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La Justicia española investigará una decena de vuelos supuestamente utilizados por agentes de la CIA, que hicieron escala en el aeropuerto de Palma de Mallorca. La Guardia Civil remitió el 10 de junio pasado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Baleares su investigación sobre estos 10 vuelos. Por ahora, se identificaron dos aviones utilizados. Uno de ellos coincide con el que Estados Unidos empleó para trasladar a prisioneros por supuesto terrorismo desde Libia hasta Guantánamo (Cuba), y otro más, con el que aterrizó en Bagdad el mismo día de la captura de Saddam Hussein. Si se confirmaran estos vuelos, “estaríamos en presencia de hechos gravísimos y no tolerables en ningún caso”, afirmó el ministro español del Interior, José Antonio Alonso. La Guardia Civil también reveló que los ocupantes tendrían, en su mayoría, “status diplomático”.
Más tarde, el ministro de Defensa, José Bono, intentó bajarles el tono a las declaraciones de Alonso, al afirmar que no existe “ninguna prueba o indicio” de “actividades ilícitas” por parte de la CIA en territorio español. La embajada estadounidense en Madrid no hizo declaraciones, por ser un asunto “tan delicado”. La historia comenzó así: un grupo de ciudadanos, encabezados por el letrado mallorquí Ignasi Ribas, planteó hace meses una denuncia por los supuestos delitos de detención ilegal, secuestro y torturas relacionados con los aviones que habían hecho escala en el aeropuerto de Son Sant Joan (Palma de Mallorca). Se denunciaba que la CIA había utilizado ese aeropuerto como base de operaciones de aviones que eran como prisiones volantes para secuestros y traslado de sospechosos de terrorismo islámico a países donde se practica la tortura en los interrogatorios. La fiscalía encargó a la Guardia Civil un informe sobre dichos vuelos a raíz de las informaciones publicadas, en marzo pasado, por el Diario de Mallorca.
Entre el 22 de enero de 2004 y el 17 de enero de 2005, esos cuatro aviones hicieron escala en el aeropuerto de Palma de Mallorca, al menos en 10 ocasiones. El primer vuelo provenía de Argelia el 22 de enero de 2004 y un día después despegaba de Palma de Mallorca con destino a Macedonia. Allí recogió supuestamente al súbdito alemán Khaled el Masri y lo trasladó a una cárcel de Kabul sin ningún control judicial.
Según la Guardia Civil, uno de los Boeing estaba matriculado en Estados Unidos y era propiedad de Keeler and Tate Management. Todos los servicios que se prestaron en el aeropuerto a ese avión fueron solicitados por la empresa Jeppesen Dataplan, de California. Asimismo, también descubrieron que el “propietario explotador” de tres de los cuatro aviones era Stevens Express Leasing, una de las empresas estadounidenses que, según The New York Times, figura entre las compañías relacionadas con los aviones de la CIA que se encargaban de los secuestros de supuestos terroristas de origen islamista. Además la empresa que solicitó la limpieza del avión era Air Routing International, con base en Houston. Ese avión era explotado a su vez por la compañía norteamericana Richmon Aviation. La investigación española también llegó a revelar la identidad de los ocupantes de los distintos aviones, al conocer que se habían hospedado en los hoteles Gran Meliá Victoria y Marriott Son Antem Llucmajor. Hasta 50 ciudadanos estadounidenses llegaron en los aviones en cuestión y se hospedaron en estos hoteles. La mayoría de ellos, según el informe, tenían pasaporte de “personas con status diplomático”. Sin embargo, no se ha podido detectar ninguna actividad ilícita de los que viajaban y que, por tratarse de vuelos privados, “se desconoce la actividad que desarrollaban sus ocupantes”. Los trabajadores de las empresas de handling que entraron en los aviones declararon que no vieron nada inusual. El jefe fiscal de Baleares archivó las diligencias abiertas porque, aunque la investigación de la Guardia Civil acreditó la presencia de los aviones, no pudo aclarar su vinculación con la CIA ni sus cometidos.
Por otra parte, el Senado de EE.UU. modificó una medida tomada el jueves, que despojaba del hábeas corpus a los detenidos en Guantánamo. La provisión, tomada en un compromiso bipartidista, mantiene que los presos serán juzgados por comisiones militares, pero acepta que las condenas superiores a 10 años de cárcel sean automáticamente recurridas ante un tribunal de Washington. También podrá haber petición de recurso para las condenas inferiores. La Cámara alta se unió además para pedir al gobierno que “explique al Congreso y a los ciudadanos su estrategia para completar con éxito la misión de Irak”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.