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Tres días después de la suspensión de Aníbal Ibarra por la tragedia de Cromañón, un sector del Consejo de la Magistratura reavivó los cuestionamientos a los jueces Gustavo Bruzzone y María Laura Garrigós de Rébori, que excarcelaron en mayo a Omar Chabán. Con quórum estricto, la Comisión de Acusación del cuerpo decidió citarlos a dar explicaciones por aquella medida, en base a una propuesta del diputado duhaldista Jorge Casanovas, que impulsa el juicio político. Tienen que presentarse el 29 de noviembre, aunque pueden llevar un descargo escrito o negarse a declarar.
El expediente contra los camaristas que tramita en el Consejo se inició por una denuncia que hizo el propio Casanovas apenas Chabán recuperó la libertad y que fue admitida con una velocidad inusual. La investigación le tocó por sorteo al consejero-abogado Beinusz Szmukler, quien concluyó en un dictamen que no había motivos para acusarlos, ya que se habían ajustado a las reglas del Derecho al momento de fallar. En el extremo opuesto, el diputado los responsabilizó de haber provocado con su decisión “un escándalo social y menoscabado el prestigio del Poder Judicial”. También consideró que “se apartaron de las normas de procedimiento que rigen la libertad de los imputados durante el proceso”.
Casanovas –ex ministro de Justicia en gobierno bonaerense de Carlos Ruckauf– esperó hasta esta semana para pedir la citación de Bruzzone y Garrigós de Rébori como sospechosos de mal desempeño. Hizo el planteo el martes y consiguió que se votara ayer, como medida urgente, en una reunión extraordinaria de Acusación a la que asistieron la menemista Lelia Chaya, el radical Juan Mínguez y el abogado Luis Pereira Duarte. Todos lo apoyaron. Eligieron, además, una modalidad para intimar a los jueces que equipara la declaración a la indagatoria de los juicios penales. Pereira Duarte justificó: “Pedir explicaciones no equivale a acusar, es una oportunidad para que se defiendan”. Los ausentes fueron Marcela Rodríguez (ARI), de viaje; Szmukler, por un problema de salud, y Jorge Yoma.
La definición del juicio político al jefe de Gobierno porteño, encaminado el lunes último, es uno de los elementos que componen el telón de fondo de la decisión del Consejo, pero no el único. Desde que se abrió la causa contra los camaristas, los familiares de las víctimas de Cromañón concurrieron sistemáticamente, exaltados, a las reuniones de la Comisión de Acusación y a algunos plenarios, donde llegaron a amenazar de muerte a los consejeros y sus familias. Las intimidaciones más violentas le tocaron a Szmukler. El pleno del Consejo reconoció que “está en peligro” su “independencia” para tomar decisiones en una solicitada publicada hace quince días en la que repudiaban los aprietes. Lo que termina de componer la situación es que la Cámara de Casación está cerca de dictar un fallo sobre la excarcelación de Chabán y podría apartarlos del caso. El fiscal de Casación, Raúl Plee, pidió anteayer que quede preso hasta el juicio oral.
Bruzzone y Garrigós de Rébori fueron nombrados en la Cámara del Crimen luego de concursar para el cargo. Los dos gozan de respeto en el ámbito jurídico. Su decisión en la causa sobre la tragedia de Once, sin embargo, despertó opiniones encontradas.
El dictamen acusatorio de Casanovas dice que al resolver se apartaron del artículo del Código Penal que fija la prisión preventiva para quienes enfrentan penas superiores a 8 años de cárcel; que existía peligro de que Chabán se fugara y obstaculizara a la Justicia teniendo en cuenta que se escondió luego del incendio y pudo ser apresado después de una veintena de allanamientos; que tienen que explicar cómo llegaron a integrar la Sala V de la Cámara que concedió la excarcelación (según la acusación no hubo sorteo); que Bruzzone conocía a Chabán, porque integraban una misma fundación dedicada al arte que contaba con una publicación (la revista Ramona) que el juez dirigía y en la que el empresario fue reporteado. En voz baja, otros consejeros recuerdan que la doctrina del diputado duhaldista ha sido contraria a enjuiciar a los magistrados por el contenido de sus sentencias.
Recién después que declaren los camaristas, la Comisión de Acusación podrá dictaminar si impulsa o no el juicio político. Pero la decisión final está en manos del plenario. A Casanovas, a Chaya y a Mínguez se le termina el mandato el 10 de diciembre. Con este tema podrían generar algo de ruido antes de irse y dejarían el dilema en manos de otros. En la composición que pasará a tener el consejo habrá mayoría de legisladores kirchneristas. Parece poco probable que el tema se resuelva este año y que, además, consiga consenso fácilmente.