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Por Diego Schurman y Eduardo Tagliaferro

Desde hace más de un año los puntanos conviven con dos intendentes, dos Concejos Deliberantes, dos oficinas recaudadoras de impuestos, dos servicios que recolectan la basura. A ese cuadro propio del realismo mágico, sólo le falta el calor agobiante. Algo que llegó con el verano y con la decisión de María Angélica Torrontegui, la jefa comunal encolumnada con los Rodríguez Saá, de renunciar si es que la Legislatura reconocida por su gestión convoca a nuevas elecciones para el próximo 12 de junio. Lejos del renunciamiento patriótico la medida tiene una explicación. La Corte Suprema, que tiene el diferendo entre sus temas pendientes, estaría por fallar la semana que viene reconociendo como legítimo el mandato de Daniel Pérsico, el otro intendente en cuestión. En diálogo con este diario Torrontegui no duda en calificar que detrás de ese fallo “hay una indicación de la Casa Rosada” en respuesta al acuerdo entre los Rodríguez Saá y Carlos Menem.
Para dar a conocer su movida, Torrontegui convocó a una rueda de prensa. Allí entregó una nota en la que le notifica a Mariana Giunta, titular de uno de los Concejos Deliberantes, precisamente el alineado con su gestión, su “renuncia indeclinable” al cargo “en la fecha de asunción de las nuevas autoridades”. En buen romance, su renuncia está atada a la posibilidad de convocar a nuevos comicios.
Luego del dictamen del procurador general Esteban Righi se comenzó a especular con que la Corte Suprema fallaría en el mismo sentido: reconociendo la gestión de Pérsico. Al impulsar nuevas elecciones, Torrontegui estaría arrastrando fuera de su cargo a Pérsico en el mismo momento en que es revalidado por el máximo tribunal de Justicia. Al presentar su decisión en sociedad, Torrontegui adelantó que recurriría ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Es una payasada lo que está haciendo”, dice Pérsico a Página/12 hablando de la movida de Torrontegui. “En su momento no quiso la consulta popular. Si la Corte Suprema nos diera la razón, ella no tiene potestad para llamar a elecciones”, sostiene. Cuando se le consulta qué motivos hay detrás de esta movida, Pérsico no tiene dudas: “Buscan seguir embarrando la cancha. Es una picardía típica a las que nos tienen acostumbrados los Rodríguez Saá. Pero si el árbol está envenenado, el fruto también”.
Para Pérsico el probable reconocimiento de la Corte Suprema sería un fuerte espaldarazo. No sólo por el aval político que esto significa, también por lo que representaría en recursos. La capital provincial tiene más de 160 mil habitantes. Desde hace un año y dos meses Pérsico se maneja con los ingresos que provienen de la recaudación impositiva. Cifra que originalmente se acercaba a los 600 mil pesos y que en la actualidad trepó a los 800 mil pesos a pesar de que desde un primer momento Torrontegui llamó a la rebelión fiscal. Lo hizo desconociendo la autoridad de su rival. Ella en cambio, recibe unos dos millones de pesos mensuales en concepto de coparticipación federal que le son entregados por el gobernador Alberto Rodríguez Saá. La movida de Torrontegui sumaría mayor conflicto. “Pretenden que el caos siga en la ciudad de San Luis”, comenta a este diario el ex diputado Oraldo Britos, quien también ve la mano de los Rodríguez Saá en la decisión de la intendenta. Claro que son muchas las cosas en juego. En palabras de Pérsico: “Ellos no pueden desconocer el fallo de la Corte. Entrar en desacato conlleva el riesgo de una intervención federal a la provincia”.