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La Argentina ha culminado la reconversión de su deuda pública con los tenedores privados de bonos. Se ha logrado una aceptación por un 76 por ciento del total y se ha convertido a moneda local el 37 por ciento del importe canjeado. Puede considerarse que se ha dado un paso importante. La negociación ha sido dura y compleja, no exenta de amenazas y ha deparado una lección: actuar con firmeza y racionalidad brinda resultados, no sólo en términos de logros concretos, sino también en dignidad. Esta posición oficial ha contado con el consenso de la sociedad, el cual ha sido crucial para hacer frente a las presiones de los sectores vinculados con los intereses de los acreedores. Ha dado más frutos, por cierto, que las políticas previas de emitir “señales amistosas” a los volátiles y oportunistas mercados financieros, fundamento de las orientaciones neoliberales dominantes en la “segunda década perdida”, la de los ’90.
Se encara ahora la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, suspendida en septiembre de 2004. Entendemos entonces que son apropiadas las siguientes consideraciones:
El FMI ha mostrado una considerable ineptitud para desempeñar la función que su estatuto le asigna, esto es, contribuir al crecimiento equilibrado de los países miembro, en condiciones de pleno empleo. Ello se desprende del análisis de su desempeño durante las últimas dos décadas. Se ocupó, eso sí, de promover la liberalización comercial y financiera, los ajustes ortodoxos y las privatizaciones, políticas que contribuyeron a generar episodios de crisis sistemáticos, que –por otra parte– ni siquiera fue capaz de anticipar. Así ocurrió, en la última década, en los casos de México, el Sudeste asiático, Rusia y Brasil.
Y así se comportó también con la Argentina, que brindó un terreno especialmente fértil para su accionar. En nuestro país el FMI además incrementó considerablemente sus préstamos, avalando alquimias financieras que intentaron dar sustento a un modelo inviable e inequitativo, con el único resultado de contribuir en definitiva a la fuga de capitales previa a la crisis terminal de fines de 2001. Luego presionó –a principios de 2002– por una liberalización cambiaria que produjo una corrida, morigerada luego por los controles de cambio instrumentados, contra su parecer, por el gobierno argentino. La consecuencia ha sido la pauperización inédita de gran parte de la sociedad argentina.
El FMI no parece haber extraído lección alguna de su larga serie de errores. Más allá de la tenue autocrítica elaborada por su “Oficina de Evaluación Independiente”, sus voceros, sus técnicos y sus directivos reiteran sus recetas. A ellas se agregan ahora reclamos a favor de la inclusión en el plan inmediato de pagos de deuda de los acreedores que no ingresaron al canje y el ajuste de las tarifas de los servicios públicos, amén de una retahíla de pedidos de reformas “estructurales” (para el sistema financiero, el mercado de trabajo, el sistema previsional, la coparticipación federal y otras varias cuestiones). Estos son los temas que, de hecho, integrarían la agenda de la negociación.
Entendemos que, en primer término, la negociación debe encararse considerando la sustancial corresponsabilidad del FMI en la gestación y los resultados de la crisis argentina. Al mismo tiempo, deberá también ser revisado el particular modo en que los organismos multilaterales hacen valer su condición de “acreedores privilegiados”. Desde el año 2002 han percibido, en tal carácter, no menos de 10.000 millones de dólares.
Es hora de que estos organismos concurran con parte del esfuerzo requerido para que la Argentina, termine de superar su crisis y pueda enfrentar obligaciones externas a la altura de su real solvencia. En consecuencia, debería determinarse una trayectoria futura de pagos congruente con el perfil de compromisos asumidos con los acreedores privados y, sobre todo, con una senda sostenible de crecimiento con equidad. Esta trayectoria no puede ser forzada de modo irracional y debería además acordarse para un horizonte de mediano/largo plazo, a fin de ofrecer un horizonte previsible(y creíble) a todos los actores económicos. Una estrategia razonable para nuestro país sería la de buscar una extensión de los plazos en un escenario de 10 o 12 años, en un arreglo en que podrían ganar ambas partes.
Deberían rechazarse de modo terminante las denominadas “condicionalidades estructurales”, que están fuera de la órbita de las funciones establecidas en el Estatuto y la normativa del FMI. Toda insistencia al respecto no puede ser considerada sino reflejo del accionar de intereses particulares, cuya defensa a través de un ente de carácter público y multilateral como el FMI es éticamente repudiable, violenta las normas y –en definitiva– tiende a deslegitimar aún más una institución enmarcada en el sistema de las Naciones Unidas. Sólo cabe aceptar condicionalidades referidas estrictamente a la capacidad de pagos del Estado, en términos fiscales y cambiarios.
En este último sentido, y teniendo en cuenta que no se requieren nuevos fondos sino la modificación de los vencimientos existentes, debería analizarse seriamente –como último recurso– la posibilidad de suspender temporalmente los pagos al FMI y al Banco Mundial, en caso de que estos organismos no refinancien los vencimientos o pretendan hacerlo al costo de comprometer las políticas económicas soberanas de desarrollo.
Por otra parte, debe recordarse que la Argentina suspendió temporalmente los pagos a los organismos durante el cuarto trimestre de 2002, lo cual no sólo no nos llevó el apocalipsis anunciado por los epígonos de la dependencia –en un momento mucho más crítico que el presente– sino que, por lo contrario, aquella decisión permitió fortalecer el poder negociador de la nación y ayudó a revertir la depresión económica iniciada en 1998.
El actual contexto político en América latina brinda una oportunidad para avanzar en una estrategia conjunta del Mercosur que permita armonizar criterios comunes en las negociaciones financieras con el Fondo, que pueden ser extendidos –en el mediano plazo– a otros países hermanos.
Desde el Plan Fénix nos dirigimos a la sociedad para que apoyemos una negociación firme y racional en la que necesariamente deben rechazarse las condiciones inaceptables. Con seguridad, los intereses de siempre, a través de sus voceros locales y foráneos, con menguado prestigio pero con poder político, financiero y mediático pronosticarán catástrofes, como lo han hecho –sin éxito– en estos últimos tres años. La lección de nuestra historia reciente es, sin embargo, que la firmeza otorga beneficios, que los argentinos dependemos –en lo sustancial– de nosotros mismos y de nuestros vecinos y amigos de buena voluntad, y que debemos insertarnos en el mundo desde una perspectiva sustentable y autónoma.
Esto implica seguir privilegiando, como hacen los países desarrollados, el ahorro y la producción nacional –única manera de recuperar en forma sostenida el empleo y los salarios– en lugar del endeudamiento y la especulación financiera.
Dejamos para el final, deliberada y provocativamente, lo que debe ser lo primero. Una dimensión fundamental en la definición de una estrategia de desarrollo es la que define la prioridad de pago de las distintas deudas. La Argentina está en mora o default –si se prefiere– con el 45 por ciento de la población que percibe ingresos inferiores al nivel de la línea de pobreza. Un plan de cancelación urgente de esta deuda debe ser el punto de partida de una estrategia de desarrollo con equidad y, desde ya, condición irrenunciable para las negociaciones que recomienzan con el FMI.

* Proyecto Estratégico de la Universidad de Buenos Aires. Coordinado por Abraham Gak.