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Seis a cero. De esta manera contundente, por unanimidad, fue votado ayer el dictamen acusatorio contra el juez Juan José Galeano presentado en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. El texto, redactado por la diputada del ARI Marcela Rodríguez y el abogado Beinusz Szmukler, fue apoyado incluso por integrantes del Consejo que durante todo el proceso mostraron sus dudas. Tal el caso de la menemista Leila Chaya y el riojano Jorge Yoma. Sin embargo, la contundencia de las evidencias, las trece imputaciones graves, terminaron por convencer a todos. Dentro de una semana, el plenario del Consejo seguramente votará enviar el caso al jury de enjuiciamiento y suspenderá al magistrado de sus funciones. El juez no sólo afronta la destitución sino también cargos graves que podrían llevarlo a la cárcel, como ya ocurrió en su momento con su par Hernán Bernasconi.
La sesión de ayer duró apenas 20 minutos porque el caso de Galeano ya había sufrido numerosas postergaciones y los consejeros conocían al dedillo las 300 páginas del dictamen. Estuvieron presentes numerosos integrantes de Memoria Activa, que viene imputando a Galeano desde hace años, y también miembros de la agrupación Familiares. La votación fue rápida. Primero lo hizo Chaya, quien argumentó que ya en su momento, cuando integraba la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Investigación de los Atentados, había cuestionado a Galeano. Por eso –dijo– respaldó la acusación contra el juez. A continuación, Yoma admitió la gravedad de las imputaciones y dijo que en todo caso Galeano deberá defenderse ante el jury. Se pronunciaron en igual sentido el diputado Juan Miguez, el abogado Luis Pereira Duarte y obviamente Rodríguez y Szmukler, que redactaron la acusación. El único ausente fue Jorge Casanovas, el legislador que más defendió a Galeano, pero que tras el fallecimiento de su madre se tomó unos días de vacaciones.
El hecho de que la votación haya terminado seis a cero pone la base para que la semana próxima estén los votos necesarios para que el plenario del Consejo vote la acusación y al mismo tiempo suspenda a Galeano en sus funciones. Los consejeros son 20, pero a las sesiones suelen ir 18 o menos, por lo cual se necesitan 12 votos para enviar a Galeano al jury de enjuiciamiento, el proceso por el cual un juez resulta destituido o no. Dada la unanimidad en la Comisión de Acusación, es casi seguro que la votación del 9 de febrero en el plenario irá en el mismo sentido. Hasta el momento, todos los jueces enviados al jury fueron suspendidos, de manera que todo indica que con Galeano ocurrirá lo mismo.
De las trece imputaciones contra el juez, la más fuerte tiene que ver con las irregularidades cometidas al pagarle en forma clandestina e ilegal 400.000 dólares al principal imputado en la causa AMIA, Carlos Telleldín. Según los jueces del tribunal oral, esa maniobra tuvo como objetivo imputar falsamente por el atentado a un grupo de policías bonaerenses que fueron sobreseídos en el juicio. Además, Galeano ordenó la destrucción de pruebas, entre ellos varios videos; manejó arbitrariamente el expediente, permitiéndoles el acceso a algunos de los querellantes y negándoles el acceso a los defensores y a otros querellantes y, por último, los jueces del tribunal oral le imputaron haber coaccionado a testigos. Más allá de su probable destitución, Galeano debe afrontar todos estos cargos en una causa que está insólitamente demorada y que instruye su par Claudio Bonadío.