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Es archisabido que los desmanes cometidos por la dictadura militar contaron con la complicidad de un sector civil que iba desde los más jugados, la mayoría de los cuales sirvieron como funcionarios, hasta quienes consentían pero no se atrevían a comprometerse demasiado en público. Las reacciones negativas que provocó la reciente anulación de las leyes de la impunidad demuestran que los funcionarios, dirigentes y periodistas de esa segunda categoría tuvieron un peso decisivo a la salida de la dictadura.
Repetir estupideces como que el Gobierno decidió no cerrar las heridas de la sociedad o que prefirió mantener abiertas las viejas heridas, o que demostró que no existe división de poderes, o hacer encuestas donde a la gente no se le pregunta si está de acuerdo con la anulación de las leyes, sino si piensa que esta medida provocará reacciones militares son todas formas metafóricas de esconder lo que realmente piensan.
El discurso más claro es el de los que estuvieron más comprometidos con la dictadura. Dicen sin vueltas que con la anulación de estas leyes, “irán a la cárcel los que salvaron a la patria de la agresión terrorista”. Es más claro, pero aun así en los dos niveles de complicidad se esconde una actitud esencialmente pusilánime que no hace más que reproducir la cobardía de quienes comenzarán a ser juzgados.
Ni esos militares que supuestamente salvaron la patria, ni los civiles que los apoyan ni los que los consienten se hacen cargo de los miles de prisioneros indefensos que fueron torturados, de las mujeres violadas, de los centenares de bebés apropiados, de las treinta mil personas que fueron secuestradas, torturadas y asesinadas sin que nadie se hiciera responsable y sin que sus familias puedan saber siquiera el destino que tuvieron. Nunca hablan de eso. Videla y Massera dijeron que nunca ordenaron tales aberraciones o que fueron excesos puntuales. Nadie dice, aunque menos fuera, que había que hacer todo eso “para salvar a la patria”. Se hacen los burros, cuando en realidad es lo que piensan, porque de lo contrario no lo hubieran hecho, ni apoyado ni consentido. Porque lo que ya no se puede negar es que todas esas cosas sucedieron.
Y si se hacen los burros y no las mencionan, cuando éstas constituyen el único tema concreto para anular las leyes de la impunidad, es porque se saben culpables ante los ojos de cualquier sociedad que aspire a la democracia. Ninguna sociedad puede construir sus instituciones sobre la base de la impunidad de esos crímenes terribles cometidos por el mismo Estado.
No hay una discusión seria, son todas formas de irse por las ramas, como las de hacer comparaciones entre el terrorismo de Estado y el guerrillero, cuando eso tampoco está en el centro de la discusión. O comparar el rechazo de la extradición a España del vasco Laris Iriondo, acusado de poner dos bombas que no causaron víctimas, hace 35 años, con el juicio a los genocidas argentinos que torturaron y asesinaron a decenas de miles de argentinos usufructuando los poderes del Estado. Son todos argumentos que no hacen a la cuestión y que sólo se utilizan ahora para tratar de disminuir la gravedad de los delitos que ellos consintieron o para hacer un oposicionismo fácil al actual gobierno. Sería bueno que hubiera en la Argentina una derecha democrática que se alegrara por la anulación de las leyes de impunidad y no que ofreciera este penoso espectáculo de autoritarismo vergonzante.