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El Gobierno anunció ayer dos mecanismos para estimular la inversión en infraestructura que reivindican la privatización de servicios públicos, el sistema de peaje como forma de recuperar la inversión y, al mismo tiempo, la posibilidad de que el Estado intervenga bajo nuevas fórmulas de asociación con particulares. Por un lado, remozó el régimen de iniciativa privada, dándole más facilidades a las empresas que fogoneen propuestas. Por el otro, creó la figura de asociación pública-privada que hasta habilitaría a los socios particulares a operar por cierto lapso un emprendimiento público, lista de la que no se excluyen escuelas y hospitales. De algún modo, se terminó aggiornando el denominado “sistema inglés”, que hace un lustro motorizaba el ex ministro de Infraestructura aliancista Nicolás Gallo como la panacea para subsanar la falta de presupuesto público.
Las ideas fueron presentadas a los empresarios de la construcción hace un año y, desde entonces, equipos técnicos de Planificación y Economía se pusieron a trabajar para concretarla. Roberto Lavagna sabe que para sostener el crecimiento es necesario mejorar la infraestructura que permita canalizar la producción, básicamente hacia afuera. Julio De Vido bien conoce los límites presupuestarios, a pesar de la recaudación creciente y de las acrobacias que pueden conseguirse con el manejo de los millonarios fondos fiduciarios.
Bajo el régimen de iniciativa privada se acumularon desde entonces unas veinticinco propuestas, entre ellas las presentadas por tres concesionarios de accesos capitalinos para ampliar la Avenida General Paz, o la que impulsa Eduardo Eurnekian para mejorar la ruta 8, que explota bajo el sistema de peaje. Para todos ellos las condiciones serán desde ahora más ventajosas, según los cambios consagrados por el decreto 966.
De acuerdo con la ley vigente, una empresa presenta una iniciativa que, si el Gobierno considera de interés general, se toma como base para convocar a una licitación pública. En esa compulsa, que no tiene plazos para su ejecución, el autor del proyecto tiene la chance de mejorar su oferta hasta igualar a la que haya sido mejor.
En el futuro, el promotor de la iniciativa estará mejor posicionado para competir bajo el juicio de la Comisión de Evaluación que integrarán Economía y Planificación, y en cualquiera de las dos modalidades previstas: una licitación o un concurso de proyectos. Si otro contrincante supera su oferta en un 5 por ciento o menos, él consigue alzarse con la obra, de todos modos. Si lo superasen por más, hasta un 20 por ciento, ambos tendrán que volver a competir en una segunda vuelta. En cualquier caso, el financiamiento será privado y el capital podrá recuperarse por cualquiera de las vías mencionadas expresamente ayer por el secretario de Obras Públicas, José López: “peaje, canon o tarifa”.
El otro camino para ejecutar obra pública será el de la asociación público-privada, que asumirá la forma de sociedad anónima, fideicomiso u otra, pero siempre apta “para financiarse por medio del régimen de oferta pública” y durará tanto como el tiempo necesario para recuperar la inversión. Acá el procedimiento es inverso. Es el Estado el que plantea un proyecto ante una comisión biministerial que juzgará su interés. Si lo tuviera, quedará en manos de Julio De Vido buscar el socio particular.
El aporte estatal podría asumir las formas más diversas, que incluyen un “pago en efectivo”, la cesión de créditos tributarios, desgravaciones, avales para la obtención de préstamos bancarios o cualquier otra que incluya la ley. El objeto es igualmente variado y aquí reside una de las claves de este régimen muy difundido en Europa.
De acuerdo al decreto 967, la asociación mixta podrá utilizarse para ejecutar, operar y mantener obras y servicios públicos, prestarlos parcialmente, o ampliarlos. El abanico de alternativas que se despliega frente a esta enumeración es amplio. Puede pensarse en la planteada asociación con el concesionario de Aguas Argentinas, sociedad liderada porSuez, para expandir el servicio, a través de un fondo que se integraría parcialmente con dineros públicos. Pero según sugerían ayer los propios empresarios del rubro, el esquema también permitiría construir desde diques a hospitales y escuelas, en cuya operación o gerenciamiento tendría preeminencia el socio privado, bajo modalidades a definir.
Una fórmula innovadora para Argentina, que permitiría inaugurar la versión local del sistema inglés. Aquel por el cual un privado ejecuta una obra que el Estado repaga mediante un “canon” durante las décadas que demande el recupero de la inversión. Según la idea original planteada por la Alianza, recién entonces el bien se integraría al patrimonio público, algo que en la versión De Vido-Lavagna ocurrirá desde el comienzo.