La Suprema Corte de Justicia bonaerense desclasificará expedientes de 1976, 1977 y 1978 relacionados en general con paraderos de personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura. Según Héctor Negri, presidente del máximo órgano de Justicia provincial, se abrirán al público “los archivos que contengan expedientes con información sobre los procedimientos ilegales que aplicaba el aparato represivo del Estado”. Se trata de “centenares” y “centenares” de trámites iniciados en los distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires.

La mayoría de la documentación que será desclasificada corresponde a una gran cantidad de hábeas corpus tramitados ante la Justicia entre el ’76 y el ’78. La Suprema Corte bonaerense resolvió “desclasificar” los expedientes que comenzaron a tramitarse de ese modo a partir de una resolución refrendada en junio de 1977 que recomendaba a los jueces y tribunales bonaerenses no solicitar informes a las Fuerzas Armadas en los casos de hábeas corpus relacionados con personas detenidas o desaparecidas. Que se “abstuvieran –según el texto– de efectuar pedidos de informes al Estado Mayor Conjunto” relacionados con las víctimas.

La medida alcanzó a las cámaras de apelaciones, juzgados civiles, penales y de menores. También a tribunales colegiados, juzgados notariales, jueces de registro público y jueces del Trabajo. Y el nivel de acatamiento en los distintos fueros aparentemente fue muy importante. De acuerdo con Negri, los expedientes iniciados por “centenares” por familiares de las víctimas detenidos, secuestrados o desaparecidos comienzan con una presentación judicial que, en general, no se investigó y formaron parte de expedientes que se archivaron rápidamente.

La medida de la Corte está en línea con el proceso que se inició con la apertura democrática con la reincorporación de todo aquel personal que había quedado fuera del Poder Judicial por las medidas de prescindibilidad dispuestas por la Junta para todo el país. Ahora, además de la desclasificación y de la apertura pública de los expedientes del hábeas corpus, la Corte ordenó “realizar una investigación sobre cualquier antecedente emanado de ese tribunal y de la Procuración General, con características similares”. La búsqueda de normativas y antecedentes de características semejantes se extenderá a aquellos en los que pudo haber quedado comprometido el respeto a los principios básicos del estado de derecho, a los derechos humanos y a las garantías constitucionales de las personas.