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”La policía provincial no tenía idea sobre qué hacer; nadie en el poder político les ordenaba y, si hubiera habido una orden concreta, los saqueos se hubieran reducido en un 90 por ciento”, afirmó el intendente de Escobar, Luis Patti, al ser interrogado en la causa sobre el presunto complot que habría derrocado a Fernando de la Rúa. Y agregó que, ante la inacción de los uniformados, él ordenó “reprimir y meter presos a quienes hicieran desorden”. El ex comisario opinó que “hubo un golpe de Estado con intención o por omisión, sólo faltó que tomaran el Poder Legislativo y la Corte”.
Durante la audiencia, le exhibieron las declaraciones de un matrimonio cuyo negocio, ubicado en Escobar, fue saqueado e incendiado el 20 de diciembre. Fue entonces que Patti enfatizó la ausencia de “órdenes claras sobre qué procedimiento seguir por parte del poder político”, y por eso tomó la iniciativa de “reprimir”. El funcionario, que llegó a estar procesado por apremios ilegales y figura como represor en los registros de la Conadep, se jactó de que en su distrito “no hubo ni una sola toma de supermercados” porque se cumplieron sus órdenes, salvo el caso del matrimonio. En ese momento, al referirse a los saqueos, acusó al “padre de la concejal De la Cruz” y a “punteros del justicialismo” de “estar detrás de esto”. Cuando Stornelli le preguntó sobre la posibilidad de que haya habido “zonas liberadas”, el intendente respondió que no pero que creía que “la provincia estuvo vacía de poder”.
Patti fue tajante en sus conceptos. Afirmó que “se veía que podían ocurrir esos hechos” porque los diarios reflejaban “la intención de los partidos políticos y algunos dirigentes de que el Presidente diera un paso al costado”. Agregó que “la sociedad no lo defendió” y que “el Congreso debería analizar su comportamiento en ese día histórico porque si no lo hace De la Rúa será el Illia de hoy”.
Cuando salió del despacho del juez Norberto Oyarbide, Patti dijo ante los periodistas que no sabe si hubo un “complot” para sacar del poder a De la Rúa. Pero consideró que hubo “una gran animosidad” y señaló a “muchos dirigentes del justicialismo y tal vez alguno del radicalismo y del Congreso”. El represor no se privó de sentenciar que en diciembre “desde el periodismo se bregó por la violencia”, por lo que propuso que “tiene que haber cierto límite en lo que se informa porque estamos poniendo entre muchos políticos y muchos periodistas al país al borde de una disgregación social muy importante”. Finalmente diagnosticó que “vamos por un camino muy peligroso sino se cambia y si no se llama a elecciones”.
“No puedo contestar”, respondió el juez federal de La Rioja Enrique Chumbita al ser consultado sobre la nueva fecha fijada para que el ex presidente Carlos Menem declare en esta causa por exhorto. Menem pidió ser interrogado como testigo en su provincia “por razones particulares” y debía hacerlo el 9 de mayo, pero el trámite fue suspendido. El ex presidente deberá ratificar lo que manifestó en el periódico El Mercurio de Chile, cuando afirmó que había existido una conspiración contra el gobierno de la Alianza.