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Para reabrir, los boliches bailables en la ciudad de Buenos Aires tendrán que “reempadronarse” en un nuevo registro y cumplir con un listado de requisitos de seguridad “indispensables”, enumerados en un decreto de necesidad y urgencia que el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, tiene a la firma y que enviará la semana próxima para su aprobación en la Legislatura. Se les permitirá una capacidad máxima de dos personas por metro cuadrado. Entre otras exigencias, deberán tener un bombero de guardia y un servicio médico de emergencias permanente mientras estén abiertos al público. Además, deberán contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra la integridad física de los concurrentes y tener inscripto al personal de seguridad en el registro oficial correspondiente. Los nuevos requerimientos –que serán obligatorios también para otros locales donde se realicen bailes– fueron anunciados ayer por Ibarra, acompañado por el secretario de Seguridad, Juan José Alvarez. “La seguridad no es variable de ajuste, no es un opcional”, enfatizó Alvarez.
Entre el lunes y el martes se completarán los anuncios que prepara el gobierno porteño para enfrentar las falencias en las áreas de inspecciones y habilitaciones y los vacíos legales que dejó al descubierto la tragedia de República Cromañón. El programa normativo se desprenderá de un plan de gestión a corto, mediano y largo plazo que Alvarez le entregó a Ibarra.
Según anunció ayer Ibarra, continuará “por un tiempo más” la prohibición de realizar recitales en discotecas. “Más adelante, en una segunda etapa, vamos a determinar en qué condiciones se van a poder hacer”, señaló. La otra novedad es que la semana próxima convocarán a una comisión de expertos de las facultades de Ingeniería, Arquitectura y Derecho, de los colegios profesionales y de organismos técnicos como el INTI y el IRAM, para que –en una tarea de más largo plazo– elaboren una nueva normativa contra incendios y “aggiornen” los códigos de Habilitaciones y Edificaciones.
La nueva normativa de emergencias para el funcionamiento de boliches quedó plasmada en un decreto de necesidad y urgencia que Ibarra enviaría entre el lunes y el martes a la Legislatura. Los diputados deben aprobarlo, pero esa sanción no es necesaria para que empiece a regir. Apenas se publique en el Boletín Oficial –esto podría ocurrir entre el martes y el miércoles, según confirmó un estrecho colaborador de Ibarra–, entrará en vigencia. Si la Legislatura lo rechaza, caducará a partir de ese momento, pero en el gobierno porteño descuentan que será aprobado.
Esta norma deberá ser cumplida no sólo por los locales habilitados como discotecas, sino también por aquellos de otro rubro –como clubes– donde se realizan bailes y por los que tengan como anexo la actividad “baile”, según explicó Ibarra.
Los propietarios de los locales bailables fueron informados por Ibarra sobre las nuevas exigencias hace quince días. El detalle se lo entregó a las autoridades de la cámara del sector. De esta forma, en el gobierno porteño estiman que algunas de las discotecas podrían estar en condiciones de reabrir a los pocos días de abrirse el registro, donde deberán reempadronarse. Estiman que en los últimos días deben haber trabajado para readecuarse a las nuevas exigencias. “Para funcionar tienen que estar en el padrón”, subrayó Ibarra. Y además –añadió– cumplir con los requisitos enumerados en el decreto. Entre otros:
- Una autorización sobre la capacidad máxima del local, que ahora será de dos personas por metro cuadrado de superficie destinada a los concurrentes. Deberán colocar una chapa mural en cada puerta de acceso donde conste esta información. La normativa vigente hasta ahora era de la década del cuarenta y permitía sólo una persona por metro cuadrado. Ibarra explicó que no se hizo más laxa la nueva norma, sino que se adecuó a las características de los bailes actuales. La original respondía a la época de boites como Mau Mau o salones de tango, que requerían más espacio para el baile, aclaró el jefe de Gobierno.
- Un seguro de responsabilidad civil que cubra la integridad física de los asistentes.
- Un responsable técnico del boliche.
- Tener el personal de seguridad inscripto en el registro creado por el gobierno porteño a partir de la Ley Nº 118 de Seguridad Privada.
- Un servicio médico de emergencias, que deberá permanecer en el local mientras se encuentre abierto al público. El número de médicos se determinará de acuerdo con el número de concurrentes.
- Un bombero de guardia mientras funcione el local. “Se va a ocupar de revisar el local, de corroborar, por ejemplo, que las puertas de emergencia estén abiertas”, indicó Alvarez.
- El certificado de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, que deberá revalida cada tres meses. Hasta ahora la renovación era anual.
Según trascendió, el decreto de necesidad y urgencia se completaría con otras dos exigencias más:
- La presentación de un Plan de Evacuación, suscripto por un profesional matriculado, con individualización y actualización mensual de las personas físicas responsables de dicha actividad.
- La emisión de entradas preimpresas y numeradas en forma correlativa.
“Queremos que la normativa sea sencilla y clara. Con menos grises”, enfatizó Alvarez. El secretario de Seguridad estima que con las nuevas reglas que se exigirán para el funcionamiento de boliches, “algunos van a reabrir rápido, otros más lento, y otros nunca más” podrán hacerlo. “En mi gestión, la seguridad no es variable de ajuste, no es un opcional. Por ejemplo, si las tribunas del Buenos Aires Lawn Tennis no son como deben ser no se van a poder utilizar.”
A mediano plazo –y esto no está contenido en el decreto que está a la firma de Ibarra– se les exigirá a los locales de baile que los revestimientos acústicos sean de material no combustible. El más común usado actualmente es de poliuretano, altamente combustible. Pero en el mercado existe otro, poco conocido, que es la lana de piedra. Como adelantó Página/12, el gobierno porteño pidió a los Bomberos una serie de pruebas sobre este material, que resultaron exitosas. La lana de piedra volcánica se importa de Holanda y se utiliza en el país en la industria petrolera y automotriz. “Les vamos a dar tiempo para que se adecuen”, señaló un integrante de los equipos técnicos del gobierno porteño abocados al trabajo para enfrentar la crisis generada por el incendio de Cromañón, que dejó 192 muertos.
En el programa normativo que Alvarez elevó a Ibarra están incluidos otros items que apuntan a modificar el área de habilitaciones, donde –según trascendió– el diagnóstico que hizo el secretario de Seguridad sería lapidario.
También está previsto establecer un esquema de control de los inspectores. “Pertenezco a un partido que dice que el hombre es bueno, pero si se lo controla, mejor”, apuntó Alvarez. Este esquema, adelantó, se basaría en dos patas: por un lado, a los siete días de realizada una inspección, se publicará en Internet quién la hizo, dónde fue y qué se constató, para transparentar el sistema. “A la vez, vamos a fiscalizar las inspecciones con otro equipo una semana después”, detalló el secretario en diálogo con Página/12.
–¿Cuántos inspectores hay?
–194. A mi criterio, tiene que haber cien más. Ya le hablé de este punto al jefe de Gobierno. Se va a hacer una convocatoria. Tienen que ser elegidos y controlados adecuadamente.
–¿Cuánto gana cada uno?
–Unos 1500 pesos. Es poco. Entre las cosas que vamos a proponer es que sean incorporados a un régimen especial y así tengan una retribución adecuada, acorde a su responsabilidad.
Entre los planes de Alvarez está armar un “bloque de legalidad”, como le gusta llamarlo, que apunta a firmar una serie de convenios de cooperación y actuación conjunta con la AFIP, el Renar y otros organismos de control, para “incrementar” la capacidad de fiscalización.
Además, pondrá en marcha un “sistema desconcentrado de recepción de denuncias” sobre establecimientos presuntamente irregulares que funcionan en la ciudad. En cada Centro de Gestión y Participación –explicó– habrá una oficina de recepción de denuncia que dispondrá de un formulario único donde se volcarán los datos acercados por los vecinos. Esa información será remitida a un Centro de Análisis y Control “para programar inspecciones sobre los objetivos consignados en las denuncias”.