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El dictador Jorge Rafael Videla seguirá privado de su libertad. Así lo resolvió la Cámara Federal porteña, al rechazar su pedido de excarcelación en la causa por el Plan Cóndor. Además, los camaristas de la sala I instruyeron al juez Guillermo Montenegro para que enviara a juicio oral este expediente que resume los hechos referidos al operativo continental de represión. El mismo tribunal lo había liberado en la causa sobre apropiación sistemática de menores, pero en el fallo de ayer destacaron que la situación es diferente.
El criterio de la Cámara en el caso Cóndor se funda en la presunción de que el imputado intentará burlar la acción de la Justicia. Según explicó a Página/12 una alta fuente judicial, Videla puede entorpecer la investigación porque los hechos involucran a diferentes jefes de Estado y trascienden las fronteras del país. Si existe documentación sobre el accionar de las Fuerzas Armadas en ese período, el ex presidente de facto podría intentar ocultarla, estiman los investigadores.
El otro factor que tuvieron en cuenta se refiere a que Videla ha pasado bajo prisión preventiva un tiempo “sustancialmente inferior” al que lleva encarcelado, aunque en su domicilio, por la causa sobre sustracción de bebés. “El carácter razonable del encierro del imputado emerge del hecho de que tanto la complejidad de la materia investigada como la cantidad de delitos que comprenden la instrucción impidieron arribar a una sentencia”, expresó el camarista Gabriel Cavallo.
En esta causa están procesados el ex ministro del Interior de la dictadura Albano Harguindeguy y unos treinta jefes de cuerpo del Ejército, muchos de ellos con prisión domiciliaria. Están acusados de haber cometido privaciones ilegales de la libertad, como parte de una “asociación ilícita agravada” que conformaron las dictaduras del Cono Sur para desaparecer y asesinar opositores. En el caso de Videla, fue acusado de ser jefe del “plan criminal”. Al ratificar las medidas, la Cámara Federal ya había considerado que la sola concertación del Cóndor configuró un delito de lesa humanidad. Los ex jefes de Estado de Bolivia, Paraguay, Chile y Uruguay tienen pedido internacional de captura, pero no se ha pedido la extradición.