De regreso de la soleada licencia de verano, Elisa Carrió prendió el ventilador. En su primera y agitada mañana pública en Buenos Aires, después de su paso por el verano esteño, habló de todo y apuntó contra todos. De los planes sociales al Consejo de la Magistratura y el conflicto por las papeleras uruguayas, uno de los puntos por los que criticó con mayor énfasis al Gobierno. Según la líder del ARI, el conflicto con los uruguayos “puede terminar con el Mercosur”. En esa línea, cargó las responsabilidades en las gestiones políticas y diplomáticas que lleva adelante la administración de Néstor Kirchner por haber adoptado una “actitud ambigua” sobre el tema.

La situación en torno del conflicto de las papeleras, explicó la diputada del ARI, “está muy mal”. Por eso cree que el primer “objetivo estratégico” que debería establecer el Gobierno sería “mantener la hermandad de los dos países” y luego “reconocer en ambas naciones la existencia de un daño ambiental”. La única forma de “bajar el nivel de conflicto –dijo– es seguir negociando Estado-Estado, pero llevando el conflicto entre la sociedad y las papeleras, en vez de entre los gobiernos”.

Por distintas radios, Carrió mencionó la experiencia recogida en los últimos días durante su veraneo en suelo uruguayo. Allí notó “una especie de malvinización de la cuestión: los hermanos uruguayos entienden esto, a partir de los cortes, como una cuestión nacional, casi como para nosotros fue (el conflicto bélico con el Reino Unido de 1982 por las) Malvinas”. En ese contexto, desechó la solución de los tribunales de La Haya. “No va a resolver el problema en el corto plazo: se va a pronunciar en cinco años y el conflicto va a mantenerse.” El Estado argentino “está reclamando, tarde, pero está reclamando –dijo–. El tema es que hubo mucha confusión en el medio. Y el Gobierno tuvo una actitud ambigua”.

Con respecto a la reestructuración de los planes sociales anunciada por el Gobierno, sin miramientos ni contemplaciones sobre lo que la administración de Kirchner anunció como un avance en las políticas de redistribución del ingreso, la diputada la definió como una continuidad de las prácticas clientelares. “Siguen siendo clientelistas y no implican un ingreso ciudadano, sino que siguen siendo prebendarios y atan a las familias” a las decisiones del Gobierno “a cambio de un voto”.