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Los trabajadores del hospital Garrahan comienzan hoy un nuevo paro de 72 horas. Luego de que el fin de semana largo transcurriera sin que el Gobierno los convocara a hablar, ayer hicieron una asamblea en la que votaron por retomar las medidas de fuerza, convencidos de que sólo con la continuidad de la huelga podrán conseguir el aumento de sueldo que reclaman. La postura venía perfilándose y de alguna manera no fue una sorpresa: ratificó la posición que durante la semana pasada había expresado la mayoría del personal en conflicto. También el Gobierno se mantuvo en la suya, plantado en que el tiempo del diálogo se terminó: ayer el Ministerio de Trabajo apeló el fallo judicial que frenó los despidos, buscando avanzar con las sanciones sobre los huelguistas. En este escenario de mayor tensión, los médicos del hospital, que hasta ayer parecían mirar las cosas desde lejos, salieron a respaldar el reclamo gremial. Pidieron a las autoridades de la Nación y la ciudad que abran una mesa de conversaciones con “una oferta equitativa” y anticiparon su rechazo a la posibilidad de despidos.
Como en todo conflicto, cada movimiento de una parte apunta a sumar presión sobre la otra. En ese sentido, el Consejo de Administración del hospital anunció que hoy incorporará a veinte enfermeras en reemplazo de quienes no se presenten a trabajar. Se trata de 10 personas contratadas por la dirección, que se agregarán a una dotación idéntica que la Secretaría de Salud porteña mandó “en comisión” desde otros hospitales.
Alberto Goldberg, presidente del Consejo de Administración, dijo que “en abril, durante el conflicto anterior”, habían “publicado avisos solicitando personal”, del que ahora seleccionaron estas diez enfermeras con especialización pediátrica “para que nos ayuden a paliar la situación, dado que el gremio no cumple con las dotaciones mínimas”.
El delegado Gustavo Lerer sostuvo por su parte que las incorporaciones son ilegales y que van a impugnarlas. “En el Garrahan hacen falta enfermeras”, señaló. “Hay un déficit de 140 personas, pero no es legal incorporar gente para impedir una huelga, ni puede hacérselo de esta forma. A cualquier enfermera, especializada o no, le lleva entre 4 y 6 meses poder integrarse al Garrahan por la complejidad de la tarea. Es irresponsable que se salteen este proceso.”
La asamblea que horas antes había votado el paro, y en réplica a la cual las autoridades llamaron al nuevo personal, reunió a más de quinientas personas en el aula magna del edificio. Allí se discutieron dos posturas. La conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a través de su secretario general Pablo Micheli, propuso que se hiciera una impasse hasta el viernes. Los integrantes de la comisión interna del Garrahan impulsaron la moción de seguir con el paro que finalmente se impuso.
“La única manera que se sale de este conflicto es que el Gobierno haga una propuesta”, consideró Micheli al término de la asamblea. Si bien aclaró que no está de acuerdo con la medida de fuerza, el dirigente sostuvo que “es una decisión de los trabajadores que creen que a partir del paro se consiguen las cosas” y se quejó de que la Casa Rosada no haya dado “ninguna respuesta hasta ahora”.
El personal no médico (enfermeros, técnicos y maestranza, unas 700 personas sobre una planta de 2400) piden un salario básico de 1800 pesos más un 2 por ciento de aumento por año de antigüedad. Como piso de su reclamo, dicen que levantarían el plan de lucha con un incremento de 600 pesos.
El Gobierno les ofreció una mejora del 20 por ciento, que ellos rechazaron porque su distribución es desigual: “Implica un aumento de sólo 120 pesos para las enfermeras mientras los miembros de la dirección se llevarían mil doscientos pesos”, indicó la delegada Mercedes Méndez. “Lo que queremos es llegar a un básico equivalente a la canasta familiar.” Las medidas de fuerza suman 25 días de paro desde el mes de mayo. De cara a la sociedad el debate más fuerte es si estas medidas han puesto en riesgo la salud de los chicos. Ayer al mediodía un grupo de padres ofreció una conferencia de prensa. “Mi hija nunca dejó de estar atendida. Los que dicen que los chicos fueron abandonados hablan desde fuera del hospital, sin saber”, sostuvo Carla Coronel, mamá de una nena internada en neonatología.
El respaldo de los médicos se expresó también a través de una asamblea, en este caso de la Asociación de Profesionales, que fue impulsada por médicos autoconvocados. El debate reunió a unas 300 personas (entre ellos las autoridades de la Asociación) y finalizó con una votación de 150 a 110 en favor de apoyar al personal no médico. “Solicitamos a las autoridades de la Nación y la ciudad la solución del conflicto mediante el diálogo, con una propuesta equitativa”, definieron en una resolución en la que coincidieron con la necesidad de un piso salarial de 1800 pesos.
En una señal hacia sus propios dirigentes, los médicos exigieron que “todas las medidas” que hagan a los intereses “de los trabajadores profesionales se tomen en asamblea”. Ocurre que hace diez días la Asociación aceptó la oferta salarial del Gobierno sin consultar a sus bases, para peor luego de un plebiscito en que la mayoría se había inclinado por tomar medidas de fuerza. En lo económico, la propuesta parece haber satisfecho a los médicos, pero la reacción de ayer muestra que en cambio al menos a una parte del staff profesional no le resulta indiferente que la dirección del hospital despida trabajadores por hacer paro.