Una preocupante idea amenaza con instalarse como sentido común en América latina, una idea que, matices más matices menos, asume la siguiente formulación: “La preocupación por la institucionalidad republicana constituye un problema de dos políticos y dos intelectuales”. Curiosos y emblemáticos son los tortuosos caminos que permiten arribar a amplios consensos en torno de dicha conclusión. Como persistente resabio del marxismo más tosco y vulgar, el tema de la institucionalidad (es decir, de las reglas de juego, que en cualquier campo de la vida política y social pretendan disminuir el decisionismo subjetivo y discrecional), es percibido como un problema meramente superestructural, una excrescencia de lo que antes eran las “relaciones de producción” y ahora, mucho más vagamente, son las “leyes” del mercado. En el tránsito del marxismo vulgar al neoliberalismo salvaje, cambiaron las premisas, pero las conclusiones permanecieron invariables. Pero lo realmente curioso de esta idea no es tanto su transversalidad en el contexto de un vasto arco iris ideológico, sino su comportamiento en relación con los ciclos económicos. En las condiciones emergenciales que generan las crisis económicas recesivas, se sostiene que pensar en transformaciones institucionales profundas constituye un lujo que las urgencias de la coyuntura, siempre en aras de una abstracta gobernabilidad, no pueden permitir. Como la experiencia lo confirma, poco cuesta legitimar la idea de evitar reformas institucionales serias y profundas en estas condiciones. Sin embargo, exactamente igual parece ser el comportamiento en condiciones de expansión y crecimiento económico. Si los momentos de expansión económica producen efectos positivos inmediatos en el plano de la legitimidad del decisionismo, las vagas promesas de una futura mejor distribución de la riqueza le dan a dicha legitimidad una sobrevida, eso sí, invariablemente efímera. En una situación que puede ser definida como una paradoja en estado químicamente puro, en medio de la pérdida de legitimidad que provoca la crisis económica, es recuperada la legitimidad social de la discrecionalidad necesaria para enfrentar la emergencia de la crisis. De este modo, el círculo, además de vicioso se vuelve crónico. En el estado actual de nuestra cultura política, formular recetas abstractas para su superación se parece mucho a un ejercicio intolerable de arrogancia digno de mejor causa. No se trata tanto entonces de encontrarle solución al problema, sino más bien de volver más atrás y construirlo socialmente como tal. Algunas evidencias acerca del carácter dañino de la discrecionalidad resultan tan abrumadoras como insuficientes. Tal vez el origen de buena parte de nuestras miserias políticas radique en que muchas víctimas de la discrecionalidad conservan la secreta esperanza de convertirse, más temprano que tarde, en victimarios. La historia reciente parece exhibir una relación directamente proporcional entre la imposibilidad de predecir tendencias y direcciones en el comienzo y la facilidad para adivinar el triste y lánguido final de gobiernos y culturas políticas que convierten la discrecionalidad en valor e instrumento de la eficiencia. El que a discrecionalidad mata, a discrecionalidad muere, parece ser el mensaje que expresan muchos ex hombres fuertes de la política latinoamericana convertidos hoy en patéticos zombis. Muchos de ellos deambulan todavía hoy por los pasillos de instituciones que ellos mismos contribuyeron a vaciar en aras de la eficiencia y la gobernabilidad. No parece ser por caso que la Argentina posea el más amplio museo de cera de estos especímenes. Entiéndase que no se trata aquí de ser optimista o pesimista en relación con el futuro, ya que como dijo alguien por ahí, ambos sentimientos son más en lo que se parecen que en lo que se diferencian, en lo que ambos tienen de ilusión. A Dios rogando y con el mazo dando. Es imperioso identificar luchas concretas que nos permitan poner de manifiesto las evidencias entre la eficiencia y la institucionalidad, la que además de democrática deberá ser republicana. El aumento de la transparencia y la fijación de reglas de juego claras en el uso de los recursos del Estado pueden ser un camino interesante a explorar. En algunos países, convertir el decisionismo discrecional en un problema de doscientos políticos y doscientos intelectuales puede ser un comienzo tan modesto como promisorio.

* Abogado y profesor. Diputado del ARI.