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En los días previos a la masacre de Avellaneda, la SIDE recomendó al gobierno que respondiera a la protesta de los desocupados con un operativo policial que fuese “un caso testigo” para reafirmar el principio de autoridad del Estado. Los agentes de inteligencia dejaron por escrito esa postura en un informe previo a la represión que dejaría 33 manifestantes heridos de bala y dos muertos. Aunque los archivos de la Secretaría de Inteligencia son secretos, ayer se conoció este fragmento en el juicio oral por los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, cuando los abogados querellantes interrogaron al ex jefe de la repartición Carlos Soria.
El ex titular de la SIDE declaró en el juicio como testigo. Quien sabe si con la intención de hacerlo, aportó datos para entender cuál era el clima que había en esos días en el gabinete duhaldista frente al conflicto social.
“Yo analizaba junto a los ministros la situación y siempre surgían los mismos temas: cacerolazos, caos, cortes de ruta, escraches”, dijo al ser interrogado por el abogado Rodrigo Borda. La protesta del 26 de junio, continuó Soria, “era un caso testigo porque por primera vez todas las organizaciones sociales se ponían de acuerdo en un hecho puntual. Había que garantizar que algún ingreso a la Capital Federal quedara abierto, había que empezar a poner orden. No podíamos permitir (que se cortaran los accesos), había que poner orden. La democracia funciona con orden”.
El párrafo resultó tan revelador que el abogado pidió que constara en actas. Soria tardó unos segundos en reaccionar:
–La democracia funciona con orden... sin hambre, con escuelas, con trabajo –se enmendó mientras tomaban nota de sus dichos.
Del rol de la SIDE en la represión ya se conocía bastante antes de su testimonio. En los días previos a la marcha, los servicios elaboraron un informe que mostraba a los piqueteros como una suerte de nuevos guerrilleros urbanos, fomentando un clima propicio a que el Estado tuviera una respuesta violenta.
Las organizaciones de desocupados habían hecho un encuentro en el miniestadio de Gatica, en Villa Dominico, en el que votaron un plan de lucha, con los cortes a los accesos a la Capital el 26 de junio, que serían seguidos por un acampe en la Plaza de Mayo el 9 de julio. Los desocupados iban a pedir con esas movilizaciones la universalización de los planes de empleo y alimentos para los comedores populares, pero las declaraciones de los dirigentes en el encuentro de Gatica, muchas de ellas con el acostumbrado tono encendido de esos eventos, fueron usadas por la SIDE para hablar de la existencia de un plan insurreccional.
Soria dijo que el informe había sido realizado de rutina por los agentes de la SIDE en base a recortes de diarios y la emisión de una FM local. Borda le preguntó si, como autoridades de la SIDE, él “evaluaba la seriedad (de un informe que hablaba) de una revolución o transmitía (al poder político) cualquier tipo de datos que le pasaran”.
–Por supuesto que evaluaba. Los hechos del 19 y 20 de diciembre (del 2001) se evaluaron mal y por eso pasó lo que pasó.
–¿Usted consideró que (el 26 de junio) había un riesgo real?
–En la Argentina de los últimos años siempre estamos en riesgo.
El funcionario explicaría más adelante cuál había sido el fantasma de ese 26: “Entiendo que se estaba radicalizando la protesta e integrando el reclamo social: los grupos piqueteros, las asambleas barriales. Ese era el peligro. A la protesta fueron organizaciones sociales que hasta ese momento no se habían llevado muy bien”.
El fiscal Bernardo Schell no hizo preguntas al testigo. Aunque estará encargado de la acusación, no se lo nota interesado en esclarecer las responsabilidades políticas. La hermana de Maximiliano Kosteki, Vanina, quien había seguido el testimonio de Soria en silencio, estalló cuando escuchó decir al funcionario que hubo manifestantes “que quemaron un colectivo a punta de pistola”. “Que deje de mentir”, lo interrumpió. Dos gendarmes la sacaron de la sala, y el tribunal dispuso que no permitieran su reingreso a la audiencia.