Trabajadores en Lucha fueron algunas de las organizaciones que manifestaron durante la audiencia.
El tribunal oral reunirá en los próximos meses las nuevas medidas de prueba solicitadas por las partes. Los jueces estimaron que debido a la gran cantidad de testigos previstos, una vez iniciadas las audiencias orales el juicio se extenderá entre 12 y 16 semanas.