Subidos a la caja de una camioneta, los miembros del cuerpo de delegados del sindicato de petroleros –la facción disidente del gremio– llamaron a votar. “¿Están de acuerdo con esperar hasta abril?”, preguntó Luis Guineo, uno de los delegados. “Los que quieran mantener el corte, que levanten la mano”, propuso entonces. Y no se alzó ningún brazo. Se había logrado el acuerdo con las operadoras petroleras, encabezadas por la española Repsol, impulsado por el gobierno nacional. El convenio cumplía con dos de los tres reclamos que pedían los trabajadores: las empresas pagarán el 50 por ciento de los 18 días de paro –la otra mitad irá a cuatro escuelas de la zona– y los obreros que estaban bajo el convenio de la construcción pasarán al de petroleros, que prevé salarios mucho más altos. “Ya no somos 250 más, ahora somos 250 petroleros”, festejaba desde el micrófono uno de los beneficiados. La espera hasta abril respondía a la demanda más importante: la suba del mínimo imponible al impuesto a las Ganancias. “De Vido y Tomada hablaron de que lo van a levantar en abril. Pidieron tiempo”, aseguró Guineo, en alusión a las conversaciones mantenidas por los ministros de Planificación y de Trabajo con el mediador, el cura Juan Carlos Molina. Sus compañeros aceptaron levantar la medida y lo festejaron como un triunfo.

El acuerdo se logró por los buenos oficios de Molina, párroco de Cañadón Seco, quien hizo de nexo entre las partes. Su papel se hizo imprescindible hasta para la comunicación más elemental, ya que Repsol se negaba a dialogar directamente con los dirigentes de la protesta. También hubo nerviosas gestiones desde Buenos Aires, a cargo de Tomada y De Vido. Ambos se comunicaron con Molina para hacerle la última propuesta. “Tenemos que darle un respiro al Presidente”, admitía Marcelo Gómez, delegado de planta de la empresa Bolland, una de las compañías –la mayoría pequeñas, creadas tras la privatización de YPF– de servicios petroleros que trabaja para Repsol.

Los petroleros festejaron el acuerdo con gritos y abrazos. “Petroleeerooos, carajo”, cantaban. “Gracias por el aguante”, se decían entre ellos. El pase del convenio colectivo de la Uocra al de petroleros se refrendará en unos días en la sede de Caleta Olivia del Ministerio de Trabajo. La resolución beneficiará a 220 empleados de la empresa Metrapet-Serpecom, a 48 de Indus y a 18 de Argentina 2000. Estas compañías los tenían bajo el convenio de la construcción porque implicaba un menor costo laboral. “Algunos de los empleados de Indus, que viven en (Pico) Truncado, hace veinte años que venían haciendo trabajo de petrolero”, reveló Gómez, un joven de treinta años, muy flaco y con un conocimiento puntilloso de los números de la empresa donde trabaja. “En Las Heras 3 (la batería de extracción de crudo más grande de todo el yacimiento), extraemos 10.500 metros cúbicos por día de petróleo. Son tres millones de dólares por día”.

Según los delegados, el acuerdo implicó un compromiso por parte del gobierno provincial de no desencadenar una “persecución gremial” contra los trabajadores que participaron del corte de ruta. Sobre el enfrentamiento en la comisaría para liberar a Mario Navarro, los tiros y el asesinato del policía Jorge Sayago, la cuestión es bien distinta. “Si nos citan vamos a ir. Si no vas, es porque estás ocultando algo. Yo no tengo ningún problema. Además, nosotros nos quedamos en el piquete. Desde acá oímos los gases y la balacera”, dijo Guineo. La investigación por la muerte parece irse acercando a algunos responsables: según fuentes que conocen la instrucción judicial, como también policiales, en la comisaría de Las Heras ya tendrían identificados a cuatro personas. De ellos, la mayoría serían desocupados y familiares de petroleros. Sin embargo, quizá por la rapidez que se le quiere imprimir a la investigación, entre los policías se observan contradicciones al hablar de quiénes serían los sospechosos (ver página 4).

Al momento de la última asamblea de trabajadores, en la entrada de la ciudad sobre la ruta 43, se encontraba un grupo mínimo de dirigentes de organizaciones sociales y sindicales que habían llegado desde otras latitudes. Estaban dos trabajadores de la fábrica Zanon, que habían viajado por tierra desde Neuquén; el dirigente del Movimiento Territorial Liberación (MTL), Carlos Chile, y algunos profesionales comprometidos con organizaciones de derechos humanos ligadas a partidos de izquierda: la Liga por los Derechos del Hombre (afín al Partido Comunista), Asociación de Profesionales en Lucha (Partido Obrero) y Ceprodh (vinculado con el PTS). Su presencia coincidió con una conclusión casi generalizada que circuló en los últimos días: que en la protesta y en el incidente ante la comisaría actuó sólo gente del lugar.

Aunque los trabajadores quedaron conformes con el compromiso de que no habrá persecución gremial, la cuestión no parece tan fácil. A media tarde, cuando todavía no se había levantado el conflicto, diecisiete gerentes de Repsol y otras empresas petroleras que viajaron en una avioneta desde Comodoro Rivadavia se reunieron con el jefe de la policía de Santa Cruz, Wilfredo Roque; el secretario de Seguridad Interior, Luis Tibiletti, y el ministro de Gobierno provincial, Claudio Dalle Mura. En esa reunión, los empresarios pidieron más presencia de Gendarmería en toda la zona y analizaron en conjunto con sus interlocutores –según escuchó Página/12– cómo disminuir “el poder de unos pocos” (por el cuerpo de delegados del sindicato).

Una alternativa que se discutió en esa reunión fue cómo impedir que los petroleros mantengan una de sus clásicas formas de lucha: el piquete parcial, que consiste en dejar pasar a ómnibus y autos particulares aunque controlando los vehículos para que no pase ningún trabajador de pozos, yacimientos y baterías petroleras. La Gendarmería prometió un cronograma de actuación escalonado: “Primero la ruta, después el acceso a los pozos y por último el patrullaje en la ciudad”. Por Las Heras ya se pueden ver los jeeps verdes con los gendarmes, y ayer comenzó un control vehicular sobre la ruta, pidiendo documentos. Los empresarios plantearon que están estudiando impedir el acceso a sus lugares de trabajo a los trabajadores con problemas judiciales.

La protesta podría derivar en que algunos petroleros sean acusados por distintos delitos: como amenazas y coacción. El problema se agrava porque en esta desolada parte de la Patagonia, muy rica en petróleo, hay una tradición de luchas gremiales muy duras. La razón es simple. Los únicos actores que pueden ofrecer empleo de calidad son Repsol y sus subsidiarias, favorecidas por un costo de producción muy bajo y un precio del crudo a niveles históricos. Los vecinos quieren que esos beneficios “derramen” sobre las localidades, elevando el nivel de ocupación. Por ejemplo, el propio intendente de Las Heras, un ex radical ahora kirchnerista, José Luis Martinelli, encabezó en 1999 una toma de instalaciones de Repsol en reclamo de empleo para los desocupados de la ciudad. Distinto es el caso con el homicidio de Sayago. En ese punto nadie tiene dudas –ni siquiera los delegados– de que la Justicia deberá ir hasta el final. “Estamos a disposición”, dijo Guineo. La conducción oficial del sindicato, que encabeza Héctor Segovia, está evaluando qué hacer en el supuesto caso de que algún miembro quedara vinculado con el tiroteo a la seccional. Podrían pedir la desafiliación ante el Ministerio de Trabajo, un trámite previsto en la legislación laboral.

Los trabajadores festejaron el levantamiento de la medida como un triunfo. Dijeron que habían conseguido que les pagaran la totalidad de los días no trabajados. El cura Molina los contradijo poco después: se pagará sólo la mitad. Igual hubo alegría y fervor. Los delegados aprovecharon para denunciar los últimos episodios de “agresiones y prepotencia” llevados adelante por la policía santacruceña. “A la esposa de un compañero, Karina Delgado, le pegaron tantos golpes que le hicieron perder el embarazo”, denunció Guineo. “Pero ojo: eso no justifica la muerte. Era un trabajador como nosotros.”