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En una de las paredes del despacho de Jorge Vanossi hay una marca amarillenta. La dejó el retrato del ex presidente Fernando de la Rúa. El secretario de Justicia del gobierno de Adolfo Rodríguez Saá, Alberto Zuppi, intentó desafiar la tradición del cuadro presidencial y poner un crucifijo, pero no hizo a tiempo. Vanossi, uno de los dos radicales del gabinete de salvataje, todavía no sabe qué hacer con la mancha. Las quejas contra la Corte Suprema, el corralito, la Ley de Emergencia, lo abrumaron. Para todo, su frase de cabecera es: “que se usen los mecanismos constitucionales”.
Vanossi dice que odia hacer esperar a la gente. Se disculpa con gestos protocolares. Le gusta anticiparse a las preguntas. “Sobre el corralito no hablé con la Corte”, se defiende. Es constitucionalista y fue diputado durante diez años. Exhibe, a una semana de asumir, definiciones para atender a todos los gustos:
- No promoverá renuncias en la Corte, a lo sumo dejará que prospere algún pedido de juicio político.
- Avalará el uso del “per saltum” por parte del alto tribunal en los juicios contra el Estado.
- Elevará la Subsecretaría de Derechos Humanos a Secretaría de Estado.
- Aún no definió si defenderá el principio de justicia universal para juzgar crímenes de lesa humanidad, pero todo indica que no lo hará.
- La Oficina Anticorrupción sigue intacta.
- Quiere convertir al Jurado de Enjuiciamiento en un cuerpo transitorio, que se conforme cuando hay un juicio político contra un juez por resolver.
–¿Qué conversó con el Presidente sobre el futuro de la Corte Suprema?
–Hablamos media hora antes de mi juramento sobre la filosofía política de su gobierno, en relación al tema de las instituciones y de la Justicia. Pero no entramos en detalles. El no me impuso condicionamientos. Hablamos de que si había que hacer cambios, que tienen que producirse no sólo en la Corte sino en la Justicia en general, algunos dependerán del Congreso, otros desde el propio Poder Judicial, pero poco puede hacer el Ejecutivo.
–¿El Gobierno no podría impulsar la renuncia de los ministros?
–Eso pertenece a la conciencia de cada juez no sólo de la Corte. Puede haber gente que se sienta con un problema de conciencia en muchos fueros. Pero sería de una falta de delicadeza que el Gobierno promueva las renuncias y aumentaría la inseguridad jurídica en el país.
–Lo que Duhalde le ha dicho a varios dirigentes y funcionarios es que él quiere una “recomposición” del máximo tribunal.
–Es muy importante el criterio con que se encaren los cambios. En Argentina ha habido muchas cosas que han sido a la postre nefastas. No podemos poner al Poder Judicial en comisión como lo hicieron los golpes de Estado. No queremos hacerlo, no está en la Constitución. Hay un mecanismo constitucional que no es de incumbencia del Ejecutivo sino del Congreso, que es Juicio Político. Lo pueden impulsar los ciudadanos y los Diputados decidirán si hacen la acusación.
–Algunos duhaldistas proponen la reducción de la composición de la Corte de nueve a cinco miembros, postura que usted defendió años atrás.
–Hay muchas hipótesis en danza, cualquiera tiene que concretarse por un mecanismo constitucional. En Argentina tuvimos Corte de cinco, de siete y de nueve miembros. Pasados los años, generalmente se añora la Corte anterior. La palabra definitiva no está dicha, es un tema a estudiar.
–Pareciera que usted y Duhalde discrepan en relación a la Corte.
–No, en absoluto. No hay discrepancias. Ninguna de las alternativas se puede desenvolver de la mañana a la tarde.
–El jueves (mañana) habrá un nuevo cacerolazo en Tribunales contra la Corte, pidiendo su renuncia ante todo por su falta de independencia. ¿Qué significa esto para el Gobierno?
–Señalan un malestar en la sociedad, demandas que no están satisfechas. Como ministro soy respetuoso del derecho de reunión, de la libertad de opinión, de crítica y de manifestación, siempre y cuando se realice dentro de la ley, sin violencia y sin desorden. Una cosa son las personas, otra las investiduras. Yo he sido muy crítico de la Corte en muchos de sus fallos, pero respeto la intangibilidad de la investidura.
–¿Qué opina de la inclusión del “per saltum” en el Código Procesal Civil y Comercial?
–Ahora están dados los requisitos para que la Corte ejerza esa potestad. La diferencia con el per saltum que se ha experimentado hasta ahora en Argentina, y que ha dado lugar a muchos regueros de tinta sobre sus pro y sus contra, es que cuando se inauguró con el caso de Aerolíneas Argentinas, la Corte por pedido directo de un ministro del Ejecutivo tomó un expediente, lo chupó, y lo resolvió directamente. Luego hubo otro “per saltum” más reciente reglamentado por decreto. Ahora hay una ley que introduce la figura por la puerta, no por la ventana, y requiere que exista una decisión judicial equiparable a una sentencia definitiva.
–Usted no hace mucho, a raíz del decreto de De la Rúa que incluyó el “per saltum”, dijo que esa herramienta implicaba “inseguridad jurídica”.
–Lo dije porque era un decreto, la ley da más seguridad jurídica.
–¿Qué garantía hay de que el Estado no va a abusar del uso de ese instrumento para que las causas en su contra las resuelva la Corte?
–La garantía está en que las medidas precautorias son nada más que eso. Sobre el corralito, tema sobre el cual no hablé con la Corte Suprema, el alto tribunal no ha dado su resolución definitiva. Hubiera sido poco delicado que el Ejecutivo se pronunciara en un sentido o en otro en ese tema. La Corte tiene las manos libres para resolver el tema.
–¿Es constitucional el corralito?
–Yo no puedo dar como ministro una opinión al respecto en ese tema.
–¿Seguirá existiendo la subsecretaría de Derechos Humanos?
–No sólo va a subsistir, será jerarquizada como secretaría de Estado. Y estará al frente un abogado de amplia trayectoria parlamentaria, judicial e internacional, que es Oscar Fappiano. Quiero aclarar que se le ofreció a Jorge Taiana seguir en el cargo, pero tenía otros compromisos.
–¿Impulsará la derogación del decreto de De la Rúa que niega la extradición de militares para que sean juzgados en el exterior por crímenes de lesa humanidad?
–Es un tema que tengo que conversar con el presidente, no puedo resolverlo yo. Seguro Argentina respetará todos los compromisos de cooperación judicial internacional que están vigentes y que son muchísimos. De modo que no se pondrá ninguna traba a los procedimientos previstos: los pedidos van vía ministerio de Relaciones Exteriores a los jueces, ellos se tienen que pronunciar y se puede llegar hasta la Corte Suprema, y después recién interviene el ministerio de Justicia.
–¿Va a retirar el proyecto que presentó su antecesor, Alberto Zuppi, para suprimir los juicios por calumnias e injurias?
–De ninguna manera. En muchas conferencias que he dado en ámbitos de prensa he dicho que comparto la doctrina de la real malicia.
–¿Habrá amnistía para los detenidos en las protestas sociales de diciembre, y las previas?
–Los proyectos ya fueron enviados al Congreso, que tendrá que resolver.
–¿Habrá mediaciones judiciales para los contratos entre privados (como los alquileres)? En cualquier caso, ¿qué pasa si no hay acuerdo?
–Se aplicará le mediación tal como ya existe, lo dice la Ley de Emergencia. Si fracasa la negociación, se va a juicio.
–¿Qué hará el Gobierno con los funcionarios de la Administración Nacional que se están negando a trabajar por 3.000 pesos?
–No puedo hablar en nombre del Gobierno, además los temas salariales no competen a este ministerio. Yo voy a respetar el límite fijado.
–¿La Oficina Anticorrupción sigue intacta?
–Sí, se lo merecen. Y hay que disipar cualquier sospecha de que los nuevos gobernantes quieren cambiar a los funcionarios que tienen que controlarlos.
–¿Se va a impulsar, desde el ministerio o el Gobierno, la investigación de la fuga de los 20 mil millones de dólares?
–No está en la incumbencia de este ministerio, hay que preguntarle al Ministerio Público (fiscales) qué piensan al respecto o al Procurador del Tesoro, que tiene a su cargo al cuerpo de abogados del Estado.
–Se habla de reforma judicial ¿En qué consistiría?
–Hay quejas sobre la calidad de los magistrados, de las sentencias, la lentitud de los procedimientos, de muchas antiguallas que se mantienen como la prolongada feria judicial, cuando eso podría ser reemplazado por un sistema de turnos. Los poderes que aplican la ley no pueden tener receso. ¿Usted alguna vez pensó que el Ejecutivo entrara en receso en enero y se cerraran todas las puertas y ventanas? Lo que hay que lograr es un cambio mental. Nosotros no queremos hacer cosmética. En todas las encuestas las instituciones del país son las de más bajo nivel de credibilidad. Es peligrosísimo para la estabilidad del sistema.
–¿El jurado de Enjuiciamiento, encargado de juzgar a magistrados de primera y segunda instancia, seguirá siendo un cuerpo fijo, que cobra en forma permanente aunque han sustanciado sólo dos juicios políticos?
–Estamos encarando la posibilidad de modificar la ley del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento. El jury que funciona en el orden nacional es un organismo permanente con remuneración equivalente a camarista y tiene un cuerpo muy grande de funcionarios y asesores. En las provincias ha dado muy buen resultado y es mucho más económico el sistema por el cual se lo convoca cuando hay una acusación concreta y no cobran sueldo. Vamos a nombrar una comisión pequeña en el más alto nivel, que sea bien representativa del espectro de todas las opiniones que hay sobre el problema judicial para que nos diga qué modificaciones sugieren.
–¿El Consejo de la Magistratura seguirá igual?
–Por ahora sí, lo que no se va a hacer es nombrar al representante del Ejecutivo que debe integrarlo por si llega a haber modificaciones.