Cada audiencia del juicio político a Aníbal Ibarra será recordada por sus protagonistas por algo en particular, pero la de ayer quedará en la memoria de todos por el choque que protagonizó el defensor del jefe de Gobierno, Julio César Strassera, con los familiares de las víctimas de Cromañón, que llevó al juez Julio Maier a pedirle a la Sala Juzgadora que evaluara la posibilidad de expulsarlo del recinto.

El cruce que enfrentó a Strassera con el abogado José Iglesias tuvo lugar mientras declaraba el subsecretario de Infraestructura y Planeamiento, José Luis Calvo, quien defendió el desempeño de la administración porteña ante la tragedia. Entre los testigos hubo también una ex empleada del boliche que antes de enfrentar a los legisladores denunció que Omar Chabán pagaba a la policía “100 pesos por cada 500 personas” que entraban al local y una familiar de una víctima que cuestionó la atención que recibieron los heridos.

Calvo detalló el tratamiento que se dio a los cadáveres, que después de la tragedia llegaron al cementerio de la Chacarita desde los diferentes hospitales. El funcionario negó que muchos de los cuerpos hayan sido entregados en estado de descomposición por fallas en las cámaras frigoríficas, como declararon testigos propuestos por la fiscalía. “Nunca percibí olor a putrefacción de los cadáveres”, declaró Calvo, quien en varios tramos estuvo al borde del llanto.

En medio de su testimonio, Stra-ssera acusó a Iglesias de “hacer gestos a Calvo para hostigarlo e intimidarlo” y solicitó que lo sacaran del recinto, lo que provocó la reacción del abogado. Maier mandó a Iglesias a sentarse más atrás, de modo que el testigo no lo viera, y después pidió a la Sala Juzgadora que evaluara la posibilidad de echar a Strassera. “Si yo tuviera facultades, ya lo hubiera hecho”, confesó el juez, visiblemente enojado con el ex fiscal del Juicio a las Juntas, quien tampoco se quedó atrás: amenazó con retirar a la defensa de Ibarra del proceso y convocar en su reemplazo a un defensor oficial.

Los buenos oficios del legislador kirchnerista Helio Rebot lograron restablecer la calma: conseguirlo le demandó una intervención a cuyo término le reclamó a Strassera que intentara “un ejercicio adicional de tolerancia”.

La ex trabajadora del boliche de Once Ana Sandoval fue la primera en declarar. Antes de entrar al recinto contó que había llevado a la audiencia “un papel que encontré una vez barriendo Cromañón donde constaba la coima que se le pagaba a la policía”, aseguró Sandoval. Según denunció, efectivos de la Federal recibían de Chabán “100 pesos por cada 500 personas” que ingresaban al local. Ante los legisladores, Sandoval no habló de ese tema, sino que relató lo que ocurrió en los minutos posteriores al comienzo del incendio.

Jessica Lioy, esposa de un sobreviviente, afirmó que la noche de la tragedia no hubo suficientes máscaras de oxígeno y contó cómo unos chicos se las iban pasando de mano en mano en la ambulancia que los trasladó al Hospital Ramos Mejía. La mujer recordó que al llegar allí “en los pasillos había unos 40 chicos desorientados, tirados en el piso”.

El subsecretario de Seguridad Urbana, Claudio Suárez, y la directora de Asistencia a la Víctima de la comuna, Cecilia Piñeyro, coincidieron en defender la actuación del gobierno porteño. También declaró la abogada de la Unidad Polivalente de Inspecciones, María Angélica Lobo, quien fue interrogada por los fiscales sobre cuestiones de esa área.