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Ferroexpreso Pampeano, el privatizado ferrocarril de cargas que opera como socio mayoritario Techint, planea embestir contra el gobierno de Eduardo Duhalde para recomponer de urgencia su ecuación económica, bajo amenaza de abandonar la línea y demandar al Estado por un monto multimillonario. Pero la renovada presión de este operador carguero –grupo también integrado por otros ilustres nombres como Comercial del Plata y Pérez Companc– se hará efectiva recién cuando se designe al nuevo responsable de la acéfala Secretaría de Transporte o al futuro ministro de Infraestructura, área para la que hasta anoche no había nombre puesto.
Ferroexpreso lamenta haber registrado pérdidas operativas por 31 millones de pesos en diez años de concesión pero, aun así, estaría dispuesto a seguir explotando lo que parece un pésimo negocio. La condición para no rescindir unilateralmente el contrato, no despedir a 800 ferroviarios y seguir como si todo estuviera OK es que el Estado asuma como propio un plan de obras en distintos puntos del tendido del ramal cerealero Rosario-Bahía Blanca, para rescatar vías bajo el agua.
Para esto, sugiere el grupo, existe un fondo de 70 millones de pesos anuales, cuya administración no se sabe en este momento en qué manos está. El ex titular de Infraestructura, Carlos Bastos, dispuso que de un impuesto especial de 5 centavos sobre el litro del gasoil, un centavo se destinara a obras de infraestructura ferroviaria (el 75 por ciento de esta recaudación sería para los trenes de carga, incluido Ferroexpreso). Es claro que el dinero se está recaudando, pero no quien lo maneja.
Las obras urgentes y prioritarias que exige la empresa se localizarían en la zona norte y centro de la red y exigirían un desembolso de 51 millones de pesos en dos o tres años. El Estado, comentan en la empresa, no tendría obligación de poner de inmediato aquel importe, ya que es la contratista privada la encargada de financiar la obra que el fisco repagará, con su correspondiente interés.
Según el grupo que comanda la familia de los Rocca, la principal desgracia de la concesión fueron las inundaciones de la pampa húmeda, supuestamente evitables con un apropiado manejo de las aguas. Justamente, en este presunto “desmanejo” oficial Ferroexpreso planea fundar una posible rescisión unilateral del contrato y exigir una indemnización por el lucro cesante. En el olvido quedaría el hecho de que el adjudicatario nunca honró los compromisos de inversión asumidos en el momento de la privatización, en 1991.
Entre otras quejas planteadas, sucesivamente, a las gestiones menemistas y delarruista también se incluyó la competencia supuestamente desleal del camión, que en virtud a la evasión atrae volumen de carga y fuerza a la baja de tarifas. Todo esto fue detallado ante Bastos, con quien el 17 de diciembre pasado Ferroexpreso firmó un acta comprometiéndose a operar la línea cerealera hasta el 31 de enero, a la espera de algún auxilio oficial.
Los avatares de la vida institucional argentina hicieron que hoy deban reiterar su pedido ante Duhalde, empezando de cero una negociación que aún no tiene interlocutor oficial. La presión será grande. El Estado debe olvidar incumplimientos contractuales, comprometerse a hacer obras y “compensar” al grupo por algunas que éste ya hizo fuera de contrato. De lo contrario, Techint y sus socios abandonarán el ramal carguero, dejando en la calle 800 empleados y desencadenando un conflicto sindical que puede paralizar las líneas urbanas. El Presidente sería entonces candidato preferencial para un sonoro cacerolazo.