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A pesar de que las conducciones del PJ y la UCR en la Cámara baja se habían mostrado proclives a darle media sanción a la modificación de la Ley de Quiebras, tal como lo viene recomendando el FMI, las diferencias internas en los bloques hicieron fracasar la sesión. Aunque los peronistas culparon a sus pares radicales por el fracaso de la sesión, no pudieron ocultar que durante toda la jornada de ayer el PJ mantuvo fuertes discusiones y no contó con el número necesario para aprobar el proyecto oficial. Lo intentará hoy y sumará a la agenda la modificación a la Ley de Subversión Económica, la eliminación del impuesto a la importación de gasoil, la convalidación del decreto presidencial de bonos y del CER. Aunque en la comisiones en las que se discutió el tema se daba por descontado que peronistas y radicales aceptarían la nueva Ley de Quiebras, a los diputados les rondaba una pregunta cuya respuesta los aterroriza: ¿por qué el Fondo está tan interesado en una Ley de Quiebras y en la derogación de la de Subversión Económica?
Tal demanda la formuló en voz alta delante de Página/12 un destacado legislador de la UCR. Su respuesta fue lapidaria: “El Fondo quiere que los bancos puedan quedarse con todas las empresas quebradas y además que los banqueros no vayan presos”. No hubo otro parlamentario que repitiera esta definición, pero el tema se planteó en las discusiones de los bloques. La reunión del PJ comenzó a la mañana. Costó tiempo pero finalmente se acercaron posiciones sobre el tema de quiebras aunque se abrieron otros frentes.
“Están a punto de agarrarse a trompadas”, respondió una diputada justicialista antes de ingresar a los ascensores del edificio anexo, cuando una ocasional empleada le advirtió que “los gritos se escuchan desde lejos”. Hasta ese momento el PJ no contaba con los votos necesarios. De los 118 diputados del bloque, sólo unos 100 estaban dispuestos a votar la Ley de Quiebras.
Las recriminaciones comenzaron cuando un grupo de diputados que no había participado del plenario de las comisiones de Presupuesto y de Legislación General reclamaron a las autoridades del bloque una copia del dictamen oficial. “En enero, cuando repartieron los borradores de la anterior Ley de Quiebras, los que defendieron el proyecto en el recinto tenían otro texto”, comentó a este diario una diputada para explicar las razones de su desconfianza. Un buen rato se llevó el punto de incluir o no a las denominadas “industrias culturales” entre las empresas exentas de la posibilidad que el acreedor se apropie de la firma, en el proceso conocido como cram down o capitalización forzada. Aunque esta medida había sido defendida por Miguel Angel Toma, al estar ausente en la reunión matutina de ayer del bloque peronista, se acordó que no formaría parte del dictamen. La definición no fue menor, debido a las fuertes presiones que muchas empresas realizaron ayer en varios despachos legislativos. Todas ellas pretendían un beneficio similar. Otro punto que dividió aguas dentro del bloque peronista fue la iniciativa para desgravar la importación de gasoil. En este punto hay un proyecto del mendocino Arturo Lafalla y otro remitido por el PEN. Aquí se enfrentaron dos posiciones: los más oficialistas entendían que esa posibilidad sería interpretada como un nuevo enfrentamiento con las petroleras y los que creían que así podría bajarse el precio del gasoil.
“Las discusiones fueron una forma de hacer terapia”, minimizó el salteño Juan Manuel Urtubey. No obstante, el peronismo continuó con algunas de esas diferencias en las bancas, cuando se realizaba la reunión de Labor Parlamentaria y la sesión ya había naufragado.
En el radicalismo también hubo un fuerte debate. Tampoco hubo allí acuerdo sobre las “industrias culturales”. “No hay acuerdo para incluir eltema”, comentó a este diario el radical Fortunato Cambareri. El legislador también adelantó que “el bloque votará en contra de la modificación de la Ley de Subversión Económica”.
Por si los problemas fueran pocos, los representantes provinciales Lafalla, Gustavo Gutiérrez y Cristina Zucardi presentaron una iniciativa que proponía que el Banco Central se hiciera cargo del Fondo Fiduciario de deudores incobrables de los bancos provinciales, que las provincias habían sumado a sus pasivos antes de privatizarlos. Algunos legisladores calculaban que la suma rondaba unos 7 mil millones de dólares, cifra nada despreciable que paralizó a los oficialistas. Todo mientras algunos, como el bloquista sanjuanino Julio César Conca, reclamaba el tratamiento de esta iniciativa como condición para avanzar sobre quiebras. Muchos obstáculos para llevarlos al recinto. El peronismo postergó la sesión en medio de los fuertes rumores de que, si no se aprobaba quiebras, Duhalde daría un pronto paso al costado.