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Extensa, trabajosa y polémica fue la sesión donde anoche, al cierre de esta edición, los senadores se aprestaban a dar media sanción a la reforma de la Ley de Subversión Económica. El bloque justicialista pugnaba, en su mayoría, por alcanzar un objetivo no menor para el gobierno de Eduardo Duhalde: el satisfacer una de las tantas exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de una exigua ayuda financiera.
No fue una tarea fácil la del oficialismo. Primero tuvieron que rever su primigenia decisión que era la derogación lisa y llana de la Ley de Subversión Económica. La falta de consenso dentro del bloque –que hacía incluso peligrar el equilibrio interno– fue subsanada por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien dijo que con la modificación alcanzaba para satisfacer al Fondo Monetario. A partir de allí, el titular del bloque, José Luis Gioja, presionó para llegar al recinto y dar media sanción al proyecto.
La modificación alcanzada implica la variación del artículo sexto que tipifica una serie de maniobras económicas realizadas “con ánimo de lucro o maliciosamente” para penar en el futuro sólo aquellas que sean realizadas “fraudulentamente”.
Antes de su tratamiento, el presidente del cuerpo, el cordobés Juan Carlos Maqueda, puso a consideración del cuerpo el debate sobre tablas, es decir sin despacho de comisión. El encargado de poner a consideración la propuesta del Ejecutivo fue el peronista Miguel Angel Pichetto. Con voz firme, con tono casi militar, el senador por Río Negro justificó el proyecto. Reconoció que él era partidario de la derogación de la norma y así lo hizo saber a lo largo de su discurso. El legislador buscó ser sincero, muy sincero. Sin vueltas dijo que el país tiene dos caminos: “O somos Albania o recuperamos un camino que nos permita cumplir con los organismos internacionales de crédito”, discurseó antes de meterse de lleno en las razones de la nueva norma. Recordó que la ley originalmente buscaba perseguir a los “subversivos de los setenta”, pero hoy “son los banqueros y los funcionarios del Estado los que pueden caer en esta figura”. Levantando la voz, aseguró que “lo que no se dice es que todas estas conductas están en el código penal” y dijo que “si hay derogación, no hay vacío legal”. En cuanto a las advertencias sobre las consecuencias de la modificación de la norma 20.840, señaló que “aquellos que dicen que la reforma dejaría libres a los responsables de delitos, les digo que de ninguna manera. Los jueces tienen toda una artillería penal para perseguir y condenar a los que cometen estos delitos”.
La incorporación de la figura penal del fraude es la que provocó el mayor repudio de aquellos que votaron en contra de la norma como el justicialista Jorge Yoma. El riojano afirmó que la incorporación de la palabra “fraudulentamente” exige a la Justicia “acreditar el despliegue de un ardid por parte del autor de los hechos”. En cambio, el texto original castigaba al que con ánimo de lucro “disminuía el patrimonio del establecimiento destinado a la prestación de un servicio, por ejemplo financiero”. El riojano destacó que “no recuerda en la historia argentina que el FMI exija la derogación de leyes penales. De ser así, significará una amnistía para más de 50 causas que hoy están en los tribunales y son quienes los que deben determinar la culpabilidad o la inocencia”.
La modificación de la 20.840 provocó una sucesión de discursos en su contra. Jorge Busti, por caso, dijo que “no hay un reclamo popular” que exija el tratamiento de esta norma y que tampoco estaba dispuesto a sesionar por la presión del Fondo Monetario o de algún funcionario de los Estados Unidos. Irónico, el senador reconoció que le gusta que los banqueros estén desfilando por los juzgados, “si son inocentes bien, pero si no que se hagan responsables de sus actos”. Recordó también que en lossetenta “la ley perseguía a los activistas políticos y sindicales, pero hoy volvió sobre sus ideólogos (de la ley)”.
La santacruceña Cristina Fernández de Kirchner, a su turno, advirtió que “entramos en tiempo de descuento, no van a venir fondos y derogando esta ley a la debacle financiera y económica le agregamos la desligitimación del Parlamento”.
Eduardo Moro fue el responsable de dar a conocer la posición del bloque radical. Con un discurso enrevesado y difuso dijo que la iniciativa oficial “a todos nos duele porque es como una imposición externa”. El jujeño Gerardo Morales arrojó un poco de luz a lo dicho por Moro al sostener que “hay que cambiar la manera en que el Presidente y el Congreso se paran tanto ante la crisis como ante los organismos internacionales. En la medida que sigamos así, vamos en un camino inexorable que nos enfrente a unas urgentes elecciones”.
Otro riojano, Eduardo Menem, fue uno de los pocos que se inscribió para apoyar la iniciativa. Antes que nada recordó que siempre estuvo a favor de la derogación de la ley de subversión económica, la denominó “adefesio y aberración jurídica”, y detalló que en los años 1984 y 1997 presentó proyectos para eliminarla. Menem, con tono firme y casi gritando, aseguró que “no debe existir un juez que defienda esta norma desde el punto de vista jurídico”. Mirando fijo al presidente del cuerpo, el hermano de Carlos Menem afirmó que “es absolutamente falso que su modificación generará impunidad y que desprocesará a los que hoy están siendo investigados”. Sin duda, la frase tenía una destinataria y era la jueza María Servini de Cubría, quien había advertido que “si el Senado vota la modificación, yo les dejo libre a Carlos Rohm en la puerta del Congreso”. El mensaje del menemista no terminó allí, advirtió que “si algún juez desprocesa a alguien no lo hace por esta modificación, sino porque lo quiere hacer”. Terminó su discurso reconociendo que acompaña por disciplina partidaria: “No tengo prejuicios en votarla porque, si bien siempre quise derogarla, hoy la corrección la mejora”.
La larga lista de exposiciones contrarias a la modificación de la ley 20.840 –que incluía al propio Raúl Alfonsín– daba cuenta del ajustado resultado que tendría su votación. Tal vez por ello anoche, mientras todavía restaban una docena de discursos, en la conducción del bloque radical se hablaba de la necesidad de “levantar al menos cuatro senadores” para que la bancada oficialista y el Gobierno consigan la tan ansiada media sanción.
Al cierre de esta edición, continuaba el debate. En el recinto todavía flotaba la última frase que Yoma pronunció en su discurso: “Hace unos días se detuvo a alguien que protestó frente al ScotiaBank por su salario. Y hoy (por ayer), con esta ley podemos estar dándole la libertad y la tranquilidad para el que les robó a los asalariados el fruto de toda una vida”.