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Sacarle jugo al Estado no debe ser una tarea difícil. No al menos para Bomchil & Bomchil. Abogados de ese estudio jurídico representan hoy a distintas empresas ante el Ciadi en demandas millonarias contra la Argentina. Pero la curiosidad es que hombres de derecho de ese mismo buffet serán indagados la próxima semana en una causa que los investiga por defraudación pública –o sea por defraudar al Estado– en los ’90, en complicidad con ex funcionarios menemistas, mientras asesoraban a una privatizada.
A los ojos de la Justicia, Bomchil & Bomchil parece ofrecer argumentos a los que creen que el Estado puede ser un enemigo acérrimo y a la vez un aliado estratégico, según el momento.
Uno de los abogados de ese estudio, Guido Santiago Tawil, representa a numerosos inversores extranjeros ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativa a Inversiones (Ciadi), el tribunal arbitral del Banco Mundial. Algunas de esas compañías, que demandan a la Argentina por un total de aproximadamente 10 mil millones de dólares, son Azurix, Siemens, Camuzzi Internacional, Telefónica y Unysis.
Los laudos del Ciadi son obligatorios para las partes, tienen fuerza ejecutoria e inmediata y no admiten la revisión en ninguna instancia. Argentina adhirió al Ciadi en septiembre de 1994. Por eso, luego de la devaluación, muchas privatizadas demandaron al Estado ante ese tribunal arbitral por la pesificación y el congelamiento de las tarifas, reclamando indemnizaciones millonarias.
En la actualidad, el Ciadi tiene pendientes de resolución 89 casos, de los cuales 36 son denuncias contra la Argentina. La abrumadora mayoría están a cargo del estudio Bomchil & Bomchil. Y eso puede chequearse con una simple búsqueda en Internet. Lo que no figura en la web es que dos hombres de ese estudio, Máximo Bomchil y el propio Guido Tawil, serán indagados entre el 22 y 24 de este mes por el juez federal Daniel Rafecas, según confirmaron a Página/12 fuentes de su juzgado.
La causa aterrizó en 1998 en el juzgado de Carlos Liporaci. Tras su renuncia pasó por las manos de Gabriel Cavallo y Rodolfo Canicoba Corral. Y finalmente volvió al despacho de Liporaci, ahora a cargo de Rafecas, quien cumplirá el pedido de la Cámara Federal de seguir investigando.
Las sospechas de incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta recaen sobre el ex jefe de Gabinete Jorge Rodríguez y el ex secretario de Control Estratégico de esa Jefatura Miguel Solé. Como los abogados, ambos ex funcionarios menemistas también serán indagados la próxima semana.
Quien zafó, ya que fue sobreseído y nadie apeló, fue Armando Canosa. El ex secretario de Transporte, a través de una resolución –la 266 del 5 de marzo de 1998–, habría sido quien modificó las condiciones del contrato de privatización de Aeropuertos para favorecer al Grupo Eurnekian.
La Justicia conjetura que la norma pudo haber sido redactada en las propias oficinas de Bomchil, apoderado societario de Aeropuertos Argentina 2000. Y que las órdenes para la redacción del texto las habría proferido Tawil. O sea, que el Estado actuó en complicidad con la empresa para hacer un pliego a medida.
Desde los primeros días de febrero, Bomchil cursó varias notas al Poder Ejecutivo, buscando aclarar los alcances de ciertos puntos del pliego y del contrato, incluso antes de que éste fuera ratificado por el decreto 163/98. Esta inquietud empresaria habría sido el disparador de una secuencia poco cristalina, según surge del expediente judicial.
Tal como publicó Página/12, los tres primeros directores del por entonces incipiente órgano regulador del sistema nacional de los aeropuertos (Orsna), Carlos Martino, Enrique Spinedi y Alfonso Ensink, aseguraron ante la Justicia federal que el viernes 6 de febrero de 1998 recibieron de Solé el modelo de una nota de respuesta que ellos debían dirigir a Aeropuertos Argentina 2000, en su condición de reguladores. El papel que la Secretaría de Control Estratégico –dependiente de Rodríguez– habría hecho llegar por fax a Martino y Spinedi no sólo incluía la obvia recomendación de “agregar membrete del Orsna”, sino que tendría al pie las iniciales de las secretarias del estudio Bomchil, luego citadas a declarar.
A diferencia de los jueces que lo antecedieron en la causa, Rafecas ahora parece dispuesto a ir a fondo. Por eso, además de Bomchil, Tawil, Rodríguez y Solé, citaría a declarar el ex Orsna Martino. Según señalaron fuentes de Tribunales a este diario, los abogados podrían ser imputados como “partícipes necesarios” de una defraudación al Estado.
En rigor, Tawil es visto con cierta aprehensión desde el Estado. Hace un tiempo el procurador general del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, recusó al estudio de Antonio Rigo Suradi, el presidente del Ciadi, por haber designado a Tawil como árbitro en un diferendo entre una empresa y Perú. Dicho en criollo: Guglielmino no veía compatible que el Ciadi, que debe dirimir entre las empresas y el Estado argentino, “contrate” para una de sus misiones a un abogado de una de estas empresas.
En su página de Internet, Tawil expone su larga carrera como abogado y académico, además de su paso como secretario de la Corte Suprema, allá por los ’90. Pero nada dice de la causa por la cual ahora se lo investiga, sospechado de perjudicar al Estado.