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Ahora que las AFJP se aseguraron un arreglo especial en la reestructuración de la deuda, los bancos van en busca de sus propios privilegios. Quieren que el Gobierno les reconozca un trato preferencial por los títulos públicos en default que mantienen en sus carteras. Se trata del Bono Patriótico que lanzó Domingo Cavallo en plena crisis de la convertibilidad y, en menor medida, de otros papeles que también quedaron atrapados en la cesación de pagos. El reclamo de los bancos, en su mayoría extranjeros, se da en momentos en que uno de los grupos de acreedores internacionales con mayor poder de lobby, el GCAB de Nicola Stock, “objetó” el pacto con las AFJP.
La petición concreta de las entidades financieras refiere a que el Bono Patriótico les vuelva a servir para pagar los impuestos. Esta chance existió hasta el año pasado, cuando quedó suspendida por Economía.
¿Qué ganan los bancos si el Gobierno acepta su reclamo? Fundamentalmente evitar una quita en el capital de sus activos, aun cuando les extiendan los plazos del instrumento. Otro punto refiere a que lograrían una sustancial disminución del riesgo crediticio: desde las casas matrices prefieren este mecanismo antes que el Estado tenga una deuda con ellos. Después del default, en el exterior buscan bajar la exposición al riesgo argentino.
En total, las entidades suscribieron unos 1380 millones de dólares del Bono Patriótico. Primero fueron 880 millones y más tarde unos 500 millones adicionales que, en aquel convulsionado 2001, canjearon por Letes. A esta suma habría que añadirles otros 500 millones de dólares que el sistema bancario todavía posee básicamente en Globales 2008 y Letes. Estos 1880 millones de dólares en títulos públicos son los únicos que las entidades financieras mantienen en situación irregular. Cabe recordar que la mayoría de los bonos en default fueron canjeados por Préstamos Garantizados cuya pesificación los bancos aceptaron.
Precisamente, esta es la gran diferencia con las AFJP. Los fondos de pensión recibieron, en forma compulsiva, Letes a medida que se les iban venciendo los plazos fijos. Y por eso se convino el tratamiento especial, con el objetivo de evitar demandas de los afiliados. Pero en el caso de los bancos la situación parece distinta, ya que la suscripción del Bono Patriótico no fue ordenada por un decreto sino que resultó optativa. La decisión que se tome al respecto también importa a las empresas líderes que compraron el bono de Cavallo y aún poseen en sus carteras por unos 120 millones de dólares.
Tras los primeros análisis, en Economía se negarían a permitir que el Bono Patriótico vuelva a utilizarse para el pago de impuestos, como quieren las entidades financieras. Sí, en cambio, tendría mayor aceptación que los nuevos bonos que se canjeen por el Patriótico puedan contabilizarse a “valor técnico” en los balances de los bancos, mecanismo que ya se instrumentó con las AFJP. No habría cambios respecto de lo que ocurre ahora: el Bono Patriótico se encuentra contabilizado a “valor técnico” y no a “valor de mercado”.
En la negociación, cada parte muestra sus cartas. Los bancos advierten que una negativa suya al canje se convertiría en una mala señal al resto de los acreedores. Aun cuando su tenencia de bonos sea escasa. El Gobierno, a su vez, tiene también su estrategia. Algunos observadores señalan que, en caso de una situación extrema, podría inducirse una fuerte desvalorización de los Boden, títulos públicos que los bancos poseen, por montos millonarios, en sus carteras.
Mientras el Gobierno intenta asegurarse el acuerdo con los inversores locales, los bonistas extranjeros reclutados por el GCAB lanzaron ayer una fuerte crítica al trato con las AFJP. En un comunicado, Nicola Stock y Hans Humes señalaron que se “violó la buena fe” en las negociaciones, ya que se le dio “un trato preferencial a un subgrupo de acreedores”. La nota concluyó: “Esos arreglos laterales (...) son deplorables porque los fondos no tienen margen para rechazar la propuesta, dado el control regulatorio del Gobierno sobre los fondos (de pensión)”.