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En el Senado quieren convertir el acoso sexual en un delito, con una pena máxima de prisión de cinco años. El proyecto, que será presentado hoy, fue elaborado por el ex ministro de la Corte Suprema Gustavo Bossert y el penalista y ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, y ya cuenta con el apoyo de más de una docena de legisladores de distintos bloques, entre ellos la frepasista Diana Conti, la radical Mirian Curletti, el socialista Rubén Giustiniani y el presidente de la bancada justicialista, Miguel Angel Pichetto. La iniciativa tiene como particularidad, además, que no limita la figura del acoso sexual al ámbito laboral, sino que lo extiende a cualquier “relación jerárquica”, como las que existen en organizaciones deportivas, sociales y educativas.
“Creemos en el efecto disuasorio de la amenaza de castigo penal. Pensamos que puede contribuir a la disminución de los hechos. Para la empleada que sufre el acoso sexual es una tortura cotidiana enfrentarse cada día con el degenerado que la está esperando con sus amenazas”, consideró Bossert, en diálogo con Página/12. Bossert y Gil Lavedra estarán hoy en el Senado durante el acto convocado a las 14 en el que se dará a conocer el proyecto.
La iniciativa incorpora como artículo 149 quáter del Código Penal el siguiente texto: “Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años, el que prevaliéndose de una situación de superioridad jerárquica, laboral, docente o de otra índole, efectuare un requerimiento de carácter sexual, para sí o para un tercero, bajo la amenaza de causar a la víctima, en caso de no acceder, un daño relacionado con las legítimas expectativas que ésta pudiera tener en el ámbito de esa relación”.
Hasta ahora la mayoría de las normas que se han aprobado en el país –a nivel municipal, provincial y nacional– castigan el acoso sexual sólo en la administración pública, con sanciones que pueden llegar a la cesantía o la exoneración del funcionario o el empleado público. Existen normativas en las provincias de Santa Fe, Chaco y Buenos Aires y también en el ámbito porteño y nacional. Pero ninguna lo considera un delito penal. En la práctica, se consideran que han resultado poco efectivas para combatir el acoso sexual, ya que no han sido acompañadas por la implementación de procedimientos para facilitar las denuncias de las víctimas, que suelen ser mayoritariamente mujeres. Además, conspiran contra la denuncia la inestabilidad del mercado laboral y la alta tasa de empleo en negro.
“El acoso sexual debe ser un delito penal, no sólo un ilícito civil. No bastan los delitos contra la integridad sexual que hoy existen en el Código Penal, como el abuso sexual coactivo o intimidatorio, en función de una relación de dependencia, autoridad o poder prevista en el artículo 119 del Código Penal, pues en estos últimos casos el autor aprovecha la situación de poder y efectúa actos corporales o tocamientos de naturaleza sexual. En el acoso, en cambio, el delito se consuma con la sola amenaza del autor, con independencia de que la víctima acceda o no al requerimiento que se le formula”, apuntó Bossert.
A fin de “armonizar la escala penal”, en el mismo proyecto se propone aumentar levemente el máximo de la pena fijada para el abuso sexual simple y llevarla a cinco años.
Al precisar los motivos que lo llevaron a elaborar esta propuesta junto con el penalista Gil Lavedra, el ex camarista de la Corte Suprema indicó a Página/12: “Siempre me preocupó enterarme de casos de mujeres que han sufrido acoso sexual y luego estudié jurídicamente el tema. Las mujeres son quienes padecen en mayor medida este tipo de conductas, según demuestran las estadísticas de la OIT y los relevamientos que se han hecho en el país, aunque no están actualizados, marcan que aquí el acoso sexual es un problema grave. El acosador actúa en la clandestinidad, sin testigos, y las víctimas sienten que es inútil denunciarlo, porque sería su palabra contra la del otro. Pero deben saber que el acoso, como cualquier otro hecho, puede probarse también con indicios. También puede servir una grabación o una filmación con una cámara oculta y testigos que hayan presenciado el acoso”, destacó el jurista. A su criterio, las empresas y las oficinas públicas “deberían implementar campañas de prevención y tener una dependencia interna donde las víctimas puedan hacer la denuncia y aportar las pruebas del hecho sin riesgos”.
La senadora frepasista Diana Conti presentará hoy el proyecto. Pero la iniciativa ingresará al Senado con un amplio respaldo: lo acompaña con su firma más de una docena de legisladores de distintos bloques, entre otros, los justicialistas Miguel Angel Pichetto, Marita Perceval, Roxana Itatí, Haidé Giri, Silvia Gallego, Sonia Escudero y Mabel Caparrós; las radicales Miriam Curletti y Amanda Isidori, y Marcela Lescano; Carlos Rossi, del Vecinalista Partido Nuevo de Córdoba; Vilma Ibarra, del Frente Grande; Lylia Arancio de Beller, del Frente Cívico Jujeño; el socialista Héctor Giustiniani y la puntana Liliana Negre de Alonso, de Lealtad y Dignidad Justicialista. “Va a ser estudiado en primer lugar en la Comisión de Legislación Penal, pero con el abanico de firmas que tiene estimo que va a aprobarse rápidamente”, confió Conti.
También la oficina local de Amnesty International adelantó su apoyo al proyecto. En los fundamentos de la iniciativa se aclara que se han analizado las legislaciones que también penalizan el acoso sexual en países como Francia, Brasil, México, España y Portugal.
“La Argentina, al ratificar la Convención Interamericana de Belem do Pará, asumió ante la comunidad internacional la obligación de dictar leyes y adoptar política de combate contra el acoso sexual. También el Estado asumió ese compromiso a partir de 1998 en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral, aprobado por un decreto nacional, pero que aún permanece incumplido. En ese sentido se inscribe este proyecto”, apuntó la senadora Conti.