La versión –adelantada por este diario– de que el ex banquero Raúl Juan Pedro Moneta podría ser citado a prestar declaración indagatoria en el curso de este mes volvió a circular con fuerza en las últimas horas. Lo haría ante el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral y bajo los cargos de asociación ilícita y defraudación, delitos en los que también podrían hallarse comprometidos la plana mayor del quebrado Banco República, el ex presidente del Citibank Carlos Fedrigotti y el ex abogado comercialista de Moneta, Carlos Basílico. Por otra parte, Página/12 tuvo acceso a las razones concretas invocadas por el Comfer para vetar la operación mediante la cual el ex banquero pretendía consolidarse como copropietario de Canal 9. La nota no pasó de ser un borrador, puesto que Moneta prefirió acatar sin rechistar la decisión del organismo antes que exhibir los agujeros negros de su situación patrimonial.

El expediente iniciado para tramitar la compra de acciones de Telearte SA (Canal 9) llevaba el número 1457 y había sido iniciado en 2003, épocas en que el titular del Comfer, Julio Bárbaro, todavía consideraba a Moneta “un empresario del palo”. Lo cierto es que en octubre de 2004 se le solicitó a la peticionante, la firma República Media (o a su controlante, ELP Holdings, de la que son titulares Raúl Moneta y su mujer, María Claudia Arroyo Benegas) la presentación de la siguiente documentación: certificación de la declaración jurada de ingresos y de las causas de la evolución patrimonial de ELP Holdings durante los períodos comprendidos entre el 1º de diciembre de 2001 y 30 de noviembre de 2003; copia de la solicitud de clave de identificación de República Media; constancia de cumplimiento de la Resolución Nº 113 Comfer/97 hasta agosto de 2004, de Telearte SA Y agrega: “No habiendo sido presentada la totalidad de la documentación solicitada”.

El texto denegatorio señalaba, además, que “no existe en los presentes actuados documentación que avale los bienes declarados en la Planilla 4 por el señor Raúl Juan Pedro Moneta y la señora María Claudia Arroyo Benegas, de acuerdo con lo exigido por la Resolución Nº 1110-Comfer/01. No surge del expediente la presentación de las declaraciones juradas correspondientes a los dos últimos períodos fiscales del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales de los señores Moneta y Arroyo Benegas, como así tampoco de las boletas de pago de aportes y contribuciones al sistema previsional. No fue presentada la declaración jurada de ingresos de los señores Moneta y Arroyo Benegas de Moneta. Por lo expuesto, esta Dirección General no se encuentra en condiciones de verificar el cumplimiento del artículo 45 inc. “c” de la Ley 22.285”. El artículo al que alude el texto es el referido a la adjudicación de licencias, que deben ser concedidas a personas físicas o sociedades comerciales “regularmente en el país”. En tanto el inciso “c” establece que el concesionario debe acreditar “una capacidad patrimonial acorde con la inversión” y “poder demostrar el origen de los fondos”. Ese es, sin duda, el eslabón más débil en el entramado de negocios de Moneta: el signo de interrogación que el Comfer coloca sobre el dinero procedente de República Media o su controlante ELP Holdings es el mismo que la investigación parlamentaria y periodística colocó sobre UFCO, la offshore propietaria del Edificio República y también el mismo que la Justicia y el propio Banco Central pusieron sobre el Federal Bank, la entidad fantasma de Bahamas por la que pasaron miles de millones de dólares como parte de una maniobra financiera que duró años y ahora puede llevar a Moneta ante los estrados judiciales.

Con él han sido señalados por el fiscal federal Gerardo Pollicita todos los ejecutivos que lo acompañaron en la administración del Banco República, en cuya sede hasta ahora abandonada, parece haber comenzado a funcionar, según se dice, Radio Belgrano, le emisora radial de su propiedad. El pedido del ministerio público incluye a Carlos Fedrigotti, que el Citibank envió a revistar en una filial asiática. De ser aceptadas por Canicoba Corral, la catarata de indagatorias podría incluir a Carlos Basílico, titular de un poderoso estudio de la city que en los ’90 trabajó casi full-time para Moneta. Basílico ya no lo asiste. Ha sido reemplazado por un ex asociado de su estudio, Fabián Cainzos, quien ha llevado consigo a Marcelo Martínez Casas, yerno del dueño de los caballos bailarines. De acuerdo con fuentes próximas al juzgado, no existen dudas acerca de los cargos –asociación ilícita y defraudación–, sin embargo, no se habría resuelto aún si la fundamentación estaría en línea con las presentaciones efectuadas por la gerencia de Jurídicos del Banco Central y su titular, Marcos Moiseeff, que apuntan al enmascaramiento intencional de la propiedad de Federal Bank y el daño patrimonial ocasionado a la institución –BCRA– o se plegaría a la hipótesis del fiscal Pollicita, quien trabajó en sentido similar al llamado “informe Carrió”.