Están parados alrededor de una mesa llena de válvulas que se usan para separar el gas del petróleo. La luz de la mañana –son las ocho y media– no puede entrar en este reducto de los trabajadores. Sólo entra luz por una pequeña ventana lateral, casi en el cielorraso, de ventilación. Del lado de afuera quedó algún capataz, un uniformado en la garita de seguridad. Adentro hay sesenta petroleros en asamblea. Son gasistas, mecánicos, soldadores, montajistas y choferes de Oleosur, una de las empresas que presta servicios para Repsol. Están reunidos en el taller de los gasistas para discutir qué hacer ante la presencia de Gendarmería en los accesos a los pozos. Otro de los puntos es el pago del ciento por ciento de los días no trabajados por el paro con corte de ruta que terminó hace cinco días. Algunos delegados hablaron de hacer una huelga de 24 horas. La asamblea decidirá.

El taller no es estrecho pero se va achicando a medida que llegan más obreros. Es un cuarto pintado de celeste, lleno de advertencias (“Prohibido fumar”, “Obligación de utilizar guantes de seguridad”), tuberías y estantes con válvulas viejas que esperan su reparación. Una lámpara cuelga del techo y alumbra lo imprescindible. Los fotógrafos se mueven entre las sombras, buscando el mejor contraluz. Uno de los delegados, Rubén Uribe, deja su puesto privilegiado al lado de la pava y el mate; se ubica en el medio del recinto. “Ayer fuimos a Truncado. El lunes hicimos una denuncia por apremios ilegales”, comienza su informe. Los obreros siguen el relato con atención, en silencio.

Uribe habla de Héctor Cabana, delegado de la empresa El Cóndor. El sábado, Cabana fue llevado a declarar por un grupo de la Brigada de Investigaciones de Caleta Olivia. Eran efectivos de civil que investigaban el crimen del policía Jorge Sayago. Luego de hacer la denuncia, los delegados decidieron que Cabana viajara a Buenos Aires con el soldador Mario Navarro. Llegarán hoy a última hora. Los recibirán trabajadores de Zanon y gremialistas de izquierda. Se hospedarán en el Bauen y esperan entrevistarse con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. “Estamos tratando de que Repsol-YPF acepte pagar el ciento por ciento”, anticipó Tomada.

El delegado sigue contando las novedades. Cuenta que el lunes la policía detuvo a Daniel Guzmán, un empleado de limpieza que volvía del yacimiento Las Heras. “Me enteré de que le dislocaron el brazo”, cuenta. “Lo llevaron adentro de la camioneta, camino al basural y Comodoro. Lo tuvieron desde las cinco de la tarde hasta las 12 de la noche”, agrega Daniel Mansilla, de los más viejos, aunque sólo tiene dos años en Oleosur. Los casos particulares derivan en uno de los temas de la asamblea: la aparición de la Gendarmería en los accesos a los pozos y baterías deshidratadoras de crudo. “Si la actividad es peligrosa, mucho más es la presión con los helicópteros dando vueltas”, se queja Uribe.

La opinión del delegado va encontrando sus ecos. “Al trabajador administrativo no le revisan sus bolsos”, comenta uno, todavía enojado. “No podemos trabajar tranquilos en los yacimientos Las Heras 3 y Cerro Grande”, se indigna otro. “No están cumpliendo con los criterios de seguridad, andan con armas y vehículos que no tienen arresta-llamas”, dice Uribe. La precisión no está dirigida a sus compañeros: lo están escuchando periodistas de Buenos Aires. El arresta-llamas es una malla de seguridad que impide que salgan chispas y gases de los caños de escapes. Las camionetas de las empresas petroleras los tienen por cuestiones de seguridad. Los vehículos de Gendarmería, no. Es un argumento más para aprovechar.

Otro delegado, Claudio Durán, encargado de mantenimiento de los balancines –conocidos por la sigla AIB, que significa “aparato individual de bombeo”–, denuncia un caso que hace pensar en marzo del ’76. Dice que losgendarmes obligaron a trabajar a los obreros de Argentina 2000. “Ellos querían saber cuándo los iban a encuadrar en petroleros. Se quedaron en la base. Fue Gendarmería, rodearon la base y los obligaron a trabajar”, dice. Argentina 2000 emplea a 21 trabajadores que están bajo el convenio de la Uocra. Se encargan del montaje de los cercos perimetrales que rodean a los balancines. (Después de la asamblea, este cronista intenta comprobar la denuncia. “El dueño tuvo miedo y fue a buscar a Gendarmería”, es la versión que da Fernando, que no quiere dar su apellido. Lleva mameluco naranja, un casco con la calcomanía del diputado provincial José Córdoba y tiene tres años en Argentina 2000.)

En la asamblea llega el momento de decidir qué hacer para reclamar el alejamiento de los gendarmes de los lugares de trabajo. El martes, los delegados especularon con un paro de 24 horas sin cortar la ruta. Pero ni siquiera se menciona esa posibilidad. Se resuelve firmar un documento. Aunque nadie lo diga, están pensando explotar el viaje de Navarro a Buenos Aires para comenzar una campaña de solidaridad en todo el país. El debate se traslada a la liquidación de tickets de comida. Para los extraños, un tema engorroso. Para los involucrados, un asunto apasionante, que involucra sus bolsillos e invita a opinar.

Un distraído aprovecha para cargar el mate. Alguno hace un chiste sobre la “hija, la cuñada y la esposa” de un compañero. En la pared hay un poster de tres mujeres desnudas. Mientras sus compañeros debaten si conviene cobrar todos los tickets el 5 de cada mes, el tercer delegado de la empresa, Jaime Burgos, se anima a hacer un balance del paro y corte de ruta que convulsionó a la ciudad. “Acá adhirieron todos. En la empresa no quedó nadie. Ahora hay que esperar hasta marzo o abril. Los únicos que se beneficiaron son los que se pasaron desde la construcción”, dice Burgos haciendo gala de su realismo.