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Primero le dieron las condolencias respectivas, a continuación le ofrecieron sus servicios. El primer estudio jurídico que llamó a la casa de Benicia Nilda Gómez era de José C. Paz. El segundo, de Morón, los siguientes dos estudios de Capital Federal. “El último no lo sabemos –explica Nilda–, apenas llamaron, mi marido les cortó.” Son los buitres, así los conoce el mundillo de Tribunales. Los padecieron los damnificados de la AMIA, las víctimas del accidente aéreo de LAPA y cuando todavía arreciaba el fuego en la disco de Omar Chabán, los conocieron quienes aún no sabían que serían víctimas de la masacre. Los caza pleitos judiciales, especialistas en daños y perjuicios, cuentan con una red de punteros en hospitales, cementerios, registros civiles y casas fúnebres que pueden llevarse hasta 5000 pesos por el contrato de un muerto. Las cientos de futuras querellas que –se sospecha– presentarán los familiares pondrá en juego, como mínimo, unos 120 millones de pesos en concepto de indemnizaciones. Los caza juicios pueden llevarse hasta un 30 por ciento de esa suma en concepto de honorarios.
Jueves 30 de diciembre. Sergio Giovannini recorría un listado de hospitales tratando de encontrar noticias de su hermana Carla. A las 23.45 hizo pie en el Ramos Mejía, uno de los que iba recibiendo heridos. Apenas entró, alguien salió a su encuentro. No era un médico sino uno de los buitres: “Recién había pasado el incendio –dice–. El tipo me decía que no me preocupara, que él se metía en la sala de guardia, que tenía un contacto adentro para pasarme el listado de los muertos.” El desconocido se presentó como abogado, le dio una tarjeta “para lo que necesites”. Sergio lo observó sorprendido. Tomó la tarjeta y la guardó. “No le di bola –explica ahora– yo estaba buscando a mi hermana, y en ese momento no le presté más atención.” Y nuevamente: “Una menos cuarto de la mañana y ya había abogados: todos sabemos que es así, en este país las cosas son así.”
El acoso tuvo miles de formas. Hubo al menos un estudio jurídico que movilizó a sus coches hasta la esquina de Bartolomé Mitre 3050 la misma noche del jueves cuando todo era una maraña de desesperación. Las cámaras de televisión, cuenta uno de los testigos, lo presentaban como “el acto de solidaridad de tal estudio de abogados”. Lo que no sabían es que en el camino, los estudios hacían promociones y campañas.
José Iglesias es el padre de Pedro, otra de las víctimas. Es abogado y fue uno de los primeros que, aún en estado de shock, tomó un micrófono a tientas, delineó un abanico de responsables y responsabilidades y convocó a los familiares para empezar a organizarse. A más de quince días de aquello, ahora es tan popular que hasta los cazadores de pleitos invocan su nombre cuando organizan alguna trampa: “Me avisó uno de los familiares”, cuenta Iglesias. Los habían llamado por teléfono y convocado a un encuentro “a pedido del doctor Iglesias”. “Cuando llegaron a la cita –explica el padre de Pedro–, los familiares se dieron cuenta de que yo no estaba: los habían metido en un estudio jurídico.”
Como buena parte de lo que sucede en torno de Cromañón, este tipo de denuncias aún no está formalizada. Sólo aquellos que han comenzado con algún proyecto de organización, como el caso de Iglesias, notan la existencia de los buitres, del acoso, como la malla de una red. En algunos casos se los han topado en llamadas de teléfono a sus domicilios, o en las marchas para reclamar Justicia, donde aprovechan para entregar tarjetas; han recibido cartas personales y hasta se encontraron con visitantes que caminan el conurbano golpeando las puertas de las víctimas y les piden una firma para presentarse como apoderados: “Los buitres están dando vueltas con el verso de siempre –dice Iglesias– dicen que no les cobran nada a la gente, lo que pasa es que después ganan (tal vez millones) con los honorarios.”

Atención gratuita desde el country
El primer síntoma de la masividad del acoso de los caza pleitos apareció cuando todo aún estaba caliente. Habían pasado apenas tres días del incendio, y algún diario comenzó a publicar los avisos con título catástrofe: “Tragedia de Once, abogados especialistas”. Sin nombres ni datos del estudio, sólo publicaron dos teléfonos. Esos mismos teléfonos aparecieron más tarde, el miércoles 12 de enero. Esa vez los anunciantes ya no eran de un sólo estudio jurídico sino de dos. Debajo del “Once” como título de venta, el supuesto estudio publicó el horario para las entrevistas con un teléfono. Después del primer discado, la voz de una grabadora le advirtió a este diario que se trataba del Estudio Valle y Asociados. Tras la grabadora atendió una secretaria:
–Esto es así –indicó– usted me deja sus datos, y un abogado enseguida se comunica con usted. Dos horas después, nadie había devuelto el llamado.
–Ya le pasé el dato al abogado, quédese tranquila que enseguida la van a llamar.
–Mire que es urgente.
–No se preocupe, ahora la llaman.
Y sucedió.
–¿Por dónde se encuentra usted? –quiso saber el abogado.
–Por la zona de Tribunales, pero puedo ir hasta donde me diga.
–No –aclaró–. Recién el lunes voy a estar por allá, ahora estoy en un country.
Los avisos, las cartas, los llamados, las repentinas apariciones en un hospital o las seudo reuniones de familiares, no son los únicos movimientos de los buitres. Félix Pelliza es abogado, ex director del Registro Civil de la Ciudad. “Se venden los datos”, dice. Los cazadores de deudos acuden a una acotada base de datos para encontrarlos: Registros Civiles, por ejemplo, donde está la “mejor información que supuestamente es información reservada”, explica el ex funcionario. También acuden a la base de datos de la Anses, que recibe el listado de defunciones, a los hospitales, consultan entre los funebreros, chequean bases de las aseguradoras de accidentes donde hay abogados que pagan un abono fijo durante todo el año y rastrean “novedades” hasta en las comisarías donde, además de los datos de víctimas, se garantizan un sumario con mejores condiciones.
En cada uno de esos frentes, quien cumple la función más importante es el “puntero”. Como si se tratara de una red de espionaje, estos personajes parecen esconderse detrás de todo: el chofer de una ambulancia, de una cochería, un enfermero o un médico de guardia en un hospital, el empleado de mesa de entradas de un Registro Civil o sus directores. Cada uno de ellos se lleva un dinero por los casos contactados y entregados. Existe un monto, explica Pelliza, “y una vez firmado el poder, el dinero pagado aumenta. Se le puede pagar 5000 pesos al puntero que lo logra”.
Los especialistas del negocio suelen ser los abogados expertos en el fuero civil y comercial. “Derivan la causa penal a un socio, y ellos trabajan fuerte la causa civil, que es la que les interesa –explica nuevamente el ex funcionario–. No les cobran a la gente porque después aprovechan los convenios que regulan los honorarios, y que fija 30 por ciento para ellos.”
Los mecanismos para capturar los casos son semejantes a los que padecen estos días las víctimas de Cromañón. Pueden ofrecer sus coches, como sucedió durante el incendio, pero además hacerse cargo de enfermedades, medicamentos, gastos de querellas, pericias y de trámites: “Hacen de todo para cuidarlos, total –advierte el abogado– después terminan descontándoselo a los clientes.”

Como en la AMIA
Una de las integrantes de una comisión de padres apenas formada, se encontró con las legiones de punteros en la puerta de la morgue judicial. “Uno nos dijo que ellos habían trabajado con las víctimas de la AMIA, pero nosotros no quisimos saber nada”, dice la mujer. Como en el caso de varias decenas de víctimas, ella terminó escogiendo a uno de sus familiares de confianza, abogado, para que lleve adelante la parte judicial. “¿Esto? –se pregunta ahora–. Esto es un zoológico: te encontrás con todo y de todo.”
Ana Sandoval todavía no lo sabía. Durante varias horas había intentado meterse entre los restos de Cromañón cuando todo aún era un infierno. Quería correr hasta la planta alta, hasta la última porción del baño donde trabajaba su amiga. Patricia, la Pato era su compañera de trabajos sociales en el barrio de San Telmo y de las tareas de mantenimiento en el local de Omar Chabán. Cuando el fuego terminó, Ana se pasó el sábado en la morgue. El domingo a la mañana tenía el cuerpo de su amiga y se puso a buscar a los vecinos de San Telmo para organizar finalmente el sepelio. La casa mortuoria había subido los precios desde la última vez que la asamblea barrial tomó los servicios para un vecino. “Cobraban 1200 pesos, y el día de Cromañón nos pasaron 1700”, dice Ana. Claro: el Gobierno de la Ciudad había ofrecido hacerse cargo de los sepelios. Los precios no eran lo único que había cambiado: cuando Ana entró a preguntar por los precios, además de los datos, le dieron el nombre de un abogado. “Cualquier cosa que necesites, te puede asesorar”, le dijeron.
“Son los cuervos, la gente que está en todos lados, en las casas mortuorias, en la morgue: los que se aprovechan de la gente que es tímida.” Jorge Luis Giralt es el ex comisario padre del socorrista de Callejeros que murió esa misma noche en el concierto. No le tocó toparse con ninguno de los buitres esta vez porque los evitó. Nadia perdió a su novio, a un hermano y a un amigo de su hermano en el boliche. Desde ese momento está preparando carteles, reuniéndose con amigos para cada una de las marchas. En el camino se fue encontrando con “como cuarenta abogados, por decirte una cantidad. Con buena onda, se acercan dejando tarjetas”. Conoció a los primeros cuando hacía guardia en la morgue esperando los cuerpos. “Venían y te decían que eran abogados del Gobierno, que los mandaba Ibarra. Uno venía, ponele, y te decía Agustín Morán, y de dónde sos, le preguntabas vos y te decían que del Gobierno, que venían a ayudar a la gente por si querían iniciar un juicio.”
Recién ahora los familiares empiezan a nombrarlos. Aparecen sus datos como una constelación que forma parte de la trama post tragedia, como los datos de color que en realidad revelan un soporte estructural: el de los negocios de la muerte.
“Carroñeros –dice Iglesias–, de abogados sólo tienen el título.” Ahora prepara una escrito para hacer una presentación formal ante la Comisión de Etica del Colegio Público de Abogados. “Tengo dos nombres con sus tarjetas y la carta para presentar.” Esa carta que, según sus datos, “mandaron a los domicilios de las víctimas cuando no habían recibido todavía los cuerpos”.
Los hermanos Damián y Gustavo Olazábal trabajaban en la barra de Cromañón cuando se desató el incendio. No recibieron tarjetas de abogados, ni llamados extraños a sus casas, aunque en la primera de las marchas a las que fueron alguien se les acercó con un puñado de volantes para invitarlos, gratis, a un encuentro asistido por especialistas en psicología social.
“Todo el mundo viene acá a buscar el voto de los muertos, como digo yo y disculpame la expresión”, dice ella, que se llama Silvia y forma parte desde hace quince días de los grupos de voluntarios que van rotando frente al santuario de Once. “Los familiares están acosados desde diez lugares distintos: abogados, infiltrados y partidaje que está todo el tiempo plantando bandera con esto.”
Silvia estaba de guardia el jueves pasado a las ocho de la noche cuando comenzaba la segunda gran marcha convocada por los amigos y familiares de las víctimas. Durante los días anteriores había visto “de todo”, incluso hasta alguien que se presentó como abogado para ofrecer servicios a los vecinos. “Por daños y perjuicios, a los comerciantes de la zona que se hayan visto damnificados por la masacre”, explica. En ese momento le dijo gracias, pero no, “¿por qué no vas a preguntarle a los comerciantes?” Tal vez, ya lo hicieron.