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El juez federal de Mar del Plata, Alejandro Castellanos, sostuvo que todavía no identificó a ninguno de los participantes en los disturbios ocurridos en Mar del Plata durante la marcha contra Bush. Aclaró así que no ha librado órdenes de captura contra integrantes de Quebracho y el MTR-Cuba, en medio de una pelea con la Justicia provincial sobre quién debe hacerse cargo de la causa. Ni el magistrado ni su par, el juez de Garantías Eduardo Paolini, aceptan ocuparse de la investigación sobre los disturbios, por considerar cada uno que el tema no es de competencia de su fuero.
Ayer, Castellanos dijo que se encargará de investigar sólo “los delitos federales” que hayan cometido los manifestantes, como “la tenencia de explosivos, incitación a la violencia colectiva o tenencia de artefactos de alta incineración”, pero no “los daños o robos” ocurridos en los comercios, “que son de competencia provincial”. El juez Paolini le había enviado el caso con un planteo de incompetencia. Ahora habrá que ver si Paolini accede a tomar esa parte de la investigación o insiste en que los hechos son de jurisdicción federal.
La semana pasada, el Ministerio de Seguridad presentó ante la Justicia provincial un informe de inteligencia de la Policía Bonaerense con fotos en las que se ve a dos dirigentes. Están tomadas de filmaciones de Crónica TV, TN y América en las que aparece el referente del MTR-Cuba, Chacho Berrozpe, rompiendo la vidriera del Banco Galicia y luego ayudando a encender una molotov. En otras tomas fue identificado Juan Manuel De Rozas, de Quebracho. En base a esa denuncia, el fiscal Oscar Deniro habría pedido las capturas de De Rozas, Berrospe y otras personas mencionadas en el informe de inteligencia, como Nicolás Lista (de la CTD Aníbal Verón) y Gustavo Munizaga, de la agrupación piquetera M29. Las órdenes no se habrían librado por la declaración de incompetencia del juez de Garantías y su intento de pasarle el caso a su colega Castellanos.
En los tribunales marplatenses la impresión es que ninguno de los jueces quiere clavarse con un caso con connotaciones políticas y sobre el que ya hubo polémica con el Poder Ejecutivo, entre ellas un cruce del ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, con los fiscales que liberaron a los manifestantes detenidos el día de la marcha, tras comprobar que no habían participado de los destrozos.
Ayer, Castellanos dijo que ya mandó a pedir a los canales de televisión las imágenes de los incidentes (la presentación del Ministerio de Seguridad se limitó al otro fuero) y que todavía no ha recibido los videos. “Es decir que por el momento no tenemos filmaciones ni fotografías ni testigos que señalen a determinada persona como responsable de delitos de índole federal”, sostuvo.
Algunos de los dirigentes piqueteros acusados presentaron ayer, a través de sus abogados, pedidos de eximición de prisión ante la Justicia provincial, según informó María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi).