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María Isabel Santos Caballero, la viuda de quien fuera considerado el mayor narcotraficante del mundo, Pablo Escobar Gaviria, recibió ayer buenas noticias. Ella y toda su familia viven en la Argentina desde hace diez años y fueron finalmente sobreseídos en una causa en la que se le imputaba lavado de dinero y la conformación de una asociación ilícita que manejaba dinero proveniente de la droga. El caso estuvo en la tapa de los diarios durante varios días y Página/12 insistió en que se trataba de un espectacular armado policial. Basta ver el asombroso inicio del expediente: un policía afirma haber visto una camioneta parada en un semáforo, le pareció que la mujer que conducía era la viuda de Escobar Gaviria, la siguió y puso en marcha toda la causa. Los fiscales nunca creyeron esa historia, insistieron una y otra vez en que se trataba de un armado, y al final el Tribunal Oral, tras seis años de trámite, anuló la elevación a juicio y dictó el sobreseimiento de Santos Caballero, su hijo Sebastián, una hija menor de edad, Manuela, y la novia del hijo.
El verdadero nombre de María Isabel Santos Caballero es Victoria Henao Vallejo. De entrada, el comisario Jorge Palacios, de la Unidad Antiterrorista, y el entonces juez Gabriel Cavallo –ahora camarista–, protagonistas de la causa judicial, dijeron que la mujer había ingresado a la Argentina con documentos falsos. El gobierno colombiano, en cambio, sostuvo que la identidad se cambió ante un escribano para evitar que la mujer y sus hijos fueran objeto de una venganza entre narcos y, además, para sacarla del país y alejarla de quienes pudieron apelar a ella para tener poder dentro del cartel que manejaba su marido, el de Medellín. La acusación de fondo contra la mujer fue la de asociación ilícita para lavar dos millones de dólares que a lo largo de cinco años fue ingresando a la Argentina. El dúo Palacios-Cavallo sostuvo que el dinero seguramente provenía de la comercialización de drogas.
La viuda, defendida por Ricardo Solomonoff y Jorge Sandro, presentó un documento emitido por la fiscalía general de Colombia en el que se establece que la investigaron tres veces y que su dinero no tenía origen en la droga. El gobierno colombiano había incautado todos los bienes de Escobar Gaviria, no dictó ninguna orden de captura contra Santos Caballero y tampoco hubo pedido de captura de la DEA norteamericana. Aún así, Cavallo argumentó que las investigaciones de la fiscalía de Colombia abarcaban sólo cuatro años y que el origen del dinero eran operaciones de narcotráfico anteriores a 1989.
Lo más llamativo del caso fue su origen, el policía que dice haber reconocido a la mujer en un semáforo. En realidad, la historia es que la viuda tuvo un administrador con el que mantenía una relación sentimental, Juan Carlos Zacarías, que terminó exigiéndole dinero a ella por no revelar quién era. En esta operación de amenaza participó el abogado Víctor Stinfale y ambos fueron acusados por el juez Cavallo por ese delito.
El punto clave que terminó en el sobreseimiento es que los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado vieron el carácter espurio del inicio de la causa y no encontraron mérito para acusar a la viuda y su familia por lavado de dinero. El juez Cavallo puso el grito en el cielo y la Cámara de Apelaciones desplazó a los fiscales. Su reemplazante, Carlos Cearras, coincidió con sus colegas fiscales, y terminó elevando la causa a juicio oral, pero bajo protesta. En total fueron siete los fiscales que consideraron espuria la causa, incluyendo al fiscal de juicio Jorge Aguilar quien hasta acusó a Cavallo de prevaricato, abuso de autoridad y privación de justicia. El Tribunal Oral desechó estas acusaciones y desplazó a Aguilar, pero finalmente concluyó que toda la elevación a juicio es nula, porque no se puede presionar a los fiscales a que acusen si consideran que no hay elementos. Sobre esto hay jurisprudencia de la Corte. El lunes pasado, los jueces José Martínez Sobrino, Horacio AlbertoVaccare y Jorge H. Gettas sobreseyeron a la viuda y su familia y cerraron la causa, aunque todavía podría haber alguna apelación ante la Cámara de Casación. Santos Caballero estuvo 17 meses detenida, pero desde 2001 está en libertad y sigue viviendo en la Argentina.