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Que la situación social en la provincia de Buenos Aires es un desastre no es novedad para nadie. Por eso ayer, apenas el nuevo gobernador Felipe Solá terminó de decir que no hay peligro de nuevos estallidos, el intendente de La Matanza prendió una luz roja. “Las cosas no están bien, acá no cambió nada; todo sigue siendo igual a lo ocurrido en diciembre pasado”, advirtió Alberto Balestrini.
A dos semanas de los saqueos el panorama en el Conurbano es de una mayor demanda de asistencia. En la puerta de los municipios y de los depósitos de Acción Social las colas crecieron y sobre ese fondo de extrema necesidad se está jugando parte de la interna del PJ.
Los mecanismos son simples y de alta eficacia. En algunos municipios del conurbano, por ejemplo, en medio del clima de confusión de fines de diciembre aparecieron punteros recorriendo los barrios para anunciar, falsamente, que la intendencia repartiría nuevos planes de empleo, con lo que generaron pequeños caos para desprestigiar a sus adversarios en el poder.
Solá, que ha pedido a su equipo que se concentre en la cuestión de la asistencia, redobló las críticas por la bomba de tiempo que heredó de Carlos Ruckauf. “Me dejó una situación muy difícil”, definió ayer el mandatario. Solá parece decidido a que a Ruckauf la huida no le salga gratis y ya prometió que en los próximos días dará a conocer el estado presupuestario con que cerró el 2001.
Mientras tanto, su ministro de Trabajo, Mariano West, se apresta a poner en marcha un plan alimentario y otro de emergencia laboral. Como uno de los temas claves de la asistencia es el criterio de distribución, West anunció que su intención es crear en cada distrito Consejos de Crisis integrados por entidades intermedias y partidos políticos. Lo que todavía no se sabe es si en esos Consejos también estarán representados los propios vecinos (a través de sus organizaciones barriales o de desocupados), que en los hechos operan como freno y control frente a los manejos de los punteros.
West anticipó que su criterio es que “los programas deben ser productivos y no estar atados al Estado” y dijo que tanto en el plano alimentario como en el laboral “tendrán en cada provincia características propias”. El funcionario pareció tomar distancia así de los anuncios de Chiche Duhalde, más inclinada a que los planes se conviertan en subsidios, es decir que no se exija a cambio ningún trabajo como contraprestación.
Como los intendentes, West también encontrará en los próximos días una mayor demanda. Ocurre que con el anuncio de Adolfo Rodríguez Saá sobre la creación de un millón de puestos de trabajo temporarios, muchos barrios vienen organizándose. En las últimas semanas prepararon listados de jefes de hogar desocupados y reunieron la documentación requerida para acceder esos planes; luego de la asunción de Duhalde hubo algunas promesas de que esos planes se mantendrán, pero la verdad es que todavía nada es seguro. En el conurbano, por supuesto, prepararse para conseguir esos planes implicó un fuerte movimiento y generó expectativas que pocos desocupados van a abandonar fácilmente.